GUATEMALA

CIDH pide mejoras a sistema de justicia

El organismo pidió más recursos para la Fiscalía y para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales (Izq.), recibe el informe de la CIDH sobre Guatemala de manos del jefe del organismo, James Cavallaro. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales (Izq.), recibe el informe de la CIDH sobre Guatemala de manos del jefe del organismo, James Cavallaro.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales (Izq.), recibe el informe de la CIDH sobre Guatemala de manos del jefe del organismo, James Cavallaro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Guatemala a intensificar el combate a la impunidad y la corrupción, luego de la crisis política de 2015 que puso fin al gobierno de Otto Pérez, informó ayer el organismo.

“La comisión ha llamado reiteradamente la atención en sus informes sobre Guatemala acerca de la existencia de una impunidad estructural en el sistema de justicia guatemalteco que debilita el Estado de Derecho. La Comisión Interamericana exhorta al Estado a continuar el camino para superarla”, detalló la CIDH en un informe.

Alertó que la impunidad de los delitos de homicidio fluctuó entre 98.4% y 99.1% entre los años 2008 y 2014, lo que refleja los problemas de “falta de idoneidad” en los encargados de la justicia.

El año pasado, Guatemala enfrentó una crisis institucional luego de que el entonces presidente Otto Pérez (2012-2015) y la vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora presos y a la espera de juicio, fueron señalados como cabecillas de una red que cobraba sobornos a empresarios.

La CIDH llamó a que se otorguen los recursos necesarios con el fin de que haya un adecuado funcionamiento de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrito a la ONU, entidades que revelaron este y otros escándalos de corrupción, junto a una serie de medidas para mejorar el sistema de justicia.

La presentación del informe ocurre durante la visita al país del presidente de la CIDH, James Cavallaro, quien sostuvo una reunión con el gobernante guatemalteco Jimmy Morales.

El gobernante se comprometió con Cavallaro a implementar acciones de cambio para que en el siguiente estudio se “refleje lo que en realidad es Guatemala”.

Respecto al tema de seguridad ciudadana, la CIDH en su informe criticó el uso del ejército en el combate de la criminalidad.

“El entrenamiento y preparación de las Fuerzas Armadas está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”, precisó el estudio.

La CIDH observó también el resurgimiento, en 2015, de las desapariciones ligadas principalmente al crimen organizado, la “grave problemática de los linchamientos y el uso desmesurado y poco supervisado de la seguridad privada”.

Según el informe que cita cifras de Naciones Unidas, Guatemala es uno de los países más violentos de Latinoamérica, con una tasa de 39.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, solo superados por Honduras, Venezuela, Belice y El Salvador.

Las autoridades guatemaltecas estiman que la mitad de las muertes violentas está asociada a la operación del narcotráfico y las pandillas.

La CIDH observó además “que continúa la falta de regulación y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas”.

Tras la presentación del informe, Cavallaro dijo en rueda de prensa que espera que no se repliquen ataques contra ambientalistas en Guatemala y Centroamérica luego del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras.

PRISIÓN PREVENTIVA

Un juez ordenó el viernes pasado que la exvicepresidenta Baldetti y su hermano Mario vayan a prisión preventiva mientras la fiscalía investiga un negocio que habría resultado en un fraude para el Estado.

Baldetti ya se encuentra en prisión preventiva por otro caso de corrupción. Con la nueva orden no podrá salir de la cárcel si la primera orden es revocada.

El jueves, el juez Arnoldo Orellana ligó al proceso a los Baldetti y a 13 personas más acusadas de asociarse ilícitamente en 2015, con el fin de realizar un negocio para la adquisición de un líquido que limpiaría la contaminación del lago de Amatitlán, uno de los sitios turísticos más importantes del país. Una compañía vendió el líquido que fue vertido en el lago, pero al analizarlo se determinó que era agua, sal y sodio.

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