CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cambios en fiscalización

Los excontralores Weeden y Vallarino advierten de que será más fácil cometer anomalías en contratos públicos.

A través de una circular promulgada en Gaceta Oficial, la Contraloría General de la República, a cargo de Gioconda de Bianchini, deja a discreción de los funcionarios de la Dirección de Fiscalización General de la entidad su participación o no en los actos de selección de contratista de las entidades que fiscalizan.

“El titular de la respectiva Oficina de Fiscalización determinará si se participa o no en dichos actos públicos. En los casos que considere que deba tomar parte, el mismo podrá asistir o designar al servidor público del área de fiscalización, que asistirá”, detalla la circular.

La medida que extiende la aplicación a las subastas, también reestructuró el cargo de fiscalizador, eliminando las categorías de fiscalizador I, fiscalizador II y fiscalizador III.

El excontralor Alvin Weeden calificó el hecho como una “dejación de las funciones de fiscalización”, porque los fiscalizadores de las tres categorías eliminadas eran los que asistían a los actos públicos y ahora esta función se atribuye a cada dirección de fiscalización de las entidades públicas.

“Es muy peligroso que la Contraloría deje al arbitrio de sus funcionarios participar o no en los actos públicos como la escogencia de los contratistas y las subastas”, expresó.

Por su parte, el también excontralor Carlos Vallarino afirmó que la Contraloría tiene la potestad de hacer cambios, pero la medida que se ha tomado deja más libertad. Sin supervisión del ente fiscalizador del país van a facilitar las cosas para que se puedan “cometer más irregularidades” en los actos administrativos del gobierno. El control previo lo han ido soltando y dejando en libertad; por eso es que hay tantas anomalías, sostuvo.

Vallarino explicó que la función de los fiscalizadores es velar para que los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones de las licitaciones sean cumplidos por las empresas a contratar; además, deben verificar si existen las partidas presupuestarias para la ejecución de los proyectos en cuestión.

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