Aprueban tratados de extradición

En su sesión de ayer, el Gabinete dio luz verde a acuerdos de extradición y asistencia judicial con Italia, República Dominicana y Cuba.

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Juan Carlos Varela durante el Gabinete. Cortesía de la Presidencia de la República Juan Carlos Varela durante el Gabinete. Cortesía de la Presidencia de la República
Juan Carlos Varela durante el Gabinete. Cortesía de la Presidencia de la República

El Consejo de Gabinete aprobó un tratado de extradición entre Panamá e Italia y otro que compromete a los dos países a ofrecer asistencia judicial en materia penal cuando se requiera.

Igualmente, en la sesión de ayer se avalaron proyectos similares en materia de extradición y asistencia judicial con República Dominicana y Cuba.

Una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación del Estado detalla que el Gabinete autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores a proponer ante la Asamblea Nacional los seis proyectos.

Por ejemplo, el primer proyecto es el que aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de la República de Italia. Ambos países se comprometen a extraditar a la otra parte las personas que se encuentren en su territorio y que sean buscadas por el Estado requirente a fin de dar curso a un procedimiento penal o de ejecutar una condena definitiva.

Igualmente, se detalla que un delito dará lugar a extradición si fuere punible de acuerdo con las leyes de ambas partes, con una pena privativa de libertad de al menos un año.

La persona extraditada de conformidad con el documento, que según la Presidencia será publicado próximamente en Gaceta Oficial, no podrá ser sometida a procedimiento penal, juzgada, detenida para los fines de la ejecución de una condena, ni sometida a cualquier otra medida restrictiva de la libertad personal, en el Estado requirente, por cualquier delito cometido anteriormente a la entrega y distinto del que haya dado lugar a la extradición.

Por otro lado, el Gabinete también aprobó el proyecto de resolución que establece el marco legal de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) del Estado y se crea el Registro Único de Beneficiarios.

Con esta herramienta las autoridades pretenden centralizar y monitorear la incorporación efectiva de los hogares en pobreza y pobreza extrema a los programas sociales del Estado.

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