sala quinta

Alianza pide al pleno de la Corte un pronunciamiento

Que se aclare si es cierto que hay una orden del Judicial que debe ser acatada por el Ejecutivo, sostiene la Alianza.

DENUNCIA. La cúpula del PRD, dirigida por Mitchell Doens, así como asesores legales del partido, presentaron una denuncia contra Alejandro Moncada Luna. CORTESÍA/PRD DENUNCIA. La cúpula del PRD, dirigida por Mitchell Doens, así como asesores legales del partido, presentaron una denuncia contra Alejandro Moncada Luna. CORTESÍA/PRD
DENUNCIA. La cúpula del PRD, dirigida por Mitchell Doens, así como asesores legales del partido, presentaron una denuncia contra Alejandro Moncada Luna. CORTESÍA/PRD

Alianza Ciudadana pro Justicia solicitó formalmente al pleno de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con “urgencia y aclare” la nota del presidente de ese órgano, Alejandro Moncada Luna, en la que interpreta el fallo que declara inconstitucional la ley que derogó la Sala Quinta.

De acuerdo con Alianza Ciudadana, luego de conocer la nota No. 05-DMAM del 31 de enero de 2012 firmada por Moncada Luna, en la que se refiere al fallo de la Sala Quinta, muchos abogados y ciudadanos han quedado preocupados por la forma y contenido de la misiva.

Sostuvo que la interpretación personal del presidente de la Corte lo ha llevado a poner en conocimiento del presidente, Ricardo Martinelli, que “puede proceder al nombramiento inmediato de los tres magistrados” que integrarían la polémica Sala, creada mediante la Ley 32 de 1999 bajo la administración de Ernesto Pérez Balladares, pero derogada ese año por la gestión de Mireya Moscoso.

“No entendemos cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una opinión sobre un tema que se encuentra en un intenso debate político en el país”, destacó.

Para la Alianza, se requiere de un pronunciamiento y que sea el pleno de la Corte el que haga “un llamado institucional a los otros órganos del Estado para que antes de proceder al nombramiento de los magistrados se acuerde un mecanismo participativo y transparente de selección”.

Incluso, Alianza advirtió que es la Corte a la que menos le conviene en este momento alentar la reactivación de una Sala y el nombramiento de magistrados, en medio de un ambiente convulsionado que hoy vive el país, donde “se cuestiona el excesivo poder y control que ejerce el Presidente de la República sobre los tres órganos del Estado”.

“Una reactivación de la Sala Quinta y el nombramiento de magistrados de la Corte, en estos momentos, causará una profundización de la crisis de la administración de justicia y de toda la institucionalidad democrática del país”, agregó.

Por último, la Alianza pidió que, como se sabe que los magistrados hablan por sus fallos, y tomando en cuenta las declaraciones del presidente de la Corte, al margen de la Constitución y la ley, que aclaren si es cierto que hay una orden del Órgano Judicial que debe ser acatada por el Ejecutivo.

LO QUE DICE EL FALLO

El fallo del pleno de la Corte del 25 de enero de 2011, que revivió la Ley 32 de 1999, a través de la cual se creó la Sala Quinta, sí autoriza al Órgano Ejecutivo para que proceda a nombrar a los tres magistrados titulares y suplentes de la nueva instancia.

En efecto, una parte de las consideraciones del pleno, específicamente en la página 62 de las 63 que tiene el documento, dice “se pone en conocimiento de la autoridad nominadora que puede proceder al nombramiento de los tres nuevos magistrados que han de integrar la Sala Quinta, y sus respectivos suplentes”.

Además, aclara que los períodos constitucionales de los magistrados que habían sido nombrados el 1 de enero de 1999 para ocupar la Sala Quinta por 5, 7 y 10 años –Mariblanca Staff, Elitza Cedeño y Oscar Ceville–, culminaron el 31 de diciembre de 2004, 2006 y 2008, respectivamente.

El fallo del pleno, que tuvo como ponente al magistrado Alejando Moncada Luna, también resalta la entrada inmediata de la vigencia de la Ley 32 de 1999.

OTRA DENUNCIA

En tanto, una denuncia por abuso de autoridad y extralimitación de funciones fue presentada ayer en la Secretaría General de la Asamblea Nacional en contra del magistrado Moncada Luna, por parte de dirigentes del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La denuncia fue interpuesta por el abogado Gonzalo Moncada Luna, primo hermano del magistrado Moncada Luna y miembro del equipo jurídico del PRD que fue acompañado por dirigentes de este colectivo, entre ellos su presidente, Francisco Sánchez Cárdenas, y el secretario general, Mitchel Doens.

Gonzalo Moncada Luna explicó que la denuncia en contra del magistrado se da por las declaraciones vertidas por él a través de los medios de comunicación, en la que interviene en el Legislativo diciéndoles a los diputados qué deben hacer en torno al proyecto de ley 402 que buscaba adecuar la Sala Quinta, y por la nota que confirma este hecho (ver facsímil).

Precisó que el Código Judicial establece que es la Sala Cuarta de Negocios de la Corte la que puede comunicarse así con el Legislativo, y no él a título personal, por lo que a su juicio el presidente de la Corte cometió abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Esta es la tercera denuncia presentada en contra del magistrado Alejandro Moncada Luna por el mismo caso. La primera fue presentada el martes por los diputados de la bancada del Partido Panameñista, y la segunda, el miércoles por parte de miembros del opositor Partido Popular.

Gonzalo Moncada Luna presentó otra denuncia contra el magistrado Alejandro Moncada Luna, a título personal, también por abuso de autoridad y extralimitación de funciones, pero en un proceso en el que el magistrado tenía que declararse impedido.

Explicó que por ser primo hermano del magistrado Moncada Luna y habiendo sido él (Gonzalo Moncada Luna) parte de un proceso como defensor del diputado Carlos Afú en el caso Cemis, debió declararse impedido.

Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Mario Miller, informó que la próxima semana esta instancia legislativa analizará esas denuncias para determinar si hay méritos para comenzar un proceso de investigación en contra del magistrado.

Consultado el Órgano Judicial sobre la denuncia presentada contra el magistrado presidente de la Corte, Alejandro Moncada, por el delito de abuso de autoridad, la Secretaría de Comunicación informó que no haría comentarios.

(Con información de José Otero y Juan Manuel Díaz)

Carrasco salvó su voto

El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el 25 de enero de 2011, que revivió la Sala Quinta al declarar inconstitucional la Ley 49 de 1999, que a su vez había derogado la Ley 32 de ese mismo año a través de la cual se creó la instancia, contó con el aval de los magistrados Alejandro Moncada Luna (ponente), Gisela Agurto Ayala (suplente de Oydén Ortega), Gabriel Fernández (suplente de Aníbal Salas), Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora), José Abel Almengor, Víctor Benavides, Virgilio Trujillo (suplente de Alberto Cigarruista), y Delia Carrizo de Martínez (suplente de Harley Mitchell).

Por su parte, el magistrado suplente Luis Mario Carrasco salvó su voto, pues, según su opinión, la Asamblea sí tenía la facultad para derogar la nueva Sala.

“El diseño constitucional permitía a la entonces Asamblea Legislativa derogar la Ley 32 de 1999”, argumentó Carrasco, al tiempo que calificó el fallo como un “salto hacia un vacío normativo, fundado únicamente en los deseos o aspiraciones de autonomía por parte de la Corte”.

Para Carrasco (suplente de Jerónimo Mejía), la sentencia dejó dudas: “¿Si el Órgano Legislativo no puede derogar las Salas de la Corte, siendo el órgano facultado para crearlas, quién puede hacerlo?; “¿si en el futuro se requiere la eliminación de alguna de las Salas, cómo se podría acometer esta tarea?

También opinó que el fallo debió aclarar el mecanismo para devolver la vigencia a la Ley 32.

De acuerdo con el criterio del magistrado, los vacíos de la sentencia confirmaron la necesidad de que se reforme la Constitución, con miras a fijar, dentro de las facultades del Órgano Judicial, todo lo relacionado con las decisiones de presupuesto, estructura, selección de personal, entre otras.

Rafael Luna Noguera

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