CANAL DE PANAMÁ

Los retos no terminan: Lina Boza Abad

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Con la reforma constitucional de 1994 se declaró al Canal de Panamá como “patrimonio inalienable de la nación”. Esto se logró después de dos administraciones opuestas, con la participación de centenares de ciudadanos que sumaron su esfuerzo y talento para garantizar la viabilidad del Canal en manos panameñas.

Primero fue la Comisión Presidencial dirigida por J. J. Vallarino bajo la presidencia de Guillermo Endara, y luego la Comisión ad hoc nombrada por Ernesto Pérez Balladares y liderada por Jorge Eduardo Ritter, que produjo la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal.

Eran los primeros gobiernos democráticos después de la dolorosa invasión y de 21 años de dictadura; queríamos demostrarle al mundo que el tema canalero estaba por encima de las diferencias políticas. Una vez aprobada la ley orgánica comenzaron las discusiones sobre los reglamentos que desarrollarían esa ley. La composición de la junta directiva de la ACP se basó en la estructura de su predecesora, la Comisión del Canal, que era dirigida por nueve directores. Esta composición se estableció bajo la nefasta Ley 96-70 que implementó el Tratado de 1977 y que fue aprobada tres días antes de que entrara en vigor dicho tratado. Integrada por cinco directores estadounidenses y cuatro panameños, sus decisiones las tomaba la mayoría extranjera.

Bajo la dictadura militar, los directivos locales se caracterizaron por apoyar al sector laboral canalero y por mantener una fluida relación con otros interesados en el futuro de la vía. Justo es decirlo, ellos defendieron los intereses de Panamá y a sus trabajadores, y combatieron las violaciones al tratado. Tres años antes de la entrega del Canal, en un acto sin precedentes, el gobierno llevó el anteproyecto de ley orgánica de la ACP al diálogo nacional de Coronado. Esta ley reemplazaría a la estadounidense el 31 de diciembre de 1999, cuando la vía pasó a Panamá.

Durante los debates en Coronado, Fernando Manfredo, el exadministrador, propuso que se incluyera entre los requisitos para ser nombrados en la directiva de la ACP tener conocimientos de la industria y educación marítima. Sus recomendaciones fueron rechazadas, igual que las de los sindicalistas para que se establecieran perfiles especiales y características como conocimientos de la industria y experiencia en el funcionamiento del Canal; además, exigieron que uno de los directores representase a la clase obrera. El diálogo tomó un paso positivo cuando un representante del gobierno ofreció incluir a los voceros de los trabajadores.

La directiva quedó conformada por 11 miembros, pero nada los obligaba a estar familiarizados con la industria. Esto es vital, si es que el Canal habrá de desarrollar su capacidad para impulsar el óptimo desarrollo marítimo del país. El artículo 18 (9) de la Ley Orgánica autoriza a la directiva a “aprobar las políticas sobre realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que complementen el funcionamiento del Canal, por la autoridad directamente o por concesión a terceros”. Pero el alcance de esta facultad no la pueden comprender quienes tienen un conocimiento precario de la industria.

El 18 de junio de 2014 renunció el directivo Rafael Bárcenas, representante de la Asamblea Nacional, y en 2016 expirará el período de tres de los miembros más versados en el tema canalero: Adolfo Ahumada, Ricardo De la Espriella y Guillermo Chapman. El nuevo gobierno, incluida la Asamblea Nacional, tiene ahora la gran oportunidad de corregir el rumbo designando a figuras conocedoras del sector, especialmente en momentos en que se pretende impulsar a Panamá como centro logístico regional. Considero que dos de los designados deben ser expertos en educación marítima y operaciones portuarias, y el tercero en asuntos laborales del Canal.

La experiencia vivida por la ACP en el último lustro, en que el Ejecutivo designó a ocho de sus 11 miembros, nos lleva a pensar si es necesario o no que se revise la ley orgánica de la ACP, a fin de evitar el riesgo de que ese bien inalienable de la nación sea controlado desde palacio por un presidente irresponsable. La ley debiera ser revisada para incluir un perfil de los directivos, que contemple no solo conocimientos de la industria, sino calidad ética y moral.

Como ocurrió en la década de 1990, ese proceso debe ser el resultado de una amplia consulta con la sociedad civil. De ocurrir esto, recomiendo se incorpore al proceso a la sociedad civil, los partidos políticos y las tres o cuatro universidades nacionales. El diálogo así desarrollado debiera ser dirigido por la canciller y vicepresidenta de la República, quien participó en los diálogos que nos llevaron a un consenso sobre el tema.

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