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RECHAZO CIUDADANO

El traspaso de un terreno estatal: Darío Suárez

La opinión pública ha quedado estupefacta con la noticia de que un valiosísimo terreno público en Punta Paitilla, en la ciudad de Panamá, ha sido cedido a título gratuito (regalado) por una nueva entidad creada por el gobierno actual a un fulano que en una ocasión había instalado un quiosco para vender flores y después fue desalojado, por intruso, por las autoridades del corregimiento.

Al aludido fulano, supuestamente, la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) le reconoce derechos posesorios por haber estado, dizque, ocupando el terreno durante años; terreno catalogado irresponsablemente como baldío por funcionarios con mando en la institución.

Por ese camino, mañana cualquier persona –precarista o no– se podría instalar en cualquier parque público, servidumbre, derecho de vía o debajo de un puente, por un tiempo –especialmente si su mantenimiento está descuidado– para llamarlo baldío y reclamar derechos posesorios; seguros de que la Anati tendría que otorgárselo, porque esta entidad podría furtivamente fijar y desfijar edictos anunciatorios en corregiduría para realizar un proceso de cesión a espaldas del consentimiento del habitante común, de las autoridades, de los vecinos y de la decencia.

Y ni hablar de la ley, que con la interpretación que muchos leguleyos le dan, ha sido la más pisoteada, desfigurada –en este y en muchísimos casos–, pero eso no significa que, porque así ha sido, habría que aceptar que el fulano y los que estén detrás de él desfalquen el país.

A todo el que observaba lo que estaba sucediendo le invadía una gran indignación por sentirse despojado, engañado y estafado, y estimaba que lo actuado por los funcionarios de la Anati resultaba inaceptable y, como mínimo, de una ingenuidad e ineptitud inexcusable, al poner en riesgo el patrimonio del Estado, que los haría acreedores a su destitución y a posible denuncia penal.

En una gestión de gobierno hay iniciativas buenas (construcción del Metro), malas (torre financiera, aumento del ITBM) y prioritarias abandonadas (mejor recolección y disposición de la basura, y construcción de pasos elevados vehiculares), pero el proyecto de construir un parque en un terreno público, mayormente rellenado por iniciativa de una autoridad municipal, sobre fondo marino inadjudicable y sin la oposición de la autoridad marítima del momento, era y es bueno; además, queda al final de un tramo de la cinta costera.

Felizmente, el Presidente de la República ha anunciado que promoverá la reversión de lo actuado y que ha girado instrucciones al respecto para que, luego, se construya el parque que había sido proyectado.

No obstante, debe ser rechazada cualquier medida que implique algún pago por el terreno cedido ilegalmente (presuntamente regalado mañosamente a un intruso, contra la oposición legal y de todas las personas decentes) al fulano, y a quienes él cedió sus “derechos”, en concepto de alguna forma de indemnización como premio por una prevaricación.

Tampoco debe pagarse nada por alguna gestión privada contra este latrocinio. Otra cosa sería que actuaran contra la titulación dolosa de costas, islas y parcelas mediterráneas.

Si el Estado realizara algún pago, ello podría ser el punto de cambio para que la mayoría de quienes votaron por la elección del Presidente, le retiren su apoyo desde ahora, y a su partido político para el futuro, reduciendo el supuesto respaldo de adherentes a una esperanza insignificante. Nadie decente querría impulsar a quienes, por acción u omisión, han participado en lo que se aprecia en este y otros casos que pudieran existir en la Anati, como un atraco a todo el país.

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