PRIMACÍA

La presunción de inocencia y el derecho a la información: Olmedo Arrocha

La presunción de inocencia y el derecho a la información: Olmedo Arrocha La presunción de inocencia y el derecho a la información: Olmedo Arrocha
La presunción de inocencia y el derecho a la información: Olmedo Arrocha

Según el Diccionario de la Lengua Española, dilema es un: “Argumento formado de proposiciones contrarias disyuntivamente, de forma que negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrado lo que se intenta probar”. “Circunstancia de tener que elegir entre dos cosas que presentan inconvenientes, problemas…”. Al hablar de la presunción de inocencia y el derecho a la información nos enfrentamos a la dificultad de establecer cuál contiene un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía.

Al margen de la voces que asignan, de forma individual, la responsabilidad o de los que, a su favor o de terceros, abogan por una exoneración de culpa, es incuestionable que este país ha sufrido una inmensa lesión a sus arcas debido a la gestión gubernamental recién pasada. Corresponderá a los fiscales y jueces condenar o absolver a quienes han sido o serán involucrados en los procesos penales.

Como escribí en otro artículo publicado en este diario titulado “El derecho y la fuerza de gravedad” (30/4/2015), aunque queramos tomar distancia de los temas jurídicos, lo cierto es que siempre nos afectan. Hay quienes claman para que la aplicación de la presunción de inocencia desplace al derecho a la información, cuyo vehículo, en gran medida, son los medios de comunicación social a través del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de prensa. Incluso, bajo el argumento de que se prohíbe siquiera mencionar el nombre del procesado.

El origen de la presunción de inocencia se remonta al derecho durante el Imperio romano, en el que se desarrolló el axioma in dubio pro reo, que se basaba en la idea de que es mejor dejar impune un delito, que condenar a un inocente. Esto dejó de tener reconocimiento durante la Edad Media, debido a la inquisición, en la que se presumía la culpa. El concepto fue reivindicado en la Declaración de los Derechos del Estado de Virginia (1776), y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución francesa (1789). Durante el siglo XIX, cayó en una involución hasta que se rescató en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para hacer frente a los desmanes de los gobiernos fascistas que empleaban la justicia penal para perseguir a sus adversarios. En Panamá, el artículo 22 de la Constitución Política consagra ese principio.

Al hablar de la presunción de inocencia no se afirma que el imputado sea en verdad inocente, sino que no debe ser considerado culpable hasta que haya una decisión que lo condene. Una presunción jurídica es un estado que la ley previamente califica, pero que puede cambiar según las pruebas que se presenten durante el proceso que valora un juez.

Por su parte, la libertad de información y la libertad de expresión representan una manifestación de la garantía individual del pensamiento. En la constante evolución de la sociedad se ha ido forjando el derecho a la información, que también se considera humano, con base en el contenido del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que implica el derecho a emitir y expresar opiniones, de investigar y recibirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión. Por ejemplo, de comunicación y, ahora, a través de las redes sociales. Es decir, esta garantía tiene dos sentidos: el derecho del emisor y el del receptor.

Tras poner en contexto ambos derechos, concluyo que la presunción de inocencia no debería sentirse atacada por las informaciones que los medios divulguen, siempre que se haga de forma objetiva y sin aplicar juicios. De hecho, pudiera considerarse que colaboran con la vindicta que ejerce el Ministerio Público en la investigación de los delitos. El nuevo sistema penal acusatorio (Ley 63 de 2008) establece como principio y regla general (Art. 9) la publicidad del proceso y que las actuaciones son públicas. En concordancia con lo anterior, el artículo 363 de este cuerpo normativo permite, incluso, a los medios de comunicación presenciar el debate e informar.

Al encontrar el balance entre ambos derechos, la sociedad ganará en participación, transparencia y rendición de cuentas. El mundo es cada vez más público y revelador, y los dogmas se derrumban. El secretismo, el misterio o lo clandestino complacen a la impunidad. Los medios de expresión contribuyen a mantenernos informados y a sacar a la luz la verdad. Por ello, si no quieres que alguien se entere... no lo hagas. ¿Un dilema?, no.

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