MITOS Y REALIDADES

La defensa de los servicios internacionales de Panamá: Ricardo M. Alba

El sector de la economía clasificado como servicios hace un aporte considerable al producto interno bruto (PIB) de Panamá. Dentro del sector se incluye la provisión de servicios bancarios, financieros y legales en el ámbito internacional.

La defensa de estas ramas específicas de actividad ha devenido en una tarea nacional importante, porque están expuestas a tres riesgos: el abuso por parte de criminales y evasores fiscales; la presión para que el país adopte medidas de protección diseñadas por organismos internacionales o a la conveniencia de ellos y de los Estados que los integran y controlan; y la incapacidad de esta nación para generar iniciativas de defensa que sean independientes de las presiones, amenazas y medidas discriminatorias.

El presente artículo se propone repasar, con actitud constructiva, algunos mitos y realidades relativos a la defensa de los servicios internacionales de Panamá; examen este que podría ser útil en el esclarecimiento de los problemas y en la búsqueda de soluciones. Estamos en capacidad de desarrollar, con amplitud, documentación y argumentos, cada uno de los señalamientos que se harán a continuación.

1. La provisión de servicios legales internacionales al PIB de Panamá tiene una importancia macroeconómica considerable. Esto es falso; se suele manipular una cifra estadística exagerada y argumentar sobre la base de ella, ya sea por intención o por desconocimiento de las cuentas nacionales. Lo que sí es evidente es el poder político de los gremios de abogados para defender, presentar e imponer sus puntos de vista. Esto no solo ocurre en Panamá. A manera de ejemplo, los únicos países latinoamericanos que han podido establecer, con pobres resultados, normas de cumplimiento a los abogados respecto a la prevención del blanqueo de capitales han sido Brasil, Costa Rica y México.

2. Panamá hará frente a nuevas amenazas y medidas discriminatorias si no aprueba la fase II de la revisión paritaria de la Organización Mundial del Comercio (Ocde). Cierto. Entre esos resultados negativos estaría la descalificación por parte del G–20, los daños de reputación en los que la Ocde se especializa, la posible exigencia del Comité de Revisión Paritaria respecto a aspectos adicionales a las acciones al portador, la eventual cancelación de acuerdos tributarios que ya han sido suscritos por este país, y la aplicación de nuevas medidas restrictivas del uso de los servicios internacionales de Panamá.

3. La visita del presidente, Ricardo Martinelli, a la Ocde, en mayo próximo, le permitirá demostrar que Panamá ha cumplido con sus compromisos. Falso. A pesar del cúmulo de acciones efectuadas durante su administración, el Presidente debe saber, o tiene a su servicio a personas que deben hacérselo saber, que para bien o para mal Panamá no ha cumplido con las condiciones de la Revisión Paritaria, porque necesita todavía llenar otros requisitos legales para pasar la fase II, requisitos que la mayoría de países sí viene cumpliendo.

4. La prohibición o medidas restrictivas de las acciones al portador que disponga la Asociación Bancaria de Panamá o la Superintendencia de Bancos ayudarán a mejorar la situación del país ante la Ocde, en ausencia de cambios en la ley. Falso. Esta medida podría ser útil de cara a la relación de los bancos locales con corresponsales del extranjero, pero no con la Ocde, a la que le interesa el acceso de la información de cambios en la propiedad de acciones al portador como un medio para un intercambio efectivo de información, no como un elemento de la transparencia del sistema económico panameño bancario en su aspecto operativo. Además, es discutible emitir prohibiciones o restricciones a las acciones al portador, instrumento este que posee validez legal aquí.

5. Respecto a la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés), lo más conveniente para el sistema bancario de Panamá y otros proveedores de servicios es llegar a acuerdos, cada uno por su parte, con el Servicio de Impuestos de Estados Unidos (EU). Cierto. El Gobierno de Panamá no necesita llegar a un acuerdo intergubernamental con el de EU, porque no tiene ninguna información que solicitarle en reciprocidad, por una parte. Además, los contribuyentes locales no tienen por qué que cargar con el costo del servicio gratuito para el Gobierno estadounidense de cobrar los impuestos a contribuyentes del fisco de ese país que tienen ahorros o inversiones en Panamá, a no ser que esto fuese compensado plenamente por la prestación de ese servicio por parte de los proveedores en Panamá y por el propio Gobierno de Estados Unidos.

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