salvamento de voto en fallo contra carlos afÚ

Araúz rompe consenso en TE

Exmagistrados y líderes de la sociedad civil organizada criticaron la posición del magistrado Heriberto Araúz en el fallo sobre el circuito 7-1.
El magistrado Heriberto Araúz (al centro) llegó al Tribunal Electoral en 2012 mediante el nombramiento que le otorgó la Corte Suprema de Justicia, presidida en ese entonces por Alejandro Moncada Luna. LA PRENSA/Archivo. El magistrado Heriberto Araúz (al centro) llegó al Tribunal Electoral en 2012 mediante el nombramiento que le otorgó la Corte Suprema de Justicia, presidida en ese entonces por Alejandro Moncada Luna. LA PRENSA/Archivo.
El magistrado Heriberto Araúz (al centro) llegó al Tribunal Electoral en 2012 mediante el nombramiento que le otorgó la Corte Suprema de Justicia, presidida en ese entonces por Alejandro Moncada Luna. LA PRENSA/Archivo.

La divergencia de opinión del magistrado Heriberto Araúz frente al criterio de sus dos colegas titulares del Tribunal Electoral (TE), en la anulación de la elección de Carlos Afú como diputado del circuito 7-1, genera críticas de parte de abogados, exmagistrados del TE y dirigentes de la sociedad civil organizada.

ELECCIÓN ANULADA

El pasado 2 de octubre salió a la luz pública la primera decisión del TE en un caso de impugnación de elecciones del proceso electoral 2014.

Sucedió 23 días después de celebrada la audiencia dentro de la impugnación parcial de elecciones en el circuito 7-1, (Las Tablas, Guararé, Pocrí y Pedasí), provincia de Los Santos, interpuesta por el perredista Ovidio Díaz contra Afú.

El TE decretó en su sentencia la nulidad de 15 mesas de votación y también “la nulidad de la proclamación del señor Carlos Agustín Afú Decerega como diputado” para el período constitucional 2014-2019. El TE, en consecuencia, ordenó convocar a elecciones parciales, e indicó que la fecha se fijará mediante un decreto del organismo electoral.

El fallo del TE, motivado en el reconocimiento de que hubo violaciones a la honradez y la libertad del sufragio popular en el 7-1, fue firmado por el magistrado ponente del caso, Eduardo Valdés Escoffery, y por los magistrados Erasmo Pinilla, y Heriberto Araúz. No obstante, este último se acogió a la figura legal del salvamento de voto.

SALVAMENTO POLÉMICO

En un documento de 25 páginas, Araúz calificó como no procedente anular una elección “por hechos irregulares e ilícitos ocurridos durante la campaña electoral antes de celebradas las elecciones” del día 4 de mayo de 2014.

Araúz, quien justificó la extensión de su escrito en la “trascendencia” del caso, dijo que la causal de nulidad de elecciones contenida en el numeral 14 del artículo 339 del Código Electoral, que invocó el impugnante, es aplicable si se prueba que los hechos ilícitos que violaron el derecho al sufragio sucedieron el mismo día de las elecciones, el 4 de mayo de 2014.

La norma citada señala que se celebrarán otros comicios , si el demandante llegase a probar “la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución Política y en el Código Electoral”. Araúz opina que las causales del artículo 339 deben ocurrir el mismo día de la elección, “no antes ni después”.

El magistrado se explicó así: “todos aquellos actos ocurridos antes de celebradas las elecciones, como por ejemplo, el desvío de fondos públicos hacia las juntas comunales y otras entidades públicas y su utilización ilegítima a favor de determinados candidatos o partidos políticos, de probarse, constituyen un hecho aborrrecible”. No obstante afirmó que “el procedimiento administrativo especial de nulidad de una elección o proclamación”, como la interpuesta contra Afú, “no es el escenario idóneo” , a menos que las prácticas ilegales hayan ocurrido “el día de la celebración de las elecciones”, reza el salvamento.

Fuentes forenses indicaron que el salvamento de voto de Araúz rompe el consenso del TE, porque desconoce la jurisprudencia de ese órgano que data de 2004.

En ese año, ese organismo falló a favor de anular la elección de Haydeé Milanés de Lay como diputada en el circuito 5-1, en Darién por uso de recursos estatales en proselitismo político. El TE reiteró este criterio en 2012, al ordenarse nuevas elecciones en El Bebedero, Tonosí en Los Santos, por la misma causa.

REBATEN CRITERIO

Consultado sobre el salvamento de voto , el exasesor legal del TE y abogado litigante, Javier Ordinola, señaló que entre las garantías constitucionales que se encuentran en el numeral 14 del artículo 339 del Código Electoral, que interpreta Araúz como aplicables el día de las elecciones, se encuentran la igualdad y la libertad.

“No sé si él (Araúz) no se da cuenta de que esas dos garantías han sido violadas. Él se va mucho al sentido literal, me recordó mucho al alegato del abogado Sidney Sittón que decía que las 14 causales hablaban del día de las elección. Sittón ha defendido a varios impugnados postulados por el partido Cambio Democrático.

Ordinola hizo hincapié en que el día de su próxima audiencia va a explicarle a Araúz lo siguiente: “El elector no va a la urna pensando que ese día va a tomar una decisión, ya que tiene definido por quién va a votar y hay influencias externas legales e ilegales”.

Para el abogado, pese a que parte de la población emite un voto informado, “hay un sistema clientelista que hace que la gente vaya y vote porque se le dio un regalo”.

Dijo que Araúz “se está olvidando que la fuente de derecho no solamente es la Ley; también lo es la jurisprudencia electoral, los antecedentes”, acotó.

Araúz, al utilizar un criterio excesivamente legalista, está olvidando que la Constitución le da al TE la facultad de interpretar la Ley Electoral, señaló.

“Él [Araúz] piensa que las causales del artículo 339 son taxativas y que el TE no puede interpretar el alcance de las mismas”, acotó el abogado.

El artículo 142 de la carta magna estipula que el TE es un órgano autónomo e independiente, con la facultad de interpretar “privativamente la Ley Electoral”.

Ordinola cree que en la Ley electoral no aplica el adagio de “el que hace la Ley, hace la trampa”, porque si fuera el primer caso en donde los magistrados pudieran estar interpretando algo, alguien podría alegar que son decisiones políticas”, mas hay antecedentes, por lo cual “no es el caso”, indicó el jurista.

´LAS NORMAS ESTÁN AHÍ´

El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado recalcó que el numeral 1 del artículo 136 de la Constitución prohíbe “el apoyo oficial, directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular, aún cuando fueren velados los medios empleados para tal fin” y “no dice que esa garantía constitucional es para el día de las elecciones, es para todo el proceso electoral”. Las elecciones “no se celebran solamente un día sino desde cinco o seis meses antes”. Las garantías constitucionales rigen durante todo el proceso electoral, agregó.

Las normas están ahí, reitera Márquez Amado, quien asevera que “el fiscal electoral no hizo su trabajo y el presidente [Ricardo Martinelli] no respetó las normas constitucionales ni [las] legales; los ministros de Estado estuvieron distribuyendo cosas a lo que daba el tejo, utilizando los recursos del Estado para favorecer a las candidaturas de su partido”. Las normas están ahí, lo que él (Araúz), está haciendo es pasarlas por alto, “como un gran pase de toreo”, comparó.

Márquez Amado cree, a diferencia de Araúz, que un proceso de impugnación es algo mucho más grave que un mero proceso administrativo. Se trata de un proceso de derecho público de carácter electoral, dijo.

Explica que para avalar una impugnación se puede alegar perfectamente la violación de garantías constitucionales.

Esto no es una característica de un proceso por una mera falta administrativa , señaló. “Las faltas administrativas no están previstas para la infracción de normas constitucionales”, dijo.

BALANCE DE FUERZAS

El magistrado Araúz vino a llenar el espacio que dejó el exmagistrado Gerardo Solís al vencerse su período en 2012. Antes de llenarse la vacante, la sociedad civil exigió que se designara a un profesional independiente.

Araúz fue director de asesoría legal de la Secretaría de Transparencia del Ministerio de la Presidencia en 2010.

Un año antes de ocupar el cargo de magistrado en el TE, Araúz se pronunció a favor de la reelección presidencial inmediata en una consulta elevada a la Fiscalía Electoral en febrero de 2011. Para ese tiempo Martinelli abanicaba sus aspiraciones reeleccionistas.

Dos meses después, el entonces presidente, Ricardo Martinelli, lo nombró en la Comisión de Reformas a la Constitución. En 2012, la CSJ, presidida por el magistrado Alejandro Moncada Luna, designó a Araúz como magistrado del TE por 10 años.

Hasta el mes pasado Araúz, quien funge como magistrado vocal del TE, había avalado las decisiones suscritas por sus homólogos Pinilla y Valdés, magistrados presidente y vicepresidente, respectivamente.

El Código Electoral no norma expresamente el balance de fuerzas requerido para que se apruebe una decisión del TE no consensuada. No obstante, remite los temas procesales al Código Judicial de forma supletoria, el cual exige mayoría en las decisiones de los tribunales colegiados.

TE responsabiliza a la Contraloría

“La Contraloría ha contribuido a la apertura de cuentas bancarias donde sabía que se iban a manejar recursos públicos fuera de control por parte de funcionarios de elección que iban a tener la facultad de utilizarlos a su discreción y para beneficio electoral, so pretexto de que serían utilizados al amparo de una noble definición como proyectos de interés comunitario”.

Lo anterior se destaca en el fallo dictado por Tribunal Electoral (TE), el cual anula la proclamación de Carlos Afú como diputado del circuito 7-1.

El fallo, firmado por los magistrados Eduardo Valdés Escoffery (ponente del caso) y Erasmo Pinilla, cuestiona el pobre rol de la Contraloría en el manejo de estas cuentas por parte de políticos y sin el control previo de la entidad. Aseguraron los magistrados que no basta con que se aprueben reglamentos para la ejecución de proyectos como el que se hizo a través de la alcaldía de Río de Jesús, “sino que la normativa debe ser verificada por terceros confiables... Este rol, agrega, bería ser el “de la Contraloría General de la República, pero lamentablemente en los últimos cinco años ha ocurrido todo lo contrario”.

La sentencia determinó que Afú tuvo, a su exclusiva disposición, $4.1 millones provenientes de fondos estatales, incluyendo $1.4 millón para el proyecto de interés comunitario.

Destaca que “democracias mejor cimentadas en el continente como la de Costa Rica y México, por estos mismos vicios, han zanjado la situación con la prohibición absoluta de la reelección inmediata en todos los cargos de elección popular. ¿Se justifica esta radical solución?” , se preguntan los magistrados. A esta interrogante responden que al parecer no hay otra salida para combatir “el pernicioso clientelismo y la ventaja que desde un cargo público importante tiene el que lo está ejerciendo. Más aún si es parte del gobierno. Y es porque ello rompe el fundamental principio de la democracia -que es la equidad en la competencia- y la igualdad de oportunidades. Todos los ciudadanos deben ser realmente iguales ante la ley”.

Carlos alberto vargas

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