ORDENAMIENTO JURÍDICO

La suspensión de un decreto

La suspensión de un decreto La suspensión de un decreto
La suspensión de un decreto

Hace dos semanas, reaccionando apresuradamente a las numerosas críticas surgidas de la aprobación del Decreto Ejecutivo 130 de 6 de junio de 2017, “Que establece directrices para la actualización de la información catastral”, el Órgano Ejecutivo decidió no derogarlo, sino –según la descripción ofrecida en su contenido– solo “suspender su entrada en vigencia”.

En efecto, el pasado 12 de junio, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto ejecutivo, el 132 de 12 de junio de 2017, por el cual “se suspende la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 130 de 6 de junio de 2017”. Como detalle excepcional, para tal suspensión no se estableció ningún término.

A primera vista, resulta inusual, dentro del ordenamiento jurídico panameño, que una norma jurídica como lo es todo decreto ejecutivo sea suspendida y mucho más de una manera indefinida. Cierto es que el numeral 14 del artículo 184 de nuestra Constitución Política otorga al presidente de la República, con la participación del ministro respectivo, la atribución de “reglamentar las leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu”. Pero, ¿puede dictarse esa reglamentación en un decreto ejecutivo con entera discrecionalidad, sin considerar las limitaciones constitucionales que existen, por ejemplo, a su norma jerárquicamente superior, que es la ley?

Toda ley, según lo dispone el artículo 173 constitucional, debe entrar en vigor a partir de una fecha especificada por ella misma. No pueden existir leyes cuya vigencia se mantenga en un suspenso indeterminado, ni tampoco que una ley suspenda a otra anterior de manera indefinida. ¿Puede un decreto ser diferente?

Recordando el principio consagrado en el artículo 18 constitucional, de que los servidores públicos solo pueden ejercer sus funciones de acuerdo con lo previsto de forma taxativa en la Constitución y la ley, sin poder ningún servidor sobrepasar ese restringido marco jurídico, conviene analizar qué sustento pudiera argumentar el Ejecutivo para suspender a un decreto.

Dentro de su fundamento de derecho –las disposiciones legales con las que el Ejecutivo respalda su reglamentación– el Decreto 132 no menciona a norma alguna relacionada con la naturaleza y alcance de los decretos en general. Cita únicamente a la Ley 53 de 2005, que le obliga a publicar el decreto en la Gaceta Oficial.

La realidad es que nuestro ordenamiento jurídico carece de normas que permitan al Ejecutivo “suspender” un decreto, autorizándolo solo para su aprobación, modificación o derogación.

Examinar lo actuado por el Ejecutivo se complica aún más al observar que aquello en verdad adoptado en el texto del Decreto 132 no es la suspensión de la vigencia en sí del Decreto 130, sino de su “entrada en vigencia”. Y allí el nuevo decreto colisiona, violentamente, con una barrera infranqueable, porque es imposible suspender la “entrada en vigencia” de un decreto que, para entonces, ya había comenzado a regir.

En efecto, el Decreto 130 entró en vigencia el 8 de junio pasado, al día siguiente de su promulgación en la Gaceta Oficial del 7 de junio, o sea, cuatro días antes de aprobarse el nuevo Decreto 132. Pero una vez cualquier norma jurídica se encuentre en vigor y surta efectos, su entrada en vigencia no puede retrotraerse.

Se considera entonces que el Decreto 132 de 12 de junio es inconstitucional e ilegal, de una manera tan obvia que resulta bastante difícil presumir que nadie en el Ejecutivo se hubiera percatado de ello. Cabe entonces proponer, con urgencia, al Ejecutivo que obtenga una asesoría legal mucho más adecuada en el manejo de estas normas jurídicas, puesto que lo único apropiado que corresponde ahora sobre el Decreto 130 en su inmediata derogación.

Luego deberá efectuarse una auténtica, amplia y abierta consulta pública sobre las diversas materias de índole catastral que reglamenta, lo que es precisamente el objetivo de un reiterado clamor de la ciudadanía.

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