Colegio Nacional de Abogados cuestiona proceso migratorio Crisol de Razas

El Colegio Nacional de Abogados acudirá a la Corte Suprema de Justicia para demandar por inconstitucional el programa Crisol de Razas.

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LA PRENSA/Gabriel Rodríguez. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.
LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.

Una advertencia de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo que convoca al XV proceso de regularización de extranjeros Crisol de Razas, regulado por el Servicio Nacional de Migración, será presentada en los próximos días por miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Irma Araúz, presidenta de la Comisión de Migración del gremio de abogados, explicó que al permitir la regularización masiva de extranjeros por supuestas razones humanitarias, el Servicio Nacional de Migración viola la Constitución, pues crea fueros y privilegios a favor de extranjeros, que, de paso, desplazan a la mano de obra nacional.

Igualmente, detalló que no existen registros en las oficinas de migración que certifiquen la situación de riesgo que atravesaban los extranjeros legalizados en las anteriores convocatorias del programa.

De acuerdo con Araúz, al menos 70% de los extranjeros que regularizan su estatus migratorio no obtiene un permiso de trabajo y se dedican a actividades de carácter informal y por ello no pagan impuestos.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez denunció que estos procesos de regularización extraordinaria de extranjeros se han convertido en un negociado, ya que no hay certeza de cuál ha sido el destino de los más de 30 millones de dólares recaudados en años anteriores.

Rodríguez anunció que el CNA trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley para reformar la ley vigente, con miras a flexibilizar los trámites.

Rodríguez también coincidió en que estos procesos de regularización afectan a la mano de obra nacional, ya que los extranjeros regularizados desplazan a los panameños de actividades como la buhonería, el servicio doméstico y la construcción.

Al mismo tiempo, advirtió que en los procesos de regularización no se aplican los filtros de seguridad necesarios para lograr que quienes intentan establecerse en el país sean personas sin antecedentes penales.

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