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Los precios de transferencia

En los últimos años, la administración tributaria ha venido ejerciendo sus facultades de fiscalización de los precios de transferencia, conforme a las disposiciones incorporadas en el Código Fiscal desde el año 2010, en virtud de la adecuación de la República de Panamá a los estándares de fiscalidad internacional. La normativa de precios de transferencia tiene la finalidad de salvaguardar la atribución de beneficios de los grupos multinacionales, en sus transacciones intragrupos en el territorio panameño.

Con la aplicación de esta normativa han surgido discusiones sobre la interpretación del ámbito objetivo de aplicación de los precios de transferencia, en particular sobre la incidencia que estos tienen en las determinaciones fiscales del impuesto sobre la renta, incluyendo los impuestos relativos a las utilidades de las empresas, lo que ha generado controversias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, del principio de plena competencia, por parte de los contribuyentes.

Conforme a la información proporcionada por la Dirección General de Ingresos, en su Informe de Gestión de 2018, los ajustes de las rentas como resultado de procesos de auditorías se estiman en más de 509 millones de dólares, produciendo un impuesto sobre la renta a pagar por más de 47 millones de dólares.

Ante tal situación y dada la cuantía de las auditorías, la mayoría de los contribuyentes optan por defender sus posturas mediante la interposición de los recursos administrativos, lo que conlleva que, tanto la Dirección General de Ingresos como el Tribunal Administrativo Tributario, efectúen aclaraciones y/o determinen criterios jurídicos uniformes sobre la problemática en cuestión. En tal sentido, se debe resaltar la importancia de estos dictámenes para la conformación de la jurisprudencia que, de una u otra forma, irá orientando el desarrollo de la normativa de precios de transferencia en la República de Panamá.

Las consideraciones sobre la aplicación del principio de plena competencia emanada del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, permite observar la evolución del Régimen Tributario de Precios de Transferencia en el país, así como la especialización que están adquiriendo los administradores y/o asesores tributarios con respecto al tema comentado. Recientemente, el Tribunal publicó la Resolución de Fondo TAT-RF-057 de mayo de 2019, en la cual se pronuncia sobre la sujeción al Régimen de Precios de Transferencia, por parte de las empresas que operan en una zona libre de petróleo. En este caso, se sancionó a un contribuyente con la multa máxima de $1 millón, correspondiente al 1% del monto total de sus operaciones con partes relacionadas.

Esta resolución brinda, al debate jurídico, consideraciones interesantes sobre los efectos de los precios de transferencia en la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta. A su vez, resalta la importancia del cumplimiento de las obligaciones formales. Con relación a la primera consideración, la resolución hace referencia a la doctrina y a las directrices de precios de transferencia de la OCDE, y se resalta la incidencia que pueden tener los precios pactados en el impuesto a pagar sobre las rentas gravables, lo que incluye impuesto sobre las utilidades del contribuyente. Esto, en la doctrina, se conoce como la determinación de una “renta presunta”, lo cual significa la aplicación del principio de plena competencia, a los fines del cálculo del impuesto complementario.

Adicionalmente, dicha resolución menciona que no debe confundirse la exoneración del impuesto sobre la renta aplicable a las zonas francas y a las operaciones exteriores; con las obligaciones formales de precios de transferencia. Al respecto, se indica que los precios de transferencia no crean un nuevo impuesto ni buscan eliminar una exoneración; por el contrario, lo que pretenden es transparentar que las utilidades que obtuvo el contribuyente con sus partes relacionadas se hayan obtenido como si las transacciones se hubiesen dado entre partes independientes.

Ante tales discusiones y controversias de carácter tributario, se refuerza la necesidad de promulgar la normativa requerida en el Código Fiscal, para desarrollar los acuerdos anticipados en precios de transferencia, los cuales, sin duda, permitirán a los contribuyentes garantizar su postura fiscal sobre la aplicabilidad del principio de plena competencia, y a la administración tributaria lograr una efectiva recaudación de acuerdo con los beneficios de mercado obtenidos por los contribuyentes.

El autor es investigador asociado a la Universidad Paris Dauphine – PSL Research University.

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