FISCALÍA RECLAMA LANCHAS ABANDONADAS POR EL NARCOtráfico

Conflicto en Guna Yala

El Senafront denuncia que los sailas no solo se apropian de ´narcobienes´, sino que además los renegocian con los mismos traficantes.

Con la llegada de las lanchas patrulleras del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), los habitantes de la comunidad de Cartí Tupile, en la comarca Guna Yala, se pusieron en alerta.

Cae la tarde del martes 10 de julio y el calor arranca chorros de sudor a los presentes, a pesar de que el sol ha permanecido tapado por nubarrones negros.

La tensión se pone al máximo cuando el personal de la Fiscalía de Drogas de Colón y de la oficina de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desciende en la isla. Se trata de un procedimiento de rutina, pero en Guna Yala las cosas no suelen ser tan simples.

Arranca un operativo de seguridad “contra las drogas” (nia ebo urwe, en dialecto guna) y las autoridades pretenden recuperar una lancha abandonada por narcotraficantes colombianos.

Al llegar a la choza donde se reúne la comunidad indígena con sus sailas, el subcomisionado Luis Trejos, responsable de la seguridad en el corregimiento de Narganá, toma la palabra y pide a los jefes devolver la embarcación.

Sin embargo, uno de los sailas dice en su dialecto que no devolverán la lancha. Otro de los jefes, a su vez, acota en español que el Congreso General Guna les dijo que la nave es suya, pues pasaron más de seis meses desde que los narcotraficantes la abandonaron y nadie la ha reclamado.

Una funcionaria de la fiscalía les aclara, empero, que deben devolverla pues de lo contrario serán objeto de un proceso penal por obstrucción de la justicia, pero el segundo de los sailas sentencia: “no se puede entregar la lancha, a menos que todo el pueblo esté presente o que lo ordene el Congreso”.

La conversación sube entonces de tono y cinco minutos después los sailas expresan su malestar por la presencia de periodistas en la choza, razón por la que Trejos decide retirarse.

“No voy a entrar en choque con ustedes. Nosotros estamos para mantener la paz y el sosiego. Eso sí, les advierto de que se van a abrir expedientes en su contra”, dice a los sailas, mientras que estos ahora solo hablan en su dialecto y manotean en airado tono.

Antes de salir de la isla, un bote del Senafront pasa frente a la narcolancha y mientras los periodistas le toman fotos y videos, niños, mujeres y hombres gunas se montan en ella y gritan que solo a ellos les pertenece.

Vuelven a venderla

El anterior evento describe la situación que, a decir de las autoridades del Senafront, se vive en Cartí Tupile y otras islas de la comarca Guna Yala, como Tigre, Aliganti y Ailitupu, donde los sailas se niegan a devolver lanchas abandonadas por narcotraficantes en altamar. Trejos explicó que los sailas se valen del reglamento de la comarca, según el cual después de seis meses sin que nadie reclame los bienes hallados en el mar, estos pertenecen a la comunidad.

Afirmó que el Senafront respeta las costumbres y reglamentos comarcales, pero aclaró que estos no están por encima de las leyes. Se refiere a la Ley 23 de 1986 y a la 34 de 2010 relacionadas con los bienes provenientes de los delitos del narcotráfico.

Según el funcionario, los narcos ingresan a aguas territoriales en esas embarcaciones y las abandonan cuando son perseguidos por las autoridades o tras chocar con arrecifes de coral.

En ese momento, los indígenas se apropian de las lanchas y a veces hasta de la droga, que luego revenden a los propios narcos, detalló Alfredo Calleja, subdirector encargado de Senafront.

Un ejemplo de lo anterior: la carta enviada a Trejos el pasado 2 de julio por el saila de Ailitupu, Belisario Hernández, en la que le indicó que había vencido el plazo para reclamar las lanchas en que fueron detenidos varios narcos y, por tanto, eran de la comunidad.

La nota respondió a una solicitud del Senafront para que entregaran las naves.

Según Trejos, en el corregimiento de Narganá hay 53 islas y 12 de ellas están habitadas.

Por su parte, la funcionaria de la fiscalía que acudió al operativo, y que pidió la reserva de su nombre, precisó que insistirán hasta recuperar los bienes procedentes del narcotráfico, pero no adelantó cuáles serán las siguientes acciones.

A su vez, Calleja informó que pidieron al Congreso General Guna que les ceda terrenos en punta Porvenir y en Playón Chico para montar cuarteles del Senafront con el fin de combatir el narcotráfico en la zona, pero en más de un año y medio no han obtenido respuesta.

Dijo que han acudido a las dos últimas reuniones del Congreso y no les han dado la aprobación.

La idea, insistió, es establecer puestos de vigilancia en las dos comunidades, cada uno con 60 funcionarios, a fin de patrullar el centro y el occidente de la comarca.

Reconoció que la vigilancia actual de la zona resulta muy costosa, ya que las embarcaciones deben cubrir largos trayectos desde las bases actuales hasta los perímetros de seguridad.

MOLESTIA GUNA

En tanto, el Congreso General Guna emitió un comunicado el pasado miércoles y señaló que el 28 de enero de 2011 residentes de Cartí Tupile hallaron la reclamada lancha boca abajo al norte de la isla Ogobsibudub, y con ayuda de varias personas se la llevaron. Desde entonces, dice la nota, ha pasado un año y cinco meses y nadie ha reclamado la embarcación, por lo que el personero comarcal Ascario Morales autorizó a las autoridades locales a utilizarla.

Según el comunicado, en este tiempo la lancha se deterioró y la comunidad invirtió 2 mil dólares en su reparación y pintura.

El Congreso, además, se quejó del despliegue hecho esta semana por el Senafront, con “armas de grueso calibre y rodeando la comunidad en cuatro puntos”.

El comunicado, firmado por Anelio Merry, de la secretaría de información y comunicación del Congreso, reitera además que la lancha en conflicto es patrimonio de la comunidad y está debidamente autorizado por la Personería Comarcal, instancia adscrita a la Procuraduría de la Nación.

Detalló que la funcionaria de la Fiscalía de Drogas no presentó ninguna autorización para llevarse el bien.

Advirtió que el Congreso nunca fue informado del operativo, que calificó como “un despliegue militar similar a la guerra”, por lo que instó al Senafront a mantener un diálogo y coordinar con las autoridades indígenas para resolver los problemas, como ocurrió con la entrega de lanchas y motores de parte de la comunidad de isla Tigre, el 25 de junio.

La nota catalogó como desafortunadas e irrespetuosas las declaraciones del director de Senafront, Frank Ábrego, quien dijo que los sailas de Guna Yala no entregan las lanchas que son del narcotráfico. “Han hecho ver a la opinión pública nacional e internacional como si realmente los caciques protegieran a narcos [y] obstaculizaran procesos, cuando eso es totalmente falso”, dice la nota.

Finalmente, señala que “cuando se reconozca al Congreso General y haya mayor coordinación se lograrán mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades irregulares”.

“Es fácil acusar a la dirigencia guna, cuando se sabe que varias unidades del Senafront han sido dadas de baja por casos de narcotráfico, y no por ello la dirigencia comarcal acusa a los fronterizos de contribuir con actos irregulares”, concluye el comunicado.

En la cárcel de Narganá nadie habla

La cárcel comarcal de Narganá, ubicada en la isla del mismo nombre, en la comarca Guna Yala, donde opera el tercer batallón del Caribe del Senafront, alberga hoy día a 31 detenidos por procesos penales y faltas administrativas (casos de sailaturas) dentro de la comarca.

Luis Trejos, subcomisionado del tercer batallón del Caribe, informó que entre esos 31 presos hay dos mujeres indígenas que fueron detenidas por casos de droga, una de ellas embarazada. Ambas están recluidas en el cuartel, en un lugar separado de las celdas de los hombres.

A una de las mujeres la detuvieron con 20 kilos de marihuana, mientras que la otra fue apresada por la venta de estupefacientes. En total hay 22 detenidos a órdenes del Ministerio Público, 3 a cargo del Órgano Judicial y los restantes 6 por sailaturas.

Según Trejos, los procesos penales son, en su mayoría, por drogas y hurtos, mientras que los de sailatura están por incumplimiento del reglamento comarcal o irrespeto a las autoridades comarcales. A diferencia de lo que pasa en las cárceles de Panamá, en las que los detenidos se asoman a las ventanas de sus celdas para gritar al ver la llegada de periodistas y personas extrañas, los indígenas presos en Narganá solo observan. Inclusive, en una visita a la cárcel no se les escuchó palabra alguna.

Rubén Polanco

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