ANUNCIAN MANIFESTACIONES EN SEMANA SANTA EN VENEZUELA

CIDH urge a garantizar libertades

El organismo pidió a Maduro respetar los derechos políticos y de reunión pacífica, y la libertad de expresión.

Detienen a siete por vandalismo

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La oposición venezolana realizó ayer el llamado ‘firmazo’, una jornada de recolección de firmas para pedir a la Defensoría del Pueblo la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo. La oposición venezolana realizó ayer el llamado ‘firmazo’, una jornada de recolección de firmas para pedir a la Defensoría del Pueblo la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo.
La oposición venezolana realizó ayer el llamado ‘firmazo’, una jornada de recolección de firmas para pedir a la Defensoría del Pueblo la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo. Carlos Becerra

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó ayer al Gobierno de Venezuela a abstenerse de exigir autorización previa para la realización de manifestaciones públicas u otros requisitos excesivos que dificulten su realización, a excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas, y a abstenerse de incurrir en detenciones masivas o indiscriminadas y cumplir con todos los requisitos impuestos por las leyes internas y los estándares internacionales en las detenciones que efectúen en contextos de protesta social.

Se trata de 3 de las 12 peticiones que el organismo multilateral efectuó al gobierno de Nicolás Maduro en un comunicado divulgado a través de su sitio web, en el que también expresó su preocupación por las “declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y amenazas de persecución penal en contra de manifestantes y líderes políticos y sociales”.

El pronunciamiento llegó tras varios días de violenta represión que han dejado como saldo dos muertos, uno de ellos un joven de 19 años el pasado lunes, en el estado de Valencia, algo que el organismo pide al gobierno de Nicolás Maduro investigar, a fin de establecer si se trató de una ejecución extrajudicial.

De hecho, la Fiscalía informó que comisionó a dos fiscales para investigar la muerte del universitario en Valencia. Daniel Queliz recibió un impacto de bala en el cuello mientras se manifestaba frente al conjunto residencial Los Parques, donde se presentaron los policías.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), también se refirió a la actuación “discriminatoria” de las fuerzas del orden para obstaculizar y dispersar con gases lacrimógenos manifestaciones opositoras en Caracas, mientras permitía que simpatizantes del Gobierno se concentraran sin problemas en apoyo a Maduro. También denunció la presencia de grupos de civiles armados que arremetieron contra los opositores, incluyendo diputados.

Al condenar “las prácticas de violencia”, también alertó que ello no justifica la restricción de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza.

“La Comisión ha enfatizado que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia, debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio”, señala el comunicado.

También reaccionó ante la represión de los últimos días, el vocero en funciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, quien expresó su preocupación por los hechos y pidió que se convoque sin demora a elecciones presidenciales, que se libere a los presos políticos y que se respete la Constitución y la Asamblea Nacional.

Toner además instó a los manifestantes a que expresen su descontento de manera pacífica y al Gobierno a que no impida las protestas.

El funcionario expresó su agrado por el consenso logrado en el Consejo Permanente de la OEA el pasado 3 de abril, cuando 15 países aprobaron una resolución en la que se declaró una ruptura del orden constitucional en Venezuela.

Toner exhortó igualmente a que se levante la inhabilitación política por 15 años dictada contra el líder opositor Henrique Capriles y garantizar a los venezolanos su derecho a elegir.

Según la oenegé Foro Penal Venezolano, en los últimos días han sido arrestadas 281 personas, de las cuales 134 aún están en prisión. Su director ejecutivo, Alfredo Romero, informó en Twitter que el lunes pasado fueron detenidas 83 personas y que 28 de las 29 personas detenidas ese día en Caracas siguen en la sede del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas.

MANTIENEN PRESIÓN

Mientras las reacciones siguen surgiendo, la oposición prevé mantener la presión en las calles. En la madrugada de ayer, el presidente de la Asamblea, Julio Borges, y un grupo de diputados se presentaron a la Comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para entregar una nota.

Allí les recordaron a los uniformados que el artículo 29 de la Constitución estipula: ”El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

En los alrededores de la sede militar Borges calificó la actuación de la GNB como “desproporcionada” y “absurda”, porque tiene lugar contra “un pueblo que lo único que quiere es votar”.

El también diputado opositor del partido Primero Justicia señaló que la Constitución prohíbe a la fuerza pública utilizar gases tóxicos para disuadir las manifestaciones, en alusión a los gases lacrimógenos vencidos que lanzaron durante la protesta del sábado pasado.

Otra actividad que tuvo lugar fue una reunión entre líderes sociales y la directiva de la Asamblea. Una nota de prensa del legislativo indica que fue la instalación de la primera sesión de trabajo a propósito de “consolidar un espacio de articulación permanente (...) para trabajar mancomunadamente en defensa de la ‘Constitución’, desarrollando agendas de trabajo y acciones por sector para restituir el orden constitucional”. Esta iniciativa también aspira a que los sectores sociales que asistieron ejerzan vocería internacional, para demostrar que lo que se está dando no es una lucha de partidos por el poder, sino una sociedad atacada por el gobierno.

Por otra parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, denunció ayer en Twitter supuestos ataques de manifestantes opositores contra las sedes de su despacho en seis ciudades del país, mas no precisó cuándo ocurrieron las agresiones.

Desde el pasado 1 de abril, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara dos sentencias en las que desconoció la inmunidad parlamentaria, dio poderes ilimitados a Maduro y asumió las funciones del Parlamento –decisiones que fueron parcialmente revertidas días después–, la oposición volvió a las calles para denunciar un golpe de Estado institucional, exigir la destitución de los magistrados y el llamado a elecciones.

La destitución de los magistrados requería por ley la calificación previa de “falta grave” por parte del Consejo Moral, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría. Dos de esos organismos rechazaron enjuiciar a los magistrados, aunque no se informó cuál de ellos aportó el segundo voto.

Ayer, durante la jornada de recolección de firmas en el estado Táchira para exigir la destitución de los magistrados hubo represión con saldo de heridos, denunció el diputado de ese estado Juan Requesens, quien anunció que las protestas continuarán en Semana Santa.

(Con información de El Nacional y la agencia AFP.)

Detienen a siete por vandalismo

Siete personas se encuentran detenidas por su presunta participación en los destrozos originados en la parte exterior de la sede administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en el municipio de Chacao, del estado Miranda, reportó ayer Venezolana de Televisión.

La información, confirmada por el Ministerio Público, precisa que los cargos que afrontan los detenidos son incendio, daños violentos, intimidación pública y agavillamiento.

La fiscalía le impuso los mismos cargos a dos menores, de 15 y 17 años, aunque a estos les aplicó una medida  de presentación cada 15 días y la prohibición de ir a marchas.

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