contrato del tercer juego de esclusas del canal de panamá

Acuerdo, a la espera de Zurich

La aseguradora es depositaria de una fianza de $400 millones cuya inyección al proyecto es clave para su sostenibilidad financiera.

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La eventual solución negociada entre la Autoridad del Canal (ACP) y Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para dar una salida a la crisis en el proyecto del tercer juego de esclusas pasa por la implicación de la afianzadora del proyecto, Zurich American.

La firma es depositaria de una fianza de cumplimiento por $400 millones que serían utilizados para dar viabilidad financiera al proyecto a largo plazo.

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, dijo ayer que ACP y GUPC habían llegado a algunos acuerdos, pero que todavía quedaban otros “temas por resolver”. Entre ellos destacó que la aseguradora “todavía no se ha manifestado de manera contundente” para dar por bueno lo acordado por ambas partes. “Sabemos que tiene la mejor voluntad de hacerlo, pero para poder ir cerrando el camino de las conversaciones, ellos tienen que participar”, señaló antes de reunirse con la cúpula de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Según lo que acordaron las partes, el proyecto se reflotaría con la inyección a corto plazo de $100 millones por cada parte; además, la ACP pagaría una cuenta pendiente desde diciembre y la fianza de $400 millones se convertiría en un préstamo para el consorcio.

En ese esquema, por tanto, es imprescindible el aval de Zurich. “Sin esa inyección, los acuerdos entre las dos partes posiblemente se caen... No queremos decir que hemos sido exitosos hasta que se firme el acuerdo. Para eso requerimos la participación de Zurich”, aclaró Quijano, que no obstante se mostró confiado en un pronunciamiento positivo de la aseguradora.

la negociación

El máximo ejecutivo de la ACP compareció ayer durante cuatro horas ante el pleno de la Asamblea Nacional, que lo había citado para conocer los detalles de la negociación con GUPC y el estatus del proyecto. Quijano acudió al hemiciclo con el subadministrador de la ACP, Manuel Benítez, y cuatro vicepresidentes de la entidad.

La mayoría de los diputados titulares, sin embargo, no participó en una sesión en la que se analizaba el futuro del proyecto más importante del país.

El administrador explicó cómo cambió el rumbo de las negociaciones durante las últimas semanas.

El pasado 5 de febrero todo apuntaba a una ruptura definitiva después de la paralización de las obras y de las fuertes acusaciones cruzadas. No obstante, Quijano –echando mano del perfil más calculador, haciendo gala de su formación en ingeniería– optó por no tomar decisiones “viscerales”. “Debemos mantener la cabeza fría aunque tengamos el corazón caliente”, repitió ayer, aunque, según confesó, desde el mismo instante que se paralizaron las obras habría tenido motivos legales para rescindir el contrato.

Después de que la hostilidad alcanzara su punto más álgido, las partes retomaron la comunicación y la pequeña ventana que quedaba abierta se fue agrandando. El consorcio, reveló Quijano, había renunciado a cobrar los $1,600 millones en los sobrecostos incurridos en la obra, el origen de la disputa. “Ya GUPC aceptó que no vamos a pagar un solo real en reclamos fuera del contrato”, recalcó.

El consorcio alega que se requieren recursos adicionales porque la ACP dio información deficiente en el pliego de condiciones. La entidad que rige la vía, por su parte, defiende que la información suministrada era correcta y asegura que los sobrecostos solo son achacables a GUPC. “Nos gastamos $45 millones en estudios. Esta obra, bien manejada, sin los problemas internos que todavía siguen [en el consorcio], se habría acabado muy cerca de donde se pactó”, explicó Quijano.

Finalmente, aceptando la ruta que defendió la ACP desde un primer momento, serán las instancias establecidas en el contrato las que decidan quién tiene la razón en las reclamaciones de sobrecostos. “Si perdemos algún reclamo, lo pagaremos”, pero todo irá dentro de los lineamientos del contrato, aseguró.

Resueltas esas diferencias, durante el pasado fin de semana los equipos legales de ambas partes se intercambiaron documentos. Este lunes, de los 15 puntos en los que había diferencias, se habían resuelto 14. Solo quedaba un tema pendiente: el pago de los $748 millones adelantados por la ACP y que todavía debe devolver el consorcio.

Este asunto fue abordado por Quijano en conversaciones con los máximos responsables de Sacyr, Salini Impregilo y Jan de Nul, las tres empresas extranjeras que forman el consorcio junto con la panameña CUSA. Aunque no trascendieron detalles, las partes también habrían alcanzado un acuerdo al respecto.

El Canal, además, solicitó a GUPC que tenga en Panamá todas las compuertas en diciembre de este año. El pasado mes de agosto llegaron las cuatro primeras y faltarían otras 12 por recibir. Estas están en distintas etapas de producción –cuatro ya están completamente terminadas– en los talleres de la firma italiana Cimolai, subcontratista de GUPC.

El consorcio responsable de la obra no se pronunció tras las manifestaciones de Quijano.

El plan b no se detiene

A pesar de que en el horizonte se atisba una solución negociada, el Canal de Panamá no ha dejado de “sopesar y ponderar las alternativas”, el llamado plan B, que consistiría en asumir la obra, ya sea por el abandono de GUPC o por la rescisión del contrato.

En esa tesitura, la ACP trabajaría con dos contratistas generales –uno para cada lado del proyecto– y mantendría a los subcontratistas de GUPC.

La entidad se ve con capacidad técnica y financiera para culminar la obra. “No le tenemos miedo”, ha dicho en varias ocasiones Quijano.

La ACP estima que si asume el proyecto, el costo adicional sería de $400 millones, exactamente el monto que está cubierto por la fianza.

En total, y con un avance de obra cercano al 70%, “lo que queda por delante son entre mil 300 millones de dólares y mil 400 millones de dólares”, y la ACP podría disponer de esos recursos con fondos propios y las distintas garantías y cartas de crédito de que dispone. “En tres o cuatro meses podríamos estar en producciones similares a las que tenían en octubre”.

En cualquier caso, Quijano reconoció que la solución más rápida y eficiente para terminar la obra es una solución negociada, “a la que cada día nos estamos acercando más”. Por eso, puntualizó, “estamos haciendo el esfuerzo de buscar la mejor solución... No estamos hablando de un proyecto de $100 mil. Los montos son billonarios y el impacto nacional e internacional de la solución es de tal magnitud que tenemos que considerar ese efecto”.

Desde que estalló la crisis, Quijano y la ACP han tenido el apoyo de toda la sociedad panameña. Ayer recibió también un espaldarazo por parte de los empresarios de la Cámara de Comercio y de los diputados de la Asamblea, que aprobaron una resolución pública por la posición asumida en las negociaciones con GUPC.

Los diputados dejaron constancia de su apoyo a “la adopción de cualquier decisión que sea necesaria para terminar las obras de ampliación del Canal pronto”.

Obras se atrasan hasta diciembre de 2015: Quijano

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, anunció que los trabajos de ampliación del Canal se extenderán, según las nuevas estimaciones, hasta diciembre de 2015.

El proyecto, que ya había acumulado un retraso de nueve meses desde la fecha contractual –octubre de 2014–, sentirá así la paulatina reducción del ritmo de trabajo de Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que derivó en la paralización total de los trabajos, el pasado 5 de febrero, por la falta de fondos del consorcio.

“En este momento, si encontramos una solución negociada, vamos a sufrir los retrasos adicionales por tener la obra parada toda una semana”. Como se espera que las negociaciones se extiendan por los próximos días, la paralización del proyecto podría acumular una semana más.

Ese retraso se traduce en pérdida de ingresos para el Canal. De igual forma se sentirá un efecto en las finanzas del Estado, ya que, de acuerdo con las estimaciones preliminares, la operación del Canal ampliado generará $300 millones anuales en aportes adicionales al Tesoro Nacional.

El retraso de los trabajos no solo impacta a Panamá y a la vía acuática. También a los puertos del Caribe y de Estados Unidos, específicamente los ubicados en el golfo de México y en la costa este, “que son puertos hermanos de Panamá y están haciendo inversiones importantes y esperan que el Canal de Panamá cumpla con esta obra en el tiempo estipulado”, dijo Quijano.

El tercer juego de esclusas duplicará la capacidad del Canal, que pasará de los alrededor de 300 millones de toneladas a 600 millones con la operación de las nuevas esclusas. Con la ampliación podrá recibir al 98% de la flota mundial. “Vamos a poder atender la demanda existente a corto y mediano plazo”, apuntó Quijano. Si la capacidad se queda corta en el tiempo, se estudiaría la construcción de un cuarto juego de esclusas.

Roberto González Jiménez

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