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PROCESO

Califican acusación de ‘inconstitucional’

El abogado de Cristina Fernández asegura que no hay pruebas y que existe una persecución política contra su defendida.

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El abogado de Fernández señaló que ella no tenía la responsabilidad de supervisar la obra pública. El abogado de Fernández señaló que ella no tenía la responsabilidad de supervisar la obra pública.
El abogado de Fernández señaló que ella no tenía la responsabilidad de supervisar la obra pública.

Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández, aseguró ayer en una entrevista con la emisora colombiana La W que el procesamiento de su clienta por asociación ilícita en concurso con el delito de administración fraudulenta agravada es “inconstitucional”.

Además calificó de “irreal” el embargo por 10 mil millones de pesos (unos $643 millones) que el juez federal Julián Ercolini le impuso a Fernández, alegando que esta fue inhibida del uso de sus bienes tras no poder cubrir un embargo previo, por un monto de $15 millones de pesos ($954 mil dólares), por el caso de la venta del dólar a futuro, el primero en el que fue llamada a juicio.

Las declaraciones de Dalbón se produjeron un día después de que el juez Ercolini emitiera un fallo en el que ordenó procesar a Fernández –junto a otras 23 personas–, entre ellas, el exministro de Planificación y diputado Julio de Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López, y el empresario Lázaro Báez.

Los procesados son acusados de asociarse ilícitamente para apoderarse de dinero del Estado a través de las licitaciones de la obra pública, principalmente en la provincia de Santa Cruz.

El auto judicial alega que se trazó un plan que comenzó con convertir a Báez de un empleado bancario en un empresario del sector de la construcción cuando Néstor Kirchner estaba por asumir la presidencia de Argentina, en 2003, a fin de que pudiera participar en las licitaciones del Estado; que luego se creó una estructura institucional que garantizó la operatividad del plan, y que Fernández habría mantenido esa estructura durante sus gobiernos.

De hecho, según el fallo, las empresas de Báez, especialmente Austral Construcciones, ganaron 52 de 88 obras públicas en Santa Cruz durante los 12 años de gobiernos kirchneristas. El juez precisó que las licitaciones otorgadas a Báez tenían irregularidades, entre ellas, que la mayoría no fue concluida, que estaban exentas de supervisión y que Austral Construcciones ejercía una competencia desleal en detrimento de otras empresas que se presentaban a las licitaciones públicas.

Según Dalbón, Fernández es objeto de una persecución política y mediática gestada por algunos jueces federales y el Grupo Clarín, dado que el caso, originalmente denunciado en 2008 por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, fue archivado en ese mismo año y reabierto en 2016, en momentos en que el presidente Mauricio Macri cumple su primer año de gobierno, en medio de una serie de problemas, entre ellos, la devaluación del peso argentino y sus nexos con sociedades offshore, denunciados a través de una investigación global realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El abogado de Fernández también alegó que los argumentos esgrimidos en el auto de procesamiento de Ercolini carecen de sentido jurídico, ya que se dice que la exmandataria heredó una asociación ilícita de su esposo fallecido: “En el derecho, cuando alguien muere no hay una continuación de causa penal.(...) Nadie puede heredar lo que no existe”.

El jurista aseguró que el proceso es inconstitucional y que el caso se puede caer, ya que la Constitución argentina no estipula entre las funciones de un presidente de la República el control de las licitaciones de obra pública.

Fernández, quien el martes reaccionó a la decisión con críticas a la gestión de los jueces federales y del presidente Macri, utilizó una vez más su cuenta de Twitter para cuestionar su causa.

No les va a alcanzar el globo de los 10 mil millones. Gobernar es algo más que inflarle globos a la sociedad y mentirle todo el tiempo…”, comentó la exmandataria, al comparar el embargo que le fue impuesto con el equivalente de la inversión de obras públicas anunciado por Macri.

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