FUNCIONARIOS SE ACOGIERON AL DECRETO 52, que ya fue derogado

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de pagos oportunos

La entidad, bajo la dirección de Sara Moreno hizo efectivo el decreto, ya derogado, que blindó la planilla en el gobierno de Ricardo Martinelli.

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La directora de Ampyme, así como la directora de Finanzas y la ex jefa de Recursos Humanos de la institución, entre otros funcionarios, recibieron el pago de su prima de antigüedad. Presentaron su renuncia el 30 de junio. La directora de Ampyme, así como la directora de Finanzas y la ex jefa de Recursos Humanos de la institución, entre otros funcionarios, recibieron el pago de su prima de antigüedad. Presentaron su renuncia el 30 de junio.
La directora de Ampyme, así como la directora de Finanzas y la ex jefa de Recursos Humanos de la institución, entre otros funcionarios, recibieron el pago de su prima de antigüedad. Presentaron su renuncia el 30 de junio.

Con una celeridad atípica de una institución gubernamental, a finales del mes de junio, tres días después de que el entonces mandatario Ricardo Martinelli firmara el decreto que blindaba la planilla estatal –derogado ya por el presidente Juan Carlos Varela– la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) pagó a sus directivos prestaciones labores, incluyendo primas de antigüedad, tras la renuncia a sus cargos.

Así revelan documentos, cheques y confirmaciones de depósitos bancarios a los que este medio tuvo acceso.

Ampyme desembolsó a ocho funcionarios casi 65 mil dólares, tras presentar sus respectivas cartas de renuncia en la última semana de junio, víspera del cambio de gobierno.

Si bien el monto parece ser poco, pudo haber sumado millones de dólares el pago de prestaciones laborales tras la masiva renuncia de funcionarios de puestos de confianza en el Gobierno luego de la derrota electoral de Cambio Democrático (CD).

En total, Ampyme hizo 26 desembolsos, pagados así: 4 el 20 de junio de 2014, otros 4 el 26 de junio, y 18 el 30 de junio, último día del gobierno de Ricardo Martinelli.

Estos pagos, explicó la hoy administradora de Ampyme, Ada Romero, fueron exclusivos para la plana mayor de la entidad y fueron programados para el día en que Martinelli firmara el Decreto No. 52 de 26 de junio de 2014, que reglamentaba las leyes 39 y 217 que reconocían indemnizaciones a los funcionarios que renunciaran o fueran despedidos.

Dicho decreto indicaba que “toda entidad del Estado deberá incluir en sus respectivos presupuestos anuales las sumas necesarias para hacer efectivo el pago de los salarios, vacaciones, décimo tercer mes proporcionales, bonificaciones y cualquier otra prestación a que tenga derecho el servidor público desvinculado del servicio”.

Si bien hay quienes justifican el pago de estas prestaciones, para el excontralor Carlos Vallarino estas acciones estaban “revestidas de un manto de politiquería” y es el “reflejo del constante abuso en la administración de los fondos públicos”.

LOS BENEFICIADOS

Recibieron pagos de prestaciones varios puestos clave, como la Dirección de Ampyme –por entonces a cargo de Sara Moreno–, y los jefes de la regional de Darién, de Planificación, de Finanzas, Recursos Humanos, de Desarrollo Empresarial y de Bienestar Social. Incluso, recibió indemnización la viuda del subdirector de Ampyme, todos firmados y autorizados por Sara Moreno, que, como se dijo, encabezó la lista de los indemnizados.

Curiosamente, en Ampyme no existe un Departamento o Dirección de Bienestar Social, cargo por el que su “ titular” recibió 8 mil dólares, entre vacaciones resueltas y proporcionales.

La Prensa trató de contactar a Sara Moreno mediante cuatro mensajes en redes sociales, pero no los respondió a pesar de haberlos revisado.

En contraposición, funcionarios de otras instituciones estatales no tuvieron la suerte de contar con la diligencia de los funcionarios de Ampyme. Únicamente se les ha reconocido vacaciones, ya que la Contraloría arguyó que el pago de las prestaciones no procedía tras la derogación de las normas relativas a ese asunto.

Hubo servidores públicos que, advertidos de que una renuncia a última hora no garantizaba el pago de estas prestaciones, renunciaron dos meses antes del cambio de gobierno.

Romero dijo que consultaría el tema con el Ministerio de Trabajo (Mitradel) para decidir cómo proceder.

El secretario general del Mitradel, Samuel Rivera, respondió que “esos pagos son responsabilidad de ellos [Ampyme]...”. Cada institución –explicó– paga a sus trabajadores los derechos adquiridos, entre vacaciones, décimo tercer mes, según manejen su presupuesto.

Explicó que “es casi imposible, ni en el sector privado, pagar un despido o los derechos adquiridos a cinco días de haber despedido a la persona”. La prima de antigüedad cobrada por funcionarios de Ampyme –dijo– no se paga en el sector público.

El derogado decreto también obligaba al pago de las prestaciones laborales el mismo día en que se despedía o renunciara un funcionario, pero “en el sector público es casi una utopía”, explicó.

¿Dónde están los millones de dólares de Capital Semilla?

Capital Semilla, el proyecto insignia de Ampyme, comprometió 10.3 millones de dólares de presupuesto entre 2009 y 2014, según cifras de la actual administración. Los resultados de esta inversión –similar al presupuesto de funcionamiento de los últimos cinco años de la entidad– es un misterio.

Este programa consistía en capacitar durante 40 horas a un emprendedor en gestión empresarial tras presentar un plan de negocios. A cada emprendedor, Ampyme entregaba un capital semilla de hasta mil dólares.

Gremios de microempresas criticaron el programa. Alegaron que se desperdiciaban millones de dólares en un plan que tenía un fin político: que el entonces partido gobernante Cambio Democrático (CD) ganara adherentes.

Según documentos del gobierno, publicados en la página web de Ampyme y otros facilitados a La Prensa, este programa entregó dinero a unas 6 mil 500 personas, 2 mil 500 de ellas inscritas en CD.

Para ser parte del programa, el emprendedor debía contar con un negocio con aviso de operación, según los requisitos de Ampyme, pero menos de 3 mil de estas supuestas microempresas tienen dicha certificación, de acuerdo con el cruce de cédulas de los emprendedores con datos de Panamá Emprende, organismo que emite los avisos de operación.

Es decir, el 56% del dinero del capital semilla fue a parar a manos de 3 mil 763 personas que no calificaban y son trabajadores informales.

Ada Romero, administradora de Ampyme, dijo sobre tales empresarios que “no pagan seguro social, no existen, no son sujetos de crédito”, por lo que se regaló el dinero del Estado.

Dado que la pasada administración no informó el monto desembolsado a todos los beneficiarios, se promedió en poco más de 600 dólares lo entregado a cada una de esas 3 mil 763 personas, lo que representó un gasto de, al menos, unos 2.3 millones de dólares.

En total, se calcula que se entregaron 4.1 millones de dólares a poco más de 6 mil personas.

Ello sin contar con que los “kits empresariales” comprados para Capital Semilla implicaron un gasto de 30 millones de dólares y su manejo fue muy similar al controvertido Programa de Ayuda Nacional, (con sobreprecios y con fines políticos), explicó el equipo auditor.

“Los diputados daban listas de las personas” para beneficiarse con un “kit o capital semilla”, aseguraron.

“Las evidencias han sido depredadas...”, explicaron los auditores.

Se desconoce cómo se destinaron los 6 millones de dólares restantes del presupuesto del programa.

Sara Moreno, ex administradora de Ampyme, y su antecesora Giselle Burillo no respondieron los nueve mensajes en redes sociales, correos electrónicos y llamadas a sus celulares.

Mary Triny Zea

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