ENFOQUE SOCIAL

¿Somos una sociedad corrupta?: Rolando Mendoza Ibarra

Hace unas semanas escuché y leí la noticia en la que el Ministro de Seguridad expresara, en un foro de ejecutivos de empresas, que “en este país la sociedad es corrupta”. Esta afirmación causó en mí la curiosidad por explorar la lectura sociológica que hace un ministro sobre un tema tan sensitivo. Su alusión estaría referida a los de abajo, a los que no están empoderados del Estado.

Debo advertir la importancia de definir el concepto sociedad, algo nada sencillo a la luz del conjunto de relaciones e interrelaciones que determinan su existencia objetiva. La sociedad no es sinónimo de pueblo o población, aunque representa uno de sus importantes elementos constitutivos; esta es una construcción histórica en la que intervienen fuerzas y estructuras económicas, sociales, culturales y muchas otras que difícilmente pueden ser modificadas ni cambiadas por la voluntad individual de las personas.

Ante tales fuerzas, en algún momento de la historia apareció el Estado como la entidad política superior que procuró cumplir un rol de regulación y mediación entre gobernantes y gobernados. La historia ha demostrado que tal rol de mediación es ficticio en la medida en que sirve para reprimir y violentar los intereses de las clases desprovistas de poder, en aras de evitar los disensos y propuestas que hagan peligrar su estabilidad política o acallar las críticas a la gestión en las diversas formas de gobierno conocidas, hayan sido las monarquías esclavistas o feudales, los regímenes de fuerza o democráticos del capitalismo o las dictaduras de los partidos comunistas que instauraron el socialismo mediante la violencia revolucionaria.

La sociedad capitalista por la que transita la mayoría de los países del mundo atraviesa una profunda crisis moral más que material o económica, cuya expresión se fundamenta en la corrupción privada dentro de las industrias y corporaciones de los países desarrollados (como quedó en evidencia con la crisis financiera de 2009), en tanto que en los países en desarrollo se explica a partir del manejo poco o nada transparente de los fondos públicos o del robo descarado de estos.

En América Latina persiste la concepción patrimonialista respecto al uso de los bienes públicos, como herencia colonial modernizada. La corrupción sobre los recursos derivados de los impuestos que pagan los ciudadanos ha adquirido dimensiones insospechadas, bajo cuya sombra se estructuran grupos profesionalizados (locales e internacionales) especialistas en diseñar e implementar grandes negocios con los gobiernos. Estos grupos se han convertido en temibles mafias disfrazadas de inversionistas y empresarios que, en contubernio con sectores políticos deshonestos en el poder, les roban a los ciudadanos mediante desvíos de fondos públicos a empresas reales o ficticias; actos de adjudicaciones amañados y orientados a determinados nombres, lo que dificulta la competitividad legítima; contratos sobrevalorados y con el cobro de altos porcentajes en coimas o comisiones.

La corrupción o la ausencia de transparencia, como lo muestran las encuestas que evalúan la gestión de los gobiernos, se ha convertido en una práctica perniciosa y licenciosa impulsada por minúsculas élites en los engranajes gubernamentales, cuya confianza por sus actos indecentes se sustenta en la impunidad garantizada por instancias judiciales controladas por ellos.

En consecuencia, la corrupción es una práctica que no puede ser atacada únicamente mediante la justicia ordinaria, sino con recurrencia a las normas morales, cuya fuerza parece estar en crisis toda vez que el corrupto no se siente en peligro ni piensa que actúa mal; él sabe que su comportamiento no será castigado. El corrupto es igual al que no tiene temor de Dios y, en consecuencia, comete cualquier barbaridad o acto pecaminoso.

Los políticos –me resisto a pensar que sean corruptos– orientan y promueven enconadas campañas clientelistas por la conquista o reconquista de diversos espacios del poder, y se gastan cuantiosos recursos “confiados” en que los recuperarán una vez alcancen el anhelado puesto de elección. Vistas así las cosas, no pareciera haber dudas de que en una sociedad en la que un número importante de sus estructuras sociales, principalmente las del poder público, ha sido socavado por el flagelo de la corrupción, esta sea percibida e interpretada como corrupta. Lo que muchas veces no se percibe es la existencia tanto de voces disidentes dispuestas a denunciar el latrocinio, como de una mayoría de ciudadanos honestos con valores morales cimentados en la familia. Estos son la fuerza y reserva moral que lucha por construir un mejor Panamá.

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