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Corrupción

Qué pasó con... la comida deshidratada

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Tras los escándalos de corrupción, el Ejecutivo convirtió al PAN en la Dirección de Asistencia Social. Tras los escándalos de corrupción, el Ejecutivo convirtió al PAN en la Dirección de Asistencia Social.
Tras los escándalos de corrupción, el Ejecutivo convirtió al PAN en la Dirección de Asistencia Social. LA PRENSA/Archivo

El próximo mes de agosto se cumplirán dos años desde que la Fiscalía Primera Anticorrupción abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en el contrato de $14.5 millones pactado entre el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) y la empresa Lerkshore International Limited para la compra de comida deshidratada, a fin de alimentar a estudiantes de las zonas más pobres del país.

El dato es recordado por el monitoreo de denuncias de corrupción a junio de 2017, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, que indica, además, que han pasado ocho meses desde que la vista fiscal del caso llegó al Órgano Judicial.

Desde esta última fecha, el proceso ha marchado a paso lento. Por ejemplo, el pasado 6 de julio fue suspendida la audiencia preliminar en el Juzgado Decimosexto Penal.

Ese día estaba convocado Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN, y otros 11 sindicados, a quienes se les investiga por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

La defensa de Tamburrelli solicitó la suspensión de esa diligencia judicial, alegando que no tenían respuesta del Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal sobre un recurso que presentaron para que se acumularan los dos expedientes instruidos por la compra de comida de deshidratada.

Aparte del primer contrato de $14.5 millones, el Ministerio Público también le sigue la pista a una segunda negociación de $44.5 millones entre el PAN y Lerkshore International.

La solicitud de acumulación sigue pendiente y también se debe definir una nueva fecha de audiencia.

Comida deshidratada Expandir Imagen
Comida deshidratada

FRAUDE PLANIFICADO

La compañía Lerkshore International Limited, que en total facturó $60 millones con el negocio de la comida deshidratada durante el gobierno de Ricardo Martinelli, tuvo conocimiento al detalle de este proyecto seis meses antes de que Tamburrelli le concediera el contrato de $14.5 millones.

Tamburrelli contrató por primera vez a Lerkshore el 20 de mayo de 2010, pero el negocio estaba supuestamente “arreglado”, al menos, desde noviembre de 2009, de acuerdo con las pesquisas de la fiscalía.

Incluso, mucho antes de que el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, convocara a una degustación de alimentos deshidratados en el Palacio de las Garzas el 5 de enero de 2010, primera vez que el gobierno de Martinelli habló públicamente de estos alimentos.

Parte de la ganancia, según el Ministerio Público, se habría depositado en cuentas de sociedades offshore del abogado Amado Arjona Duque, quien había firmado seis meses antes de la “licitación” un acuerdo con Lerkshore, del empresario Rubén De Ycaza, para cobrar una comisión de $4.4 millones (30% del contrato). En esa fecha, el proveedor sabía el número asignado al proyecto y el precio que se pagaría.

El funcionario que armó el pliego de condiciones fue Ángel Famiglietti, quien no solo habría recibido dinero de Lerkshore, sino que fue recomendado para ingresar en la entidad cuando esta era Fondo de Inversión Social, antes del PAN, por el empresario Javier Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar, considerado el “artífice” del negocio.

Imputados y medidas

La Fiscalía Primera Anticorrupción, que lideró la investigación, imputó cargos por la supuesta comisión del delito de peculado a 12 personas. Ninguna tiene detención preventiva.

En mayo de 2015, Giacomo Tamburrelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), recibió la medida cautelar de impedimento de salida del país, misma cautelar que tiene Ángel Famiglietti, exfuncionario del PAN. Rubén De Ycaza, de Lerkshore International Limited, tiene arresto domiciliario, mientras que en junio de 2016 el Segundo Tribunal dejó sin efecto la orden de la fiscalía de formular cargos e indagar a Javier Pariente, el supuesto artífice del negocio.

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