RETOS DEL SISTEMA

El debido proceso en el sistema acusatorio: Julieta Ábrego Acosta

Ante los retos del nuevo sistema procesal acusatorio, ya vigente en Coclé y Veraguas, es primordial conocer el rol que jugará el Poder Judicial en el desarrollo eficaz de la justicia procesal penal. Cabe recordar que el proceso es un conjunto de actos o gestiones que se practican en los tribunales, a fin de cumplir la tutela judicial efectiva que tiene todo ciudadano ante el Estado, bajo los parámetros de ciertas garantías mínimas y los cauces procesales adecuados.

El sistema acusatorio se cimenta sobre varios principios, entre ellos el de inmediación, economía, inocencia, defensa, entre otros, pero el más relevante es el principio del debido proceso, sin el cual este sistema sería nulo. En nuestro actual sistema, denominado mixto, que tiene más de inquisitivo que de acusatorio, el principio mencionado sirve de fundamento para que no se violen los otros derechos y garantías; no obstante, la dinámica del sistema inquisitivo que peca de secuestrador de los derechos primordiales del hombre y la mujer, convierte el debido proceso en una quimera. Lo afirmo, porque los principios sobre los que se construye este sistema propenden a la “tortuguización” de la justicia, resultando en un laberinto de fechas, declaraciones, notificaciones, notas, citaciones y demás adefesios procesales que terminan por soslayar o, peor, ignorar los derechos humanos, tanto de los acusados como de las víctimas.

El debido proceso procede del vocablo anglosajón due process of law (debido proceso legal). Según algunas corrientes doctrinarias, es “una garantía específica semejante al derecho a la defensa”; otra corriente lo ubica “dentro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” y una tercera tendencia, lo desarrolla como una “institución instrumental”, pero coinciden en que es una garantía para que el proceso sea justo, válido y eficaz, sin caer en arbitrariedades, es decir, es el proceso que respeta sus propios principios.

Nuestra Constitución prevé este principio en su Art. 32, pero se ha complementado, jurisprudencialmente primero, y luego constitucionalmente, a través del segundo párrafo del Art. 17 de dicha Carta Magna, con el Art. 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prescribe garantías judiciales, como el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, a un juez natural, independiente, imparcial, presunción de inocencia, derecho a asistencia por intérprete, prohibición del doble juzgamiento, entre otros. Igualmente, el derecho al debido proceso se recoge en innumerables tratados, convenios e instrumentos internacionales en todo el mundo, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Sin embargo, el sistema procesal que sigue vigente en las demás provincias, cuyos orígenes se remontan al Código de Instrucción Criminal francés de la época napoleónica (1808), llamado erróneamente mixto, si bien mantiene una etapa calificatoria o plenaria en la que el juez preside la audiencia y puede ordenar prácticas de pruebas, su fase de investigación se rige por el más encarnizado sistema inquisitivo: el proceso es secreto, es escrito, el acusador interviene jurisdiccionalmente, tomando decisiones sobre la libertad, intimidad y bienes de las personas, mediante detenciones preventivas, allanamientos y otras diligencias, sin el control previo de alguna autoridad judicial, y solo se preservan las formas del proceso (ritualidad) que son importantes, pero cuando se alejan de los principios de igualdad, defensa, inmediación, entre otros, el debido proceso solo se convierte en un adorno meta-jurídico. Y es que el sistema inquisitivo y el acusatorio no se pueden combinar, porque sus principios y fundamentos son disímiles, contrastan en su contexto, por lo que el denominado sistema mixto contemporáneo no puede ajustarse a la lógica de un proceso como tal.

En el sistema acusatorio el debido proceso sí cumple las expectativas de justicia, porque los principios de libertad, igualdad y respeto a los derechos y garantías procesales se observan con rigurosidad. Por ejemplo, el acusado es el sujeto del sistema, no su objeto; prima la libertad sobre toda privación o limitación a la misma; las pruebas son introducidas por las partes, no por el juez, quien también tiene restringidas sus facultades de dirección procesal; la oralidad, inmediatez y publicidad son los principios básicos de este tipo de proceso. Básicamente, se confiere a las partes la iniciativa para iniciar un proceso, fundamentado en las pruebas que aporten, proporcionando al sistema judicial una lógica de seguridad jurídica.

El sistema acusatorio tendrá que sostenerse sobre los pilares de la democracia y las garantías procesales, especialmente, el debido proceso, columna vertebral de un estado de derecho, para que los juicios penales sean dignos, humanos, justos y correctos; no respetar y aplicar los actos procesales que se establecen en la ley y en el espíritu teleológico de las formalidades y normas, en el sentido que las inspiran, darían lugar a un juicio de corte kafkiano, lo que se traduciría en una desestabilización normo-jurídica, para lo cual de nada servirá ostentar ante el mundo que gozamos de un sistema acusatorio, cuando en su esencia, no es así. Solo resta afirmar que el sistema acusatorio será real y efectivo, siempre y cuando el principio del debido proceso se cumpla en todo su justo contenido y sentido, tanto humano como jurídico.

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