LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

La Antai pide el veto del proyecto 305

La zarina anticorrupción sustenta que el artículo 16 del proyecto de ley contradice lo dispuesto en la ‘Constitución’, en sus artículos 19 y 20.

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El proyecto que reforma la Ley 22 de contrataciones públicas fue aprobado en segundo debate el 28 de abril pasado, y al día siguiente pasó el tercer debate. El proyecto que reforma la Ley 22 de contrataciones públicas fue aprobado en segundo debate el 28 de abril pasado, y al día siguiente pasó el tercer debate.
El proyecto que reforma la Ley 22 de contrataciones públicas fue aprobado en segundo debate el 28 de abril pasado, y al día siguiente pasó el tercer debate. Luis García

Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), se unió a las voces de quienes solicitan al presidente Juan Carlos Varela que vete parcialmente el proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de contrataciones públicas, iniciativa que fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado 29 de abril.

En un comunicado, Maytín pide que se vete el artículo 16, que reforma el numeral 8 del artículo 10 de la citada ley, en lo relativo a la última frase “por un Tribunal panameño”, por ser contrario a lo dispuesto en la Constitución, en sus artículos 19 y 20. El artículo 19 dice que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Mientras, el 20 establece que los panameños y los extranjeros son iguales ante la ley.

Maytín sustenta, además, que la norma genera una desigualdad jurídica entre quienes pretenden contratar con el Estado, porque se contrapone el principio de igualdad jurídica de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que consigna la carta magna. “Los contratantes se diferencian en el supuesto que de haber sido declarados responsables por algunos de los delitos descritos en el numeral 8 del artículo 16, solo lo limita si es declarado así por un Tribunal panameño”, agrega.

La Asamblea Nacional rechazó una propuesta de siete diputados que pedían incorporar al proyecto 305 una cláusula que inhabilitaría a las empresas condenadas en Panamá y el extranjero por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico y contra la fe pública.

Esta semana, una veintena de grupos de la sociedad civil también solicitaron a Varela que vete parcialmente la iniciativa. Explicaron que se necesita revisar, por ejemplo, los convenios marco, la regulación de las contrataciones directas, la necesidad de mejorar el sistema de pagos a los proveedores, la estabilidad de los funcionarios de compras, entre otros.

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