VENEZUELA

Constituyentes avanzan en su agenda contra los opositores

Diosdado Cabello dijo que la fiscal general destituida Luisa Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, tienen cuentas millonarias en el extranjero, lo que generó una solicitud de orden de captura a Ferrer y el allanamiento de su casa.

Pence: ‘EU usará todo su poder’

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Ayer sesionó a puertas cerradas la Comisión de la Verdad, que está presidida por Delcy Rodríguez. Ayer sesionó a puertas cerradas la Comisión de la Verdad, que está presidida por Delcy Rodríguez.
Ayer sesionó a puertas cerradas la Comisión de la Verdad, que está presidida por Delcy Rodríguez. Ueslei Marcelino

Mientras la lucha de calle de la población venezolana se debilita y la Mesa de la Unidad Democrática se prepara para las elecciones regionales previstas para el mes de octubre, el gobierno de Nicolás Maduro —a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)— sigue desarrollando una estrategia que apunta a desarticular cualquier tipo de oposición.

El primer golpe de ayer fue dado por el número dos del chavismo y constituyente Diosdado Cabello, quien denunció ante la Fiscalía General —a cargo de Tarek William Saab— la existencia de una supuesta red de extorsión que operaba en el Ministerio Público (MP) cuando ocupaba el cargo Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida por la constituyente al día siguiente de ser instalada.

“Utilizaban el nombre de la revolución bolivariana”, eran una red “muy especializada” que actuaba con pasaportes dobles”, dijo Cabello durante una rueda de prensa a su salida de la Fiscalía General, ocupada ahora por el exdefensor del Pueblo, Tarek William Saab, designado por la constituyente.

“(...) Cuando la gente siente que quien dirigía la fiscalía comienza a estar aliada a los hechos de terrorismo comienza a poner denuncias”, relató Cabello, quien aseguró que consignó“documentos originales por más de 6 millones de dólares en cuentas abiertas por unos fiscales del Ministerio Público, por el [diputado] Germán Ferrer [esposo de Ortega], por una persona que presumimos es Gioconda González, quien fue asistente de la exfiscal durante muchos años”, manifestó.

Cabello fue uno de los primeros en llamar traidora a la exfiscal cuando se desmarcó del Gobierno en marzo pasado y quien afirmó que la salida de Ortega sería el primer acto de la constituyente.

El también vicepresidente del partido oficialista aseguró que pidieron a Saab abrir una investigación inmediata, la privativa de libertad de los mencionados en la denuncia, que se abra el proceso para allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados involucrados y que se les congelen las cuentas y los bienes.

Poco después de esta denuncia, Saab anunció que había designado dos fiscales para la investigación, e informó que algunos de los documentos consignados en su despacho estaban suscritos por el propio diputado Ferrer. También señaló que había pedido al Tribunal Supremo de Justicia que ordene la captura de Ferrer, así como contra Pedro Lupera y Luis Sánchez.

Saab incluso dijo que hay cuatro personas detenidas, vinculadas a las investigaciones que adelanta.

También expresó que revisarán fondos de inversión del diputado Ferrer con “códigos cifrados” y la “creación de una fundación y una compañía anónima en el exterior, que se pudiera usar para legitimar los capitales”.

Horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Ortega Díaz informó que su residencia estaba siendo allanada. “ En este momento el Sebin [servicio de inteligencia] allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Vzla”.

En un segundo tuit indicó que “d e esta forma es que el gobierno de Maduro y Cabello pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos”.

Ortega Díaz ha declarado a medios extranjeros que constantemente cambia el sitio donde pernocta, porque está siendo vigilada por el Gobierno y teme por su seguridad.

Periodistas venezolanos reportaron que de la casa de la exfiscal sacaron maletas y computadoras.

COMISIÓN DE LA VERDAD

Por otro lado, ayer tuvo lugar la instalación de la “Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública”, que está presidida por la excanciller Rodríguez, quien anunció que su ámbito de acción será la “determinación de la verdad en los hechos violentos con fines políticos, delitos conexos que se han cometido desde 1999 hasta el presente para desestabilizar y derrocar el gobierno constitucional” .

Rodríguez aseguró que la violencia que han vivido en 2017 dio la vuelta al mundo en fotografías como si el país estuviera inmerso en una guerra civil o un conflicto bélico y que esto estaba más que alejado de la realidad.

Por tanto, anunció el inicio de una investigación basada en documentos —consignados por Maduro— dirigidos por el diputado Julio Borges a Goldman Sachs e inversionistas australianos, en las que solicitaba que no le dieran líneas de financiamiento internacional a Venezuela “para la compra de medicamentos y alimentos”, así como “para evitar inversiones internacionales en Venezuela para su desarrollo”, lo cual, según Rodríguez, buscaba afectar el sistema socioeconómico y financiero del país.

“Sabemos que la afectación del modelo de inclusión social (...) busca propiciar condiciones de violencia”, razón por la cual se determinará no solamente la verdad, sino la responsabilidad en los hechos, indicó.

También anunció que investigarán a las personas responsables de “los hechos de violencia con fines políticos” ocurridos en 2017. Dijo que han visto mensajes por las redes sociales y fotografías de líderes de la oposición responsables de la convocatoria y organización de los eventos. Mostró una foto del vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional encargado del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, dándole la mano a un joven de los que protestaban a diario con los rostros cubiertos y escudos de madera como protección.

Por último, afirmó que solicitaron al Consejo Nacional Electoral que les remita la lista completa de los que se postularon para gobernador, a fin de determinar si alguno “está incurso en algún hecho violento que haya afectado la paz y la tranquilidad pública”, a fin de prevenir lo que ocurrió en 2015, cuando fueron electos diputados opositores “incursos en homicidios y violencia de género”.

En respuesta a los anuncios del Ministerio Público y de la constituyente, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló que todos sus actos de ayer son “absolutamente nulos”, contrarios a la Constitución vigente y, por lo tanto, no pueden someter o condicionar al diputado Ferrer.

“Nuestra gran lucha es [por] tener una justicia que sea para todos, sin colores políticos. Resulta escandaloso y vergonzoso que en una Venezuela como la de hoy, plagada de corrupción, narcotráfico, impunidad y violencia, y donde el crimen llega a asesinar a 28 mil ciudadanos al año, el despojo que queda de justicia de lo único que se ocupa es de la persecución política”, alegó.

Borges anunció que harán una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la integridad, la legalidad y derechos humanos de todos los parlamentarios; y que denunciarán ante organismos internacionales la situación.

“Al pueblo queremos darle un mensaje de lucha, la lucha que hemos emprendido tiene que continuar y ahora con más razón”.

Pence: ‘EU usará todo su poder’

“La presidenta y yo llamamos a que se haga más, y sepan que Estados Unidos (EU) va a usar toda su fuerza económica y diplomática hasta que se restaure la democracia en Venezuela”. Así se expresó ayer  el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, durante una visita a Chile. Pence se reunió con la presidenta, Michelle Bachelet, ocasión en la que abogaron por agotar todas las instancias para resolver la crisis que sacude a Caracas.

La visita ocurre luego de que la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una vía militar para resolver la crisis. Sin embargo, Pence ha mostrado un tono más conciliador en su gira por Latinoamérica.

Bachelet dijo que Chile apoyaría medidas tendientes a buscar una salida pacífica y negociada. “Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares. En el caso de las sanciones, apoyaremos las que sean adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, apuntó.

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