Defensa de Martinelli sufre revés durante audiencia

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Durante la audiencia, el juez de garantías solicitó revisar parte de los 64 tomos que contienen información de cuentas bancarias obtenidas por la fiscalía. Durante la audiencia, el juez de garantías solicitó revisar parte de los 64 tomos que contienen información de cuentas bancarias obtenidas por la fiscalía.
Durante la audiencia, el juez de garantías solicitó revisar parte de los 64 tomos que contienen información de cuentas bancarias obtenidas por la fiscalía. Ana Rentería

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La defensa del expresidente Ricardo Martinelli sufrió ayer un revés, luego de que el magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, rechazó una petición para anular registros bancarios obtenidos por el fiscal Oydén Ortega, en el proceso al exmandatario por la compra de comida deshidratada.

Juez niega nulidad en caso de comida deshidratada

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías en el caso que se le sigue en esa entidad al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), rechazó ayer anular el proceso, como lo solicitó la defensa del exgobernante.

En este proceso, Martinelli es investigado por la supuesta comisión del delito de peculado.

Durante una audiencia celebrada ayer, Mejía no admitió la petición de los abogados de Martinelli –representados por Sidney Sittón– para anular las diligencias efectuadas por el fiscal de la causa, Oydén Ortega, entre otros aspectos para conseguir información de bancos de la localidad sobre las cuentas del exmandatario y de la empresa Lerkshore International Limited, a la que el PAN adjudicó un contrato de $44.9 millones para la compra de la comida deshidratada.

La defensa de Martinelli alegó que las inspecciones realizadas por Ortega no fueron autorizadas por Mejía y por tanto justifican la nulidad del proceso. Según Sittón, como parte de la investigación se han compilado 64 tomos con información bancaria pedida “de manera ilegal”.

Mejía calificó de “ambiguo” el planteamiento del abogado, al considerar que este no había aportado documentos que identificaran el acto impugnado.

Ortega, por su lado, negó estos hechos y aseguró que los documentos no fueron obtenidos en diligencias de allanamiento y que “están investidos de absoluta legalidad”.

Sin embargo, Sittón solicitó a Mejía una nueva fecha de audiencia para presentar “en debida forma su petición”, y Mejía le respondió que correspondería a la Secretaría General de la Corte fijar una nueva fecha para que sustente su recurso.

HABRÁ IMPUTACIÓN

Durante su intervención, Ortega alegó que una vez recogidas las pruebas solicitará una audiencia de imputación a Martinelli. “Se tendrán los elementos necesarios para sustentar esa imputación y proceder como en derecho corresponda”, dijo.

El proceso estuvo suspendido desde el 2 de julio de 2015, cuando Ortega presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 –ley blindaje–, que fijaba un plazo de dos meses para investigar a los diputados.

Al referirse a este aspecto, Mejía detalló que como el referido artículo fue declarado inconstitucional, lo que aplica ahora es el artículo 291 del Código Procesal Penal, que dice: “el Ministerio Público a partir de la formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo de seis meses. Al concluir la investigación el fiscal deberá comunicar el cierre de esta al imputado, a su defensor y la víctima y querellante si los hubiera”.

“Queda el fiscal en la posibilidad de seguir sus investigaciones sin necesidad de pedir una prórroga al plazo de dos meses, porque dicho plazo ya no rige en la República de Panamá”, precisó Mejía.

La investigación a Martinelli se inició luego de que el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli afirmara al rendir declaración indagatoria, el 15 de diciembre de 2014, que el exmandatario era quien asignaba los contratos de forma directa.

Por este mismo caso, el Juzgado Decimoquinto Penal llamó a juicio a Tamburrelli, a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, al exdirector de Nutrición del Pan Ángel Famiglietti, al empresario Rubén De Ycaza, dueño de Lerkshore International Limited; y a Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado de Martinelli, quien está fuera del país desde el año pasado.

Además, dio un sobreseimiento provisional a favor de los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas), y a las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social).

La fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, apeló estos sobreseimientos ante el Segundo Tribunal Superior Penal.

En tanto, la Fiscalía Primera Anticorrupción instruye un segundo expediente por el otorgamiento a Lerkshore de un primer contrato para el suministro de alimentos deshidratados por $14 millones.

UN AÑO

Martinelli abandonó el país el 28 de enero de 2015, cuando viajó a Guatemala a tomar posesión de su curul en el Parlamento Centroamericano. De allí hizo un periplo por Estados Unidos (EU), Irlanda y otros países. Según él mismo lo ha comentado en redes sociales y entrevistas, está radicado en Miami, EU.

Hasta el momento se desconoce su estatus migratorio en ese país.

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