CONFLICTOS DE INTERÉS

De primeras damas y vicepresidencias: Olmedo Arrocha Osorio

Confieso que cuando escribo este artículo viene a mi mente la duda de si es oportuno todavía hacerlo o si tiene vigencia. Lo cierto es que el tema que abordo no ha sido lo suficientemente discutido ni debatido. Los defensores de la situación intentan descalificar a los críticos considerándolos “machistas”; mientras, los detractores de esta “iniciativa” optan por soslayarla bajo la idea estratégica de que el pueblo juzgará y castigará a sus creadores en las urnas, ya que habrá una especie de “referéndum de reelección”. Sin embargo, es un tema muy sensible para la institucionalidad democrática. Me refiero a la viabilidad de que la esposa (o) de un Presidente (a) pueda ser postulada como presidente o vicepresidente para el período inmediato siguiente, conforme a nuestra Constitución Política.

En la actualidad rige la Constitución de 1972, que sufrió reformas en 1983, 1994 y 2004. El artículo 193, numeral 5 del texto constitucional vigente establece que no podrán ser elegidos como vicepresidente quienes tengan “parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República”. En realidad esta redacción subsistió de constituciones anteriores. Ahora bien, en 1993 (posterior a la Constitución vigente) se promulga el Código de la Familia que es una ley y, por lo tanto, una norma jurídica de menor jerarquía que las de la Constitución. En el artículo 23 señala: “...los cónyuges entre sí no son parientes por afinidad”; es decir, no concibe a los esposos entre sí como parientes sino como partes de un acto jurídico.

Por ser las normas de la Constitución de mayor jerarquía que las que produce el Órgano Legislativo, estas pueden desarrollar aquellas, pero no las pueden reformar. Así, el Código de la Familia, como Ley, no puede ser la referencia para interpretar la Constitución. Hay que tener presente que en 1972, cuando se aprobó la Constitución actual, no existía Código de la Familia, por lo que es imposible que el constituyente haya previsto lo que en el futuro sería la definición o alcance que dicho Código le daría al concepto de “parentesco por afinidad”.

Bajo un razonamiento estrictamente jurídico, no tenemos duda de que la designación del esposo (a) del Presidente (a) contraría la intención y sentido del constituyente cuando estableció, como una condición para ser postulado a vicepresidente, no estar dentro del círculo familiar cercano al mandatario en ejercicio. Es nuestra opinión que el hacedor del texto constitucional siempre tuvo en mente que la esposa (o) del Presidente (a) estaba incluido dentro del segundo grado de afinidad.

El derecho es sentido común, se basa en la ética y la moral. La interpretación de sus normas debe tener como referencia el bien común. Por lo tanto, hay que preguntarse: ¿con cuál interpretación se beneficia más Panamá? Mi posición es que esta prohibición para personas del entorno familiar de un Presidente es sana. Considero que la democracia se debilita con una interpretación distinta. El hecho de que uno de los cónyuges ejerza la jefatura del Estado implica un privilegio para la pareja aspirante. Sin soslayar la depauperada condición institucional y el alto grado de discrecionalidad con el que se manejan los recursos del Estado, todo lo que hace prever la facilidad con que estos podrían desviarse para favorecer la candidatura oficial, ahora con un ingrediente adicional: un familiar postulado.

Una decisión del Consejo Constitucional de Francia, del 8 de julio de 1966, instituyó el “Bloque de Constitucionalidad”, incorporado al derecho panameño, a partir de la sentencia de 30 de julio de 1990, proferida por el Pleno de la Corte. Se explica que una Constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto constitucional, porque hay principios y fundamentos que no aparecen directamente contenidos (su intención). Aplicando dicha teoría, en la prohibición del texto constitucional aquí comentado no es necesario que se mencione a la esposa (o) del Presidente (a), porque está implícito. Lo que buscó el constituyente es mantener la posibilidad de alternancia en el poder y evitar conflictos de interés por vínculos familiares.

Nuestra posición es concomitante con pronunciamientos de la Corte Suprema en materia de impedimentos de jueces y magistrados para ser competentes de conocer de una causa, pues el Código Judicial dispone en su artículo 2628 que no pueden serlo si en el proceso una de las partes o sus apoderados están dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con ellos. A pesar que, como en la Constitución, no se menciona a la esposa (o) del juez (a) o magistrado (a), han interpretado que ellas (os) sí están incluidos en esta categoría. Tal es el caso, entre otros, de los fallos de 9 de febrero de 2010, de 22 de febrero de 2010, ambos del pleno de la Corte Suprema y el fallo de 10 de septiembre de 1999 de la extinta Sala Quinta.

Es perceptible un climaterio de la institucionalidad democrática. Una Constituyente debiera fortalecerla. Esta tribuna funciona para defender las instituciones que nos quedan, porque una impugnación cuesta 10 mil dólares. Se ha sentado un precedente desaguisado y desafortunado, independientemente de lo que suceda en las urnas el 4 de mayo próximo.

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