Luchas ambientales se agudizan en el país

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Durante los últimos años, cientos de panameños se han manifestado contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales.

Por ejemplo, conflictos ambientales como el de Barro Blanco, Petaquilla, humedal bahía de Panamá, Cerro Quema, Chagres, entre otros, son una muestra del rechazo ciudadano.

Organizaciones como el Centro de Incidencia Ambiental plantean que la poca consulta y transparencia en estos proyectos ha ocasionado que las comunidades reaccionen de esa manera.

Mientras que el Ministerio de Ambiente reconoce que se han debilitado herramientas como los estudios de impacto ambiental. Además, considera que en muchas de esas disputas no hubo diálogo.

Crecen conflictos ambientales

Los problemas ambientales en el país se han incrementado, así como el malestar de algunos sectores de la población ante la explotación indiscriminada de los recursos naturales.

Por lo menos, en los últimos 10 años se han reportado en Panamá unos 15 conflictos relacionados con la extracción de minerales, construcción de hidroeléctricas y tala de bosques sin los permisos respectivos.

Varios de estos conflictos son registrados por el sitio www.ejatlas.com, un mapa interactivo creado por el proyecto europeo EJOLT para dar visibilidad a los desequilibrios sociales y económicos del planeta.

La plataforma digital refleja hasta más de mil enfrentamientos en el mundo por el tema del ambiente (ver mapa).

En el caso de Panamá hay algunas disputas que están “latentes”; es decir, que por el momento están calmadas o tranquilas, pero que fueron críticas en algún momento.

Mientras que hay otras que están vigentes como por ejemplo Barro Blanco, que tiene 5.8 hectáreas en la comarca Ngäbe Buglé.

Antonio Chang, miembro del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), señaló que en el grupo de los latentes se puede incluir un proyecto ganadero en Bocas del Toro conocido como Ganadera Bocas; también está otro sobre extracción de oro en Soná de Veraguas, así como el oleoducto de Chiriquí, Cerro Colorado y Red Frog Beach, en Bocas del Toro.

Estos proyectos ahora mismo no presentan inconvenientes, aunque en su momento fueron cuestionados de alguna manera por la población y organizaciones defensoras del ambiente.

Por otra parte, Chang subrayó que en el grupo de los vigentes sobresalen en Darién la tala ilegal de árboles y los daños a la laguna de Matusagaratí.

También en la provincia de Panamá está el tema de la edificación de rellenos y la tala de manglares en el humedal bahía de Panamá, así como la extracción de minerales no metálicos en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres.

En otras provincias se destacan los problemas que hay con el proyecto minero Petaquilla Gold en Colón, así como la intención de explotar Cerro Quema, en Los Santos.

Mientras que en Chiriquí y Bocas del Toro hay cierto rechazo a la construcción de hidroeléctricas como Changuinola I, Changuinola II y la hidroeléctrica Bonyic.

Durante los últimos meses se ha acentuado el de Petaquilla Gold, debido a que la empresa dejó de funcionar y surgieron problemas con dos tinas de deslave que al llegar las lluvias amenazan con desbordarse.

De hecho, una de ellas, según el Ministerio de Ambiente, presenta una grieta que deben reparar, así como descontaminar parte del área.

Incluso, durante el último encuentro el 29 de mayo pasado, dirigentes del Comité de Ciudadanos de Coclesito y Pueblos Vecinos entregaron cartas a varias instituciones en las que dejaron constancia de su malestar por la desidia en el proyecto.

En la capital, la Asociación de Derecho Ambiental y la Coordinadora del Parque Chagres presentaron una denuncia por operación de canteras y una planta de cemento que está ocasionando un “grave” impacto ambiental al agua que consume más del 80% de la población de la ciudad de Panamá.

La acción penal fue presentada por otorgar resoluciones, permisos, concesiones y autorizaciones para desarrollar actividades ilícitas de cantera en el Parque Nacional Chagres y otorgar nuevos permisos para la construcción de cuatro canteras más en el área.

Incluso, hace poco dirigentes de Darién se quejaron por los daños a la laguna de Matusagaratí, ya que tienen repercusiones que impactan de una manera u otra en esta región del área este del país.

Allí hay varias empresas que se dedican a actividades agrícolas como siembra de arroz, entre otras, que ponen en jaque la condición del refugio de vida silvestre.

El humedal de Matusagaratí es parte del Tapón del Darién, y es la parte baja de la reserva hidrológica de la cordillera del Filo del Tallo; por ende, tiene una condición de reserva.

Más luchas

La población de Azuero también se ha mostrado en contra de proyectos agrícolas que han afectado la cuenca del río La Villa, entre Los Santos y Herrera, así como su oposición a que se apruebe la extracción de oro en la zona de Cerro Quema.

Precisamente, en este último proyecto se pretende invertir 130 millones de dólares en dos zonas de Cerro Quema: La Pava y Quema. La mina será a cielo abierto y tendrá una vida útil de 5 años y medio.

La minera obtuvo en 1997 una concesión para extraer oro y plata, y para exploración geológica sobre 15 mil hectáreas en los distritos de Las Tablas, Macaracas y Tonosí, en Los Santos.

Sin embargo, el Frente Santeño Contra la Minería cuestionó la actividad por la crisis ambiental que enfrenta la región de Azuero.

En otro frente, una de las últimas luchas de las organizaciones ambientales se centró en el humedal bahía de Panamá, a tal punto que lograron la creación de una ley para su conservación.

Esta norma prohíbe construcciones, tala de manglares y extracción de arena, actividades que se venían practicando con frecuencia en el sitio protegido.

Tania Arosemena, dirigente del Ciam, señaló que la falta de planificación y políticas públicas sobre la materia han llevado a que los conflictos ambientales se agudicen en Panamá.

Para la ambientalista, la creencia de que los recursos eran “ilimitados” en el país terminó y por eso las personas han tenido que defender sus derechos humanos sobre el agua, la tierra, entre otros aspectos.

“Panamá debe definir el modelo de desarrollo que quiere y las autoridades deben asumir su responsabilidad. Cuando no hay consulta se genera un conflicto”, dijo.

Citó como ejemplo lo que sucedió con Petaquilla, donde cuestionó la falta de planificación y que ahora mantiene inquietos a los residentes de esa región.

Por su parte, Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), indicó que a través de los años tanto empresarios como autoridades han incidido en este tema de las luchas ambientales.

Troncoso planteó que hace décadas se conformaron comarcas para “arrinconar” a los indígenas con el fin de sacarlos de ciertos territorios, pero ahora también se les quiere quitar esas áreas.

Para el expresidente de Apede son los empresarios los que deben buscar un real acercamiento en estos conflictos para evitar polémicas mayores. “El empresario debe buscar un mayor punto de encuentro porque la experiencia dice que no ha sido así. Las autoridades también tienen parte de la culpa por aceptar tratos con anomalías”, manifestó.

Sobre este tema el secretario general del Ministerio de Ambiente, Félix Wing, señaló que en el país se ha privilegiado la inversión financiera por encima de la protección del ambiente.

“Todos estos recursos -fondos marinos, árboles, minerales, agua, entre otros- han caído en manos privadas y generaron una economía artificial”, acotó.

Según Wing, esta dinámica afectó el sistema de evaluación ambiental, al punto de que los estudios de impacto ambiental no eran utilizados de forma correcta. Eso implicó que se acortaran los tiempos para estudiar un proyecto y que se tomara en cuenta lo menos posible a la comunidad afectada.

No obstante, aclaró que ahora el Estado ha entendido que esos recursos fueron “dilapidados” y que se deben recuperar.

Agregó que el plan del Ministerio de Ambiente para resolver estos conflictos es llamar al diálogo tanto a empresarios como a las comunidades afectadas.

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