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Condenan a militares por participar en el Plan Cóndor

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Miguel Furci, exagente de inteligencia, escucha la sentencia. Miguel Furci, exagente de inteligencia, escucha la sentencia.
Miguel Furci, exagente de inteligencia, escucha la sentencia.

Un tribunal argentino condenó ayer al exdictador Reynaldo Bignone y al coronel retirado uruguayo Manuel Cordero a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, por su participación en el Plan Cóndor, sistema criminal de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante 1970 y 1980.

La mayoría de los 18 acusados en este juicio, iniciado en 2013 en Buenos Aires, fue condenada por “asociación ilícita”, con sentencias que van de 8, 12, 20 y 25 años, dependiendo de los casos probados a cada uno de los exmilitares acusados.

Bignone y Cordero no estuvieron presentes en la lectura del veredicto.

Los implicados, en su mayoría sentenciados por otras causas, dieron forma a un plan de secuestro, tortura y asesinato de opositores bajo los regímenes dictatoriales en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

De 88 años, Bignone fue condenado a 20 años como autor “penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el denominado Plan Cóndor”, dijo el juez Oscar Almirante al leer el veredicto.

Bignone fue el último presidente de facto que tuvo Argentina en la dictadura militar que entre 1976 y 1983 dejó unos 30 mil desaparecidos, según organismos humanitarios.

El exmilitar uruguayo Manuel Cordero fue sentenciado como “partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en 11 casos”, según la sentencia. Entre los casos probados contra Cordero destacó el vinculado con la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014.

La nieta de Gelman, Macarena, fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya, y recuperó en 2000 su identidad a los 23 años. Presente en el tribunal, Macarena Gelman no ocultó su satisfacción al escuchar la condena a uno de los verdugos de su historia.

De acuerdo con la demanda, el secuestro y posterior asesinato de los disidentes fue posible por la coordinación represiva entre las Fuerzas Armadas y de inteligencia de los países sudamericanos a partir de 1975.

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