TRAS CINCO AÑOS DEL INCENDIO DEL BUS 8B-06, SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS RECLAMAN INDEMNIZACIONES

Aspiración que no cristaliza

Mientras la Sala Tercera ha rechazado nueve demandas, una corte en Kansas, Estados Unidos, admitió una y los peritos vienen en noviembre.

Transcurridos cinco años de la tragedia del bus 8B-06, en la que murieron carbonizadas 18 personas, los sobrevivientes del hecho y los familiares de las víctimas no han visto cristalizadas sus aspiraciones de una indemnización por parte del Estado, al que responsabilizan por lo sucedido, tanto como al dueño y conductor de la unidad, que ya pagaron con cárcel.

En todo este tiempo, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha negado nueve demandas interpuestas por las familias de los 18 fallecidos y algunos de los sobrevivientes, a través de las cuales pretendían compensaciones que en conjunto suman 169 millones de dólares.

Al mismo tiempo, otras cinco demandas permanecen sin resolución en la Sala, las cuales suman otros 110 millones de dólares.

Pero según explicaron fuentes del Órgano Judicial, estos últimos reclamos podrían correr la misma suerte que los primeros, debido a que con las sentencias previas ya se ha sentado jurisprudencia.

El magistrado ponente de las demandas pendientes es uno solo: Alejandro Moncada Luna.

Registros

De las nueves demandas negadas, una, presentada por el sobreviviente Raúl Rodríguez Morales, ni siquiera fue admitida por la Sala, ya que pasó el término de prescripción, calculado en un año desde que ocurrió el hecho hasta el momento en que fue presentada, el 26 de agosto de 2009.

En tanto, las fuentes consultadas precisaron que la demanda presentada por Moisés Santoya, quien en los hechos perdió a su madre, Melva Sánchez, ya fue rechazada, pero está pendiente de que le hagan una corrección a la resolución final.

Pese a lo anterior, el resultado no cambiará, según se explicó.

Los argumentos de los magistrados para negar las demandas son los mismos: que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no falló en la prestación del servicio público de transporte terrestre, dado que este es prestado por una concesionaria que lo explota por su propia cuenta y riesgo.

Además, que lo ocurrido al bus 8B-06 no fue consecuencia de la falta de regulación y control por parte de dicha entidad.

En cuanto a la responsabilidad del Banco Nacional de Panamá, invocada por las familias de las víctimas por haber asignado 30 millones de dólares para la modernización del sistema de transporte público, con los que fue comprado el 8B-06, los fallos citan la Ley 4 de 2006, que regula esa entidad bancaria y establece en su artículo 32 que es “optativa” la inspección de los bienes dados en garantía a su favor.

DISCONFORMES

David Ramírez, presidente del Movimiento 23 de octubre y quien perdió a su hijo –del mismo nombre– en el incendio del bus, mostró su disconformidad con los fallos que se han dado, porque no fueron en derecho. “Son fallos basados en el momento y emoción de los magistrados”, denunció.

Ramírez considera que hay responsabilidad de la empresa que importó los buses, de los que trajeron el gas inflamable usado en el aire acondicionado y de los que instalaron incorrectamente ese aparato.

Según Ramírez, es injusto que en Panamá solo se haya condenado a los hermanos Ariel y Próspero Ortega, dueño y conductor del bus, quienes pagaron una pena de tres años y cuatro meses de prisión dictada por el Juzgado Primero Penal.

“Hay más involucrados en esta cadena de terror, esto fue la crónica de una muerte anunciada; todos sabían que estaban mal, pero el dinero los segó y nos causaron la desgracia que estamos pagando de por vida”, dijo.

Por su parte, Edgar Escartín, quien perdió a su esposa, Zuleyka Cedeño, y a sus hijos, Alvin y Josué, confesó que se siente agradecido con Dios, porque ha vuelto a rehacer su vida.

Se volvió a casar con Guadalupe Rodríguez y tiene un hijo de cuatro meses, Edgar Asaf, que según un pasaje bíblico significa “escogido por Dios”.

Escartín reconoció que el sistema de transporte ha mejorado con la entrada en operación del Metro Bus, pero cree que aún falta mucho por arreglar, no solo de parte de los conductores, sino también de los usuarios.

Para Ramírez, el hecho de tener un bus de primer mundo, con altos estándares de calidad y un conductor certificado, con una empresa que administra el servicio, es síntoma de que se avanza, aunque no a la velocidad deseada, porque faltan las paradas, piqueras y otros detalles.

Van a la CIDH

El abogado Víctor Martínez, representante de varios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, anunció que el próximo martes acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, para interponer 11 demandas en representación de los sobrevivientes Lidia Atencio, Luis Contreras y nueve familiares de los muertos en el incendio.

Detalló que pedirá la condena del Estado panameño y el pago de indemnización para los afectados, por la responsabilidad en la mala prestación del servicio de transporte, misma que ha sido rechazada por la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, a comienzos de noviembre próximo un grupo de funcionarios de la Corte de Finney, Kansas, Estados Unidos, llegará a Panamá para analizar las evidencias recabadas por el Instituto de Medicina Legal.

Martínez presentó una demanda en esa corte contra las empresas Northcoutt, Inc. y Oz Technology, Inc. productores del gas Hc-12A, que fue utilizado en el aire acondicionado del 8B-06.

Según la demanda, dicho gas es altamente inflamable y en Estados Unidos está prohibida su comercialización en vehículos.

Explicó que los funcionarios de la Corte de Kansas también analizarán la idoneidad y el procedimiento utilizado por los químicos de Medicina Legal para establecer las causas del hecho.

También analizarán los protocolos utilizados por los forenses en el trabajo de campo, para verificar las causas del siniestro.

La Corte de Finney admitió la demanda presentada por los familiares y sobrevivientes del incendio del 8B-06 y abrió la fase de práctica de pruebas.

En la diligencia estarán presentes abogados de las empresas demandadas y peritos particulares.

Actividades

El Movimiento 23 de octubre tiene programado para mañana domingo una misa a las 10:00 a.m. en la iglesia Don Bosco, que será dirigida por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

Concluida la misa, se hará una caminata desde la iglesia Don Bosco hasta la vía Martín Sosa, donde se efectuarán actividades culturales relacionadas con la seguridad vial.

Hoy sábado en Doleguita, Chiriquí, se inicia un torneo cuadrangular de fútbol que termina mañana, domingo, en Boquete y que fue organizado por Edgar Escartín, en memoria de sus hijos.

En el torneo, participan 16 equipos de la capital y de Chiriquí, de las categorías sub 9, sub 11, sub 13 y sub 15, entre los que se incluye el club cristiano deportivo JAZ (iniciales de Josué, Alvin y Zuleyka), dirigido por Escartín.

(Con información de Juan Manuel Díaz C.)

Cifras fueron negadas

Al solicitar las cifras de muertes por accidentes de tránsito, el vocero de la Policía Nacional, Jairo Polo, informó que a pesar de que la institución es la encargada de recopilar esas estadísticas, las mismas no se pueden proporcionar por órdenes del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

Polo señaló que las estadísticas son enviadas al Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) y que ese ente debe dar las cifras a los medios.

Alfredo Franceshi, jefe de relaciones públicas del Ministerio de Seguridad, aclaró que es falso que Mulino haya dado esa orden, debido a que el SIEC está dando las estadísticas de homicidios periódicamente y no hay razón para negar las cifras de víctimas de accidentes de tránsito.

Franceshi acotó que la Policía Nacional es la que debe dar esa información, porque el SIEC solo maneja estadísticas de delitos y hechos criminales, no casos de tránsito.

Araceli Casanova, directora del SIEC, respondió a través de un correo electrónico que la entidad a su cargo “no lleva estadísticas de accidentes de tránsito; solo registramos los casos producto de la delincuencia”.

“Le recomiendo que se dirija al Tránsito de la Policía, que ellos tienen un departamento de estadísticas”, agregó en el correo.

Las cifras de muertes por accidentes de tránsito de 2006 a 2009, que aparecen en la gráfica, fueron obtenidas del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Las del año 2010 son las que divulgó la Policía Nacional en un comunicado, el 1 de enero de este año; mientras que las de 2011 siguen siendo un misterio.

Rubén Polanco

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