fallo

CSJ: Asilo a Hurtado es ilegal

Con una votación de 8 a 1, el pleno de la Corte Suprema declaró inconstitucional el beneficio dado en 2010 a María del Pilar Hurtado.
En 2010, María del Pilar Hurtado (Izq.) salió de la Cancillería en Panamá, acompañada del ministro de la cartera en ese entonces, Álvaro Alemán. LA PRENSA/Archivo. En 2010, María del Pilar Hurtado (Izq.) salió de la Cancillería en Panamá, acompañada del ministro de la cartera en ese entonces, Álvaro Alemán. LA PRENSA/Archivo.
En 2010, María del Pilar Hurtado (Izq.) salió de la Cancillería en Panamá, acompañada del ministro de la cartera en ese entonces, Álvaro Alemán. LA PRENSA/Archivo.

En una sesión ordinaria de más de tres horas, ayer el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el asilo territorial otorgado en 2010 a María del Pilar Hurtado, exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe.

La decisión se dio al debatir ayer una demanda de inconstitucionalidad interpuesta en 2011 por los abogados Ángel Álvarez y Paulo Vega, informaron fuentes judiciales.

El magistrado ponente de la demanda, Harley Mitchell, sometió a debate del pleno el asunto, luego que se dieran más de dos observaciones a su proyecto de fallo.

Dicho debate estaba agendado para el jueves 22 de mayo, pero había sido postergado.

La Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial confirmó que ayer se debatió la demanda de inconstitucionalidad contra el asilo a Hurtado. Sin embargo, indicaron que no podían confirmar oficialmente el resultado, porque la decisión no está en firme.

Ello significa que una vez debatido y sometido a votación el documento, el magistrado Mitchell lo pondrá a circular para firma de sus otros ocho colegas.

Una vez se completen todas las firmas, el fallo será notificado a través de la Secretaría General de la Corte Suprema, por cinco días hábiles, y quedará ejecutoriado. No hay un período de tiempo establecido para recoger las firmas.

Hurtado, exjefa de inteligencia colombiana, está acusada por el escándalo de las “chuzadas” (pinchazos telefónicos) a magistrados, periodistas, abogados y políticos opositores a Uribe. Enfrenta cargos por delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Ayú Prado, impedido

Según la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, Luis Ramón Fábrega, vicepresidente de la Corte Suprema, presidió la sesión del pleno de ayer debido a que el actual presidente, José Ayú Prado, estaba impedido de conocer la demanda contra Hurtado.

Fuentes judiciales precisaron que cuando Ayú Prado fue procurador de la Nación emitió una opinión como parte de la demanda, indicando que el asilo territorial a Hurtado no era inconstitucional.

Además de Ayú Prado, los otros magistrados principales que estuvieron ausentes fueron Alejandro Moncada Luna y Hernán De León.

Concluido el debate, los magistrados Harley Mitchell, Luis Fábrega, Víctor Benavides, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega, Abel Zamorano (suplente de Moncada Luna), Secundino Mendieta (suplente de De León) y Gabriel Fernández (suplente de Ayú Prado) votaron a favor de la inconstitucionalidad del asilo a Hurtado.

Por su parte, el magistrado Harry Díaz fue el único que salvó su voto.

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 301 del 19 de noviembre de 2010, el Gobierno panameño otorgó asilo a Hurtado. Dicha decisión fue firmada por Álvaro Alemán, en ese entonces canciller encargado y recién designado ministro de la Presidencia por el presidente electo Juan Carlos Varela.

Tanto Varela como el presidente Ricardo Martinelli defendieron el asilo.

Desde el 9 de diciembre de 2011, Colombia pidió la extradición de Hurtado. Pero el Gobierno panameño declaró el pedido no viable.

Reacciones

Álvarez dijo que la decisión se sustenta en el respeto a las instituciones democráticas, y es un rechazo a las acciones que atentan contra el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. “Lo que ha hecho la Corte es rectificar una decisión que a todas luces choca con las normas constitucionales y da la razón a quienes abogan por el respeto a los derechos humanos”.

Señaló que ahora el gobierno debe poner a Hurtado a órdenes de Migración para que sea deportada a Colombia y enfrente a la justicia de ese país.

Ramiro Bejarano, primer director del DAS, abogado colombiano y víctima en este caso, señaló que “son los panameños quienes deciden si sostienen o no el asilo a Hurtado, y han decidido lo que en justicia debió haber sucedido desde el principio: esa señora no tiene derecho a asilo por razones de seguridad, porque no corre riesgo alguno en Colombia. Ella debe comparecer ante sus jueces”.

Otra de las víctimas del caso, Iván Cepeda, representante a la Cámara y defensor de derechos humanos en Colombia, dijo que “esa decisión deja sin piso jurídico el estatus actual de Hurtado. Reafirma lo que hemos sostenido las víctimas, y es que Hurtado es una persona que debe responder penalmente por lo que sucedió en el DAS durante su dirección”.

“Interpol debería librar, si es que no lo ha hecho, una orden de captura internacional”, agregó Cepeda.

Mientras, Milton Henríquez, ministro de Gobierno designado, dijo que “el gobierno actual tendrá que hacerse responsable de la decisión que tomó la Corte”.

Este medio intentó obtener una versión de la vicecanciller Mayra Arosemena y de la canciller designada Isabel Saint Malo de Alvarado, pero no respondieron a las consultas.

(Con información de Juan Díaz, Eliana Morales y Flor Mizrachi).

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