HUMANIDAD, TRANSPARENCIA Y ÉTICA

La justicia que queremos construir: Santander Tristán Donoso

El lunes 20 de octubre se realizó un encuentro de los facilitadores judiciales, convocado por la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial. En el foro participaron altos directivos de la OEA, la Alcaldía de Panamá e instituciones públicas y privadas comprometidas con los derechos humanos, la cultura de paz y el estado de derecho.

Los facilitadores son personas de escasos recursos de áreas rurales y urbanas que ofrecen su labor de mediación comunitaria, gestiones de acompañamiento y orientación para prevenir conflictos o evitar que estos lleguen a tener una derivación jurídica.

Los facilitadores dieron testimonio de los esfuerzos que hacen a diario de manera gratuita, para avenir a las partes en disputas de servidumbre, violencia doméstica, linderos, cuidado del ambiente y otros. En ese proceso de negociación elaboran convenios en que las partes acceden a llegar a acuerdos pacíficos. Ellos, reafirmando un criterio de imparcialidad, se lanzan a promover el análisis de los problemas y resolverlos bajo parámetros de equidad hasta alcanzar una reparación comunitaria. La idea es superar el silogismo judicial, por un acuerdo que cicatrice las heridas y convoque a las partes a fortalecer la convivencia. Amor y respeto, así como honestidad y solidaridad parecen ser los valores que fundamentan la solución en derechos humanos de los facilitadores frente a los conflictos comunitarios.

Estos seres, imbuidos de una cultura de paz, generan en sus comunidades un ambiente de justicia e identidad social y nacional, de manera que sus actos de dimensión pequeña son en el fondo los elementos que le devuelven la confianza y la credibilidad al ciudadano en la administración de justicia y al sistema democrático. Hace ya muchos años los abogados del Centro de Asistencia Legal Popular, organización panameña vigente con 26 años de lucha por los derechos humanos y la institucionalidad democrática, subieron a las montañas de Colón, Coclé y Veraguas, así como a los territorios indígenas emberá, guna, madugandí y otros, para construir con las comunidades una estrategia de derecho alternativo, asumida por promotores jurídicos o tajuristas (provenientes de los talleres jurídicos alternativos) para educar en derechos humanos y combatir la exclusión legal y social. Allí, en medio del lodo y de largas caminatas, Nidia, Magali, Rosina, Rogelio, Raúl, Miguel, Mario, Héctor, Aresio, Ariel, Claribel, Rina, María, Higinio, Víctor, Juan José, Natividad y Santander, desafiamos la inseguridad material, las jerarquías fútiles e incluso la toga metálica por la de la justicia. Reencontrarnos con los facilitadores judiciales nos alimentó el espíritu en la esperanza de un sistema que debe devolver la confianza a los ciudadanos, combatiendo la corrupción, la impunidad y la arbitrariedad, además de enfrentar los históricos poderes económicos y políticos del país que estrangulan a la justicia.

Hoy el proyecto de los facilitadores está representado en todo el país por más de 900 miembros, quienes administran justicia comunitaria con valores, principios y ética judicial. Hoy, frente al drama de una administración de justicia colocada en el banquillo de los acusados, producto de los hechos denunciados por el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, ante el ojo avizor y exigente de todos los ciudadanos, nos queda la oportunidad, como sociedad y país, de dar el primer paso por la transformación del poder judicial para refundar la justicia con el rostro humano, honesto y firme de los facilitadores judiciales, ejemplos para jueces y magistrados.

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