Asamblea Nacional

Cuestionan reforma al ´Código Judicial´

El proyecto 565 fue aprobado por el oficialismo con 36 votos a favor y recibió 6 votos en contra de los diputados opositores del PRD y PP.

Sin la presencia de representantes de la Corte Suprema ni del Ministerio Público, las bancadas oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalistas (Molirena) impusieron una vez más su mayoría legislativa para aprobar en segundo debate el proyecto de ley 565 que deroga solo un artículo del Código Judicial.

El documento propuesto por el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, que tampoco acudió al pleno a sustentar su proyecto, deroga el artículo 569 del Código Judicial relativo a las medidas conservatorias o de protección en general.

Este artículo establece que: “Además de los casos regulados, a la persona a quien asista un motivo justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho sufrirá un peligro inmediato o irreparable, puede pedir al juez las medidas conservatorias o de protección más apropiadas para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará prueba sumaria y, además, la correspondiente fianza de daños y perjuicios. La petición se tramitará y decidirá en lo conducente de acuerdo con las reglas de este título. (título II sobre las medidas cautelares)”.

Reforma ´sospechosa´

Pocos fueron los cuestionamientos en el pleno hacia este proyecto. Solo dos diputados intervinieron en el segundo debate. El diputado perredista Leandro Ávila calificó como “sospechoso” que esta iniciativa provenga del Ejecutivo y no del Órgano Judicial.

“Se está haciendo una ley para salvar los intereses de una persona o de una empresa. Nos llama la atención que un artículo que tiene varias décadas de estar en el Código Judicial, venga de la noche a la mañana el ministro de Gobierno y sea el proponente de eliminar este artículo”, precisó Ávila.

Manifestó que con la eliminación de este artículo se dejaría a una de las partes “afectada e indefensa”, ya que no le valdría ganar una disputa legal porque el demandado puede esconder o transferir todos sus bienes y propiedades, y no le podría cobrar, porque un juez ya no podría ordenar previamente una medida conservatoria.

Diputado PRD defiende el proyecto

El también diputado perredista Crispiano Adames, jefe de bancada encargado del PRD, se refirió al proyecto, pero contrario a su copartidario Ávila, este respaldó la propuesta del Ejecutivo.

Adames denunció que hay empresas “mercenarias y de papel” que se acercan a los juzgados y “con tráfico de influencias y ventas de estas medidas conservatorias”, desfavorecen a las empresas serias y responsables que tienen bajo sus amparos componentes de fianza ante los seguros de este país por el incumplimiento de obras por terceros”.

Precisó que ha habido muchos casos en que “empresas, jueces y abogados inescrupulosos” se amparan en este artículo 569 para evitar que se les ejecuten las fianzas de cumplimiento de las obras, afectando a terceros.

Tras la intervención de Adames, la iniciativa legislativa fue aprobada con 36 votos a favor (35 diputados del oficialismo y el perredista Crispiano Adames) y 6 votos en contra de la bancada PRD y Partido Popular.

Ninguno de los diputados principales del Partido Panameñista estuvo presente en la discusión; tampoco estuvieron sus suplentes.

Rechazan propuesta

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) rechazó en un comunicado el cambio propuesto por el Ejecutivo, al considerar que si bien en algunos casos se han cometido ilegalidades con las medidas conservatorias, esto no es motivo para considerar que esta resulta inconveniente para el sistema de administración de justicia.

Mientras que el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, presidido por Abel Zamorano, magistrado suplente del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, pidió a los diputados no darle curso a este proyecto. En una misiva a la Asamblea, esta organización indicó que con la derogación del artículo 569 se elimina una herramienta judicial en extremo necesaria para garantizar la real tutela efectiva de los derechos sustanciales de personas naturales y jurídicas, que en determinados supuestos de hecho, no tienen otra opción que ejercer medidas cautelares genéricas o innominadas para poder evitar un daño irreparable

La organización discrepó con los argumentos del proponente del proyecto de que hay discrecionalidad y uso abusivo en la aplicación de las medidas conservatorias.

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