Apuestan por los jueces de paz

Sociedad civil y autoridades gubernamentales analizan el proyecto de ley que regula la justicia comunitaria en Panamá.
Magaly Castillo, Oydén Ortega, Gina de Sossa y Oscar Ceville. Cortesía/Mingob. Magaly Castillo, Oydén Ortega, Gina de Sossa y Oscar Ceville. Cortesía/Mingob.
Magaly Castillo, Oydén Ortega, Gina de Sossa y Oscar Ceville. Cortesía/Mingob.

Con el fin de promover el desarrollo de una cultura de paz, ayer inició un taller para analizar la propuesta de ley que regula la justicia comunitaria de paz en Panamá.

En esta jornada participan representantes del Ministerio de Gobierno, Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La viceministra de Gobierno encargada, Gina de Sossa, señaló que este proyecto permitirá la transformación de las corregidurías y los juzgados nocturnos en casa de justicia comunitaria.

Manifestó que “los corregidores y jueces nocturnos pasarán a ser jueces de paz apoyados por la utilización de métodos alternos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación, devolviendo a las partes la facultad de resolver por ellas mismas sus controversias”.

Por su parte, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresó que “es un programa con siete años de espera y en cuanto a las figuras de los corregidores en reiteradas ocasiones se ha dicho que tienen que ser abolidas y sigue lo mismo”.

De hecho, este tema es uno de los componentes del Pacto de Estado por la Justicia, un acuerdo para mejorar la justicia suscrito en 2005 entre los tres órganos del Estado.

“Vivimos en un país donde la violencia nos está acabando y seguimos con las mismas instituciones, haciendo las mismas cosas, y tiene que haber un cambio mediante una justicia de paz creando centros de mediación comunitaria”, recalcó la dirigente.

“El país necesita a gritos trabajar en el tema de ´no a la violencia´ porque lo que estamos viendo en las calles es violencia todos los días,” agregó Castillo.

Se informó que este proyecto propone una justicia rápida, gratuita, basada en principios de equidad, transparencia, independencia y de justicia con absoluto respeto de los derechos humanos, garantías individuales y colectivas establecidas en la Constitución Nacional.

Igualmente, reconoce la justicia tradicional impartida por las autoridades comarcales del país.

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