CAMBIO NECESARIO

El problema del sector eléctrico está en su diseño: Marcelo Antinori

Las reformas del sector eléctrico delegaron al sector privado el rol de construir y operar los proyectos de generación, lo que está bien, pero a los inversionistas privados también se les delegó la decisión de dónde y cuándo hacer esos proyectos, lo que fue un equívoco, pues la lógica de las decisiones privadas no es la misma de los intereses nacionales. Lo afirmo, no por diablo, pero sí por viejo. Participé directa o indirectamente de casi todos los procesos de reforma del sector eléctrico latinoamericano de las últimas décadas, incluyendo el panameño, al final de los años 90 y si es verdad que acerté en algunas cosas, en otras, reconozco que me equivoqué.

Las reformas se hicieron, porque el sector público no tenía condiciones de asegurar la oferta eléctrica necesaria. Nuestros gobiernos estaban pasando por una profunda crisis financiera y los precios del petróleo nos estrangulaban. Era necesario invertir en generación hidroeléctrica y la experiencia internacional nos indicaba que el sector privado podría hacerlo de forma eficiente y transparente.

Sabíamos que el sector privado tenía que ser regulado y, tal vez, subestimamos las dificultades en hacerlo, pero los países que tuvieron la voluntad política de fortalecer sus entidades reguladores, y lo hicieron, tienen hoy un sector eléctrico estable y mucho más eficiente que los demás. En lo que nos equivocamos fue en dejar al sector privado la planificación de estos nuevos emprendimientos, lo que incluye la decisión de definir dónde y cuándo se deberían hacer los proyectos, pues los proyectos de generación eléctrica deben obedecer a una planificación que priorice los intereses nacionales.

Hay dos explicaciones para el equívoco: la primera es que cuando hicimos las reformas no pensábamos que el potencial de generación hidroeléctrico era un bien escaso. Fue, recientemente, cuando se hicieron las proyecciones para 2030 que descubrimos que algunos países tendrán problemas en generar la energía hidroeléctrica que necesitan. Eso hizo, por ejemplo, que Brasil, con su inmenso territorio, tuviera de salir en busca de alianzas para integrarse e importar energía de los países andinos. La segunda razón es que 20 años atrás no teníamos democracias fuertes ni la comprensión de los problemas ambientales y sociales que tenemos hoy.

Tomemos el caso de Panamá. Cuando se crearon los incentivos económicos para la inversión privada, empresarios sin conocimiento del sector decidieron hacer sus inversiones en pequeños proyectos localizados en áreas a las que ellos tenía acceso, siguiendo sus intereses y limitaciones personales, sin planificación ordenada.

No voy hablar de proyectos como Tabasará, pues todos conocen bien las consecuencias, pero tomo como ejemplo el río Chiriquí Viejo que es muy propicio a la generación –esto por su topografía y porque allí los proyectos hidroeléctricos pueden ser implementados sin necesidad de reasentamientos de población–. Si hubiera una planificación nacional centralizada, acompañada de un estudio de cómo aprovechar al máximo la cuenca del río, se definirían dónde y cuántos proyectos de generación deberían ser construidos, armonizando sus características para aumentar su eficiencia. Esto tendría como consecuencia que todo el aprovechamiento de la cuenca hubiese sido más eficiente en términos técnicos, sociales y ambientales, con beneficios a toda la población de la región y del país.

Algo muy distinto de lo que ocurre hoy en esa cuenca, donde los proyectos fueron definidos por el interés y la oportunidad de inversión de los empresarios y donde al lado de algunos excelentes proyectos, hay otros tantos –eran 14 la última vez que conté– que muy probablemente, implementados, causarán un impacto acumulado negativo para la sostenibilidad de los recursos hídricos de la cuenca y de región.

La solución no parece ser compleja. El Estado debe retomar para sí la planificación de la generación y definir los proyectos hidroeléctricos, privilegiando aquellos en los que los impactos ambientales y sociales sean los menores posibles. Una vez definida esta planificación, el sector público es el único que tiene la legitimidad y la capacidad para conducir el proceso de diálogo y negociación de estos proyectos con las poblaciones impactadas. Estas negociaciones muchas veces involucran el rediseño del proyecto y la negociación de beneficios complementarios o compensatorios; la experiencia panameña tiene varios ejemplos que comprueban esta afirmación.

Con una buena evaluación y planificación se pueden definir mejor los proyectos que deben ser construidos, así como su localización y dimensiones ideales. Con base en esta información, el sector público puede licitar los proyectos, y si ningún inversionista lo quiere hacer, que lo haga el sector público. A los más conservadores les comentó que no se preocupen si eso significaría cambios que rompan con la seguridad jurídica y acuerdos preestablecidos, pues aún peor que la profanación de lo que es sagrado, es la sacralización de lo que es profano.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

PROCESO Comienzan los trámites para lograr la canonización de la panameña Ana Moreno

Anita Moreno nació en Macaracas y falleció en La Villa de Los Santos el 11 de noviembre de 1977.
Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

18 Oct 2017

Primer premio

3 2 8 1

ABAD

Serie: 12 Folio: 5

2o premio

3063

3er premio

2981

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código