DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Los tortuosos caminos de la transparencia: Fernando Berguido

No existe asidero constitucional ni legal que permita justificar que las declaraciones patrimoniales sean confidenciales. Es cierto que la Constitución, que con premeditación ordena transparencia, ha sido burlada en repetidas ocasiones. Pero también hay quienes la han cumplido.

Creo provechosa esta aclaración antes de que los funcionarios del nuevo gobierno tomen partido ante la disyuntiva de qué hacer con sus declaraciones patrimoniales. Sé que se trata de gente decente, en su mayoría profesionales íntegros que incursionan en la vida pública comprometidos con un gobierno que ha prometido enderezar el rumbo extraviado de la gestión pública. Cuando la historia busque a los héroes y a los villanos, me gustaría verlos del lado bueno.

Nuestra Constitución establece que el Presidente y sus ministros, así como una serie de funcionarios, incluidos magistrados y jueces, deberán presentar ante notario público dos declaraciones juradas de su situación patrimonial, una al inicio y otra al final de su gestión.

Quizás muchos se sorprendan al saber que esta disposición surgió en 1972 con la Constitución militarista. Fue letra muerta, tan muerta como la Constitución de entonces. La excusa para ignorarla la daba el párrafo final que decía que la ley reglamentaría el artículo y, a falta de reglamentación, lo desobedecieron.

Las reformas constitucionales de 1983, esas que permitieron la transformación de un régimen autocrático a uno democrático, al menos en papel, consiguieron mejorar la norma.

Fue un triunfo para la transparencia obtenido por las fuerzas opositoras. Desde entonces, el mandato constitucional tiene “efectos inmediatos” para los funcionarios, sin que la falta de reglamentación sirviera de excusa. Además, se estableció que las declaraciones patrimoniales no solo tenían que ser otorgadas ante un notario, sino que se harían mediante escritura pública. Habíamos avanzado. Luego nos cayó el “noriegato” encima.

El presidente Guillermo Endara cumplió con la norma, presentó su declaración y luego la hizo pública. Ernesto Pérez Balladares rehusó darlas a conocer.

Y valga aquí una explicación adicional. ¿Qué ocurre cuando se presenta ante un notario una declaración jurada? “Los instrumentos que se otorguen ante notario –dice el Código Civil– y que este incorpore en el respectivo protocolo son instrumentos públicos”. Y hay más: “Los notarios expedirán a cualquier persona copias debidamente autenticadas de los actos y contratos que se hallen en el protocolo”.

Sin embargo, los esfuerzos de los periodistas por conseguir ciertas declaraciones durante la administración de Pérez Balladares fueron infructuosos. Los notarios, quizás siguiendo instrucciones, rehusaban entregarlas. Aquellas controversias se extendieron hasta las elecciones de 1999. Por ello fue que los candidatos prometieron durante la campaña mayor transparencia.

Así llegamos a la Ley 59 de 1999, la que es citada ahora como fundamento para aducir la “confidencialidad”. Les pido que la lean. La ley no dice eso. Todo lo contrario. Ella complementa el mandato constitucional al ratificar que el notario deberá conservar la declaración jurada en sus protocolos y además ordena al funcionario a enviar copia de la misma a la Contraloría.

No encuentro la palabra “confidencial” en ninguna parte del texto.

A la Ley 59 le siguió la Ley de Transparencia que, a partir de 2002, expandió exponencialmente los principios de publicidad, acceso público y rendición de cuentas. Eran los años de Mireya Moscoso y, como detallo en mi obra Una vida póstuma, vivimos la paradoja de quien sancionó la ley siendo su acérrima detractora. Aquí se fragua un terrible golpe a la Ley de Transparencia. La Corte Suprema, en una sentencia abominable, niega un hábeas data para prevenir que se conozca de malos manejos en la Asamblea Nacional.

La Contraloría rehusó entregar copia de la declaración patrimonial del presidente de la Asamblea y la Corte no admitió la acción de hábeas data. Echando mano de una disposición de la Ley de Transparencia que dispone otra cosa, los magistrados Spadafora, Cigarruista, Pereira Burgos, Hoyos, Fábrega, Dixon y Troyano dictaminaron que lo que se solicitaba constituía “materia confidencial”. ¿Por qué? Porque la ley determina como confidencial los datos médicos y psicológicos de los ciudadanos, su vida íntima, su correspondencia así como los expedientes de personal de los funcionarios. ¿Pueden creerlo? Afortunadamente existe el salvamento de voto del magistrado Adán Arjona quien al desenmascarar la desfachatez de sus colegas, destacó que “la información de carácter patrimonial debe estar al acceso público con el propósito de garantizar la transparencia y veeduría ciudadana”.

He escuchado a algunos de los nuevos funcionarios manifestar su preocupación por quedar expuestos al hampa de hacerse públicas sus declaraciones. Reposan sobre una falsa premisa. Los maleantes, igual que varios políticos inescrupulosos, han logrado tener acceso a las mismas ya que, desde que la entregan al notario y luego dan copia a la Contraloría, por más que les aseguren que serán resguardadas, están expuestas. La “gente mala” se ingeniará en conseguirla de alguna forma si así se lo proponen, pero el país decente se quedará esperando por su ejemplo.

Además de Endara, recuerdo a Martín Torrijos, cuando candidato, voluntariamente revelándole a Transparencia Internacional su patrimonio. Ricardo Martinelli, por el contrario, prometió una y otra vez que lo haría apenas pisara la Presidencia. Ustedes conocen mejor que yo esa historia.

Aplaudo al presidente Juan Carlos Varela, al alcalde José I. Blandón y al presidente de la Asamblea, diputado Adolfo Valderrama, por haberse comprometido a hacerlas públicas. Se predica con el ejemplo. Los líderes señalan el rumbo, ascendente hacia la transparencia, o descendente, para seguir por donde veníamos. El nuevo gobierno, en pleno, tiene la oportunidad de demostrar que se puede llegar a la cima, abriéndole la puerta grande a la transparencia. Ojalá no la desperdicie.

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