DEFICIENCIAS EN SISTEMA DE SALUD

Afectados por el dietilene glycol, un asunto pendiente

Tras seis años de la crisis sanitaria que provocó el consumo de fármacos envenenados, aún hay personas sin confirmar su situación.

La vida para cualquier persona afectada por una enfermedad no es fácil. Pero mucho menos lo es para los envenenados con los medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) contaminados con dietilene glycol.

Un ejemplo es Vicente, una de las víctimas, que todos los días debe ingerir nueve pastillas diferentes para sobrellevar sus dolencias cardiacas y motoras, así como prevenir males renales.

Vicente narra que tras seis años de espera fue reconocido como víctima por la Comisión Interinstitucional formada por el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS), y el Instituto de Medicina Legal.

La integración a esta lista de víctimas le brindó la oportunidad de adquirir de manera gratuita las medicinas que requiere, las cuales están fuera del cuadro básico de medicamentos de la CSS.

Esto en parte es un alivio, porque quien no está en la lista no puede recibir ese tipo de fármacos.

“Soy joven, pero me siento como un viejo achacoso”. Vicente a sus 62 años ya se compara con una persona de 80 años, y en su trabajo es poco lo que puede hacer.

Así como este panameño hay miles de personas que padecen por los daños neurológicos, renales y cerebrales que les provocó el tóxico proveniente de China.

Hoy este grupo requiere de atención médica expedita y de un sinnúmero de medicamentos para mejorar su calidad de vida.

A raíz de ello, la CSS prepara cambios a la Ley 13 del 29 de marzo de 2010, creada cuatro años después de la tragedia, con el fin de dar seguimiento a los derechos de las personas afectadas por la intoxicación masiva.

La tarea ha sido larga. En ese sentido, las autoridades de la CSS llevaban un año tratando de convencer a las víctimas sobre la necesidad de modificar la ley.

Resulta ser que los afectados consideraban los cambios poco positivos, porque para poder ser compensados debían aceptar las condiciones de las autoridades.

No obstante, ahora hay un espacio para el diálogo y hacer las reformas a la norma.

Durante los últimos meses el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, logró sentar a los representantes de los diferentes grupos de afectados.

El subdirector de la CSS, Marlon De Souza, explicó que la intención de las autoridades es ayudar a este grupo de afectados que tiene derecho no solo a recibir atención oportuna, sino también a una compensación ante la situación lamentable que tiene que afrontar todos los días.

Víctimas o no

De Souza explicó que hasta que las personas no sean confirmadas como víctimas, la CSS no puede comprarles las medicinas que no están en el cuadro básico, aunque su tratamiento lo requiera.

Por ello, las autoridades de la CSS abogan por una modificación de la ley que logre ampliar el concepto de víctima.

De Souza indicó que la idea es que las personas que no están certificadas como negativas, sean consideradas como víctimas probables. “Es mejor comprar el medicamento, porque si está afectado se puede agravar si no recibe tratamiento”, explicó.

En los últimos cuatro años se comprobó que la presencia de la sustancia de uso industrial no solo afectó los riñones de las personas, sino otros órganos.

Por otra parte, además de ampliar el concepto de víctima, las autoridades proponen un seguimiento de tres años para las personas que la Comisión Interinstitucional declare negativas.

MODIFICACIONES

Sobre las modificaciones a la Ley No. 13 de 2010, el presidente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, indicó que la modificación solo contempla la parte de las atenciones de salud, y advirtió de que no permitirán ningún otro tipo de cambio.

Una de las principales propuestas que mantiene este grupo es la fijación de una pensión vitalicia para los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

Al respecto, De Souza dijo que dejaron atrás el proyecto de ley de pensión vitalicia que el pasado mes de agosto presentó a la Asamblea Nacional el entonces ministro de Salud, Franklin Vergara.

Con la nueva propuesta, la CSS se convertirá en el agente pagador de la pensión que fije el Gobierno, la cual todavía no se establece, informó De Souza.

No obstante, el funcionario detalló que ya hay algunos parámetros establecidos, como que la pensión será igual para todas las víctimas de los medicamentos.

También plantea que la esposa de una víctima fatal del fármaco será pensionada por cinco años, sus hijos en partes iguales hasta cumplir 18 años o 25 si asisten a la universidad. Además, los hijos de las víctimas con discapacidad recibirán una pensión de por vida, al igual que si el afectado por el consumo de fármacos envenenados es un niño.

Sobre este asunto, el presidente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida sostuvo que cualquier iniciativa que se presente para fijar una pensión de retiro a los afectados, debe discutirse de manera independiente en la Asamblea Nacional.

CIFRAS

Según datos del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, hasta la fecha la Comisión Interinstitucional reconoció a 518 afectados por la intoxicación masiva con dietilene glycol. De este grupo, 206 personas están vivas y 312 murieron durante los últimos seis años.

Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público son mil 950; esto significa que hay mil 432 personas que esperan una confirmación, según cifras del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida.

(Con información de Didier Gil Gil).

DATOS SOBRE LAS VÍCTIMAS

518

Cifra de víctimas que han sido reconocidas por la Comisión Interinstitucional.

206

Son los afectados vivos y 312 murieron en los últimos seis años.

1,950

Es el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

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