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LESIONES PATRIMONIALES

¿Hacia una sociedad corrupta?: Ramón Morales Quijano

Al estilo de José Martí; en pueblos compuestos de elementos probos y corruptos, los corruptos gobernarán allí donde los probos no aprendan el arte del gobierno. Martí se refería a los cultos e incultos, pero el resultado es el mismo; y los culpables del mal son los que en una forma u otra han optado por declinar responsabilidades cívicas.

Los ciudadanos honestos han permitido que pequeños grupos dominantes hayan violentado el límite ético del país. Aquellos ya no opinan; prefieren pasar agachados, disfrutar la avalancha de nuevas riquezas, y aceptar sucesivas imposiciones, sofismas y descarríos. Ese desapego se convertirá al final en una irreversible vulnerabilidad frente a las fechorías de los corruptos.

Es cierto que la corrupción no puede tenerse como un mal exclusivo de los gobiernos o de los servidores públicos; pero cuando se origina allí cae en cascada hasta llevarse por delante a la sociedad misma. Este es un mal que se envía en distintas direcciones cuando la ley no es igual para todos; cuando a personas escogidas se les permite violar conscientemente cualquiera disposición legal.

Entonces surgen las preguntas hechas una y otra vez: ¿qué distorsiones en el ordenamiento político, jurídico, económico y cultural dan pie a los actos de corrupción? ¿Quiénes son los beneficiarios directos e indirectos? ¿Quiénes suelen actuar como intermediarios? ¿Por qué el Ministerio Público no ejerce su obligación constitucional de perseguir, sin trabas ni cortapisas, las contravenciones de disposiciones constitucionales y legales, sean públicas, privadas o mixtas?

En su momento señalamos que en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central, (Gaceta Oficial No. 25,199 de 20 de diciembre de 2004), se excluyeron algunas disposiciones para control a niveles más altos. Entre ellas, la prohibición al funcionario de otorgar o solicitar regalos, beneficios, promesas u otras ventajas a otros pares; el señalamiento de los obligados y las secciones relativas al carácter de la declaración jurada patrimonial y financiera.

Cuando fueron presentados los proyectos de reforma a los Códigos Penal y Procesal Penal, Transparency International denunció que en ellos no se tipificó en forma clara la corrupción, y que se eliminaron, entre otras, las sanciones para funcionarios que reciban beneficios por retardar u omitir un acto propio de sus funciones deberes, o sobornen a servidores públicos de otros Estados.

Como si esto fuera poca cosa, ahora los diputados oficialistas insertaron el 23 de abril último –en el proyecto de Ley 523– una modificación al artículo 116 del Código Procesal Penal reduciendo a la mitad el período de prescripción de los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y patrimonial en perjuicio de cualquiera entidad pública. Estamos ante un claro patrocinio de la corrupción; todas estas son acciones destinadas a fortalecer las válvulas de escape existentes en el tratamiento jurídico de las lesiones patrimoniales que van en perjuicio del Estado.

Como hemos afirmado sostenidamente, el ambiente de descomposición institucional existente –que nunca parece resolverse– es el que hace que algunos piensen que las costumbres y conductas éticas en este país no pueden ponerse a la altura de los valores tradicionales. Rehusamos creer que sea así; pero si dejamos pasar las oportunidades de higienizar el entorno, nos exponemos a que la corrupción destruya por siempre la imagen interna y externa de Panamá.

Vale repetir que ninguna nación puede sobrevivir si alguno de los miembros de su cuerpo social está enfermo, o si se le percibe así. Pasiva o activa, cualquiera enfermedad grave tiene que ser curada antes de que sus estragos se hagan irreparables.

Por muchas que sean las modalidades de la corrupción, todas, por ilegítimas y viles, tienen que ser identificadas y caracterizadas claramente para extirparlas de raíz.

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