Abogados atacan en la Corte ley que pospuso sistema penal

Se trata de la Ley 8 de 2013, que según los juristas Alfonso Fraguela y Luis García vulnera los artículos 1 y 19 de la ´Constitución Política´.

Una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 8 del 6 de marzo de 2013, que postergó por dos años la implementación del sistema penal acusatorio en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá, Colón, Darién y Gunayala, fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados Alfonso Fraguela y Luis García.

En la acción, los juristas alegaron que la nueva norma viola abiertamente los ar-tículos 1 y 19 de la Constitución Política.

El artículo 1 de la carta política dice: “La Nación panameña está organizada en Estado soberano, e independiente, cuya denominación es república de Panamá. Su Gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo”.

Según García, con la aprobación de la Ley 8 el país quedó dividido con dos sistemas de justicia, el nuevo penal acusatorio y el antiguo mixto inquisitivo.

“En la actualidad no existe un sistema de justicia que rija en partes iguales para todos los ciudadanos”, dijo.

En tanto, el artículo 19 de la Constitución dice: “No habrá fueros o privilegios, ni discriminación por razón de raza nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

Sin embargo, de acuerdo con Fraguela, la norma aprobada otorga privilegios a los altos funcionarios del Gobierno.

Explicó que la Ley 8 de 2013 aplazó la implementación del sistema acusatorio en las provincias mencionadas, pero dejó vigentes las garantías del nuevo modelo para el Presidente y Vicepresidente de la República, los diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores, y demás funcionarios con mando y jurisdicción en todo el país.

Según recalcó Fraguela, estos funcionarios sí podrán ampararse en las garantías del sistema penal acusatorio en caso de que se vean implicados en procesos penales, a diferencia de los ciudadanos comunes residenciados en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá, Colón, Darién y Gunayala, que deberán ser juzgados de acuerdo con el sistema inquisitivo mixto.

En Chiriquí y Bocas del Toro, el nuevo sistema de justicia quedó suspendido hasta 2015; y en Panamá, Colón, Darién y Gunayala se suspende hasta 2016.

Por otra parte, contrario a lo que se esperaba, el pleno de la Corte Suprema de Justicia no abordó ayer el tema sobre la renuncia del magistrado José Ayú Prado a la coordinación del sistema penal acusatorio por parte del Órgano Judicial.

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