Demandan cesión de terrenos a la Iglesia católica

Dos resoluciones de la Anati de los años 2013 y 2015 traspasaron, de manera gratuita, los lotes de seis iglesias ubicadas en el Casco Antiguo.

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Miguel Antonio Bernal junto a Ana Elena Porras, en la Corte Suprema de Justicia. Miguel Antonio Bernal junto a Ana Elena Porras, en la Corte Suprema de Justicia.
Miguel Antonio Bernal junto a Ana Elena Porras, en la Corte Suprema de Justicia. Ana Rentería

El Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña interpuso ayer dos demandas de inconstitucionalidad en contra de las resoluciones del 5 de julio de 2013 y del 15 de abril de 2015 de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), relacionadas al traspaso a título gratuito, a la Arquidiócesis de Panamá, de los terrenos de seis iglesias en San Felipe.

La primera demanda pide la inconstitucionalidad de la resolución del 15 de abril de 2015 de Anati, por medio de la cual se adjudicaron los lotes de las iglesias San José, San Francisco de Asís, casa parroquial de la iglesia San Francisco de Asís y la iglesia Santo Domingo.

La otra acción legal es contra la resolución del 5 de julio de 2013, que otorgó los terrenos de las iglesias Nuestra Señora de la Merced y de la Catedral Metropolitana.

Ambos recursos fueron interpuestos por el abogado Miguel Antonio Bernal, en representación de Ana Elena Porras, dirigente del Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña.

“Los monumentos históricos constituyen, por mandato constitucional, el patrimonio histórico de la Nación, junto con los sitios y objetos arqueológicos, documentos y bienes que sean testimonio del pasado panameño”, señalan las demandas.

Además, alegan que Anati actuó en forma arbitraria porque las seis iglesias forman parte del conjunto monumental del Casco Antiguo de Panamá, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Porras explicó que en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli y en el actual del mandatario Juan Carlos Varela, la Anati traspasó iglesias coloniales del Casco Antiguo, violando la Constitución panameña en materia de patrimonio cultural.

Según Porras, se presentaron las advertencias a las autoridades involucradas para anular las adjudicaciones, pero no se ha hecho nada.

“Es el momento de hacer un alto, poner un basta ya al desmantelamiento del patrimonio histórico y cultural de todos los panameños”, dijo Porras.

Argumentó que estas políticas de desmantelamiento del patrimonio de los panameños también se dan en las áreas revertidas.

“Estos patrimonios culturales son para beneficio del pueblo panameño, son para uso social, espacios públicos. Es importante que pongamos un alto”, indicó.

En tanto, Bernal explicó que estas actuaciones atentan, no solo contra la Constitución, sino contra convenios internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que establecen que al Estado le corresponde la salvaguarda del patrimonio histórico.

“Si el señor Varela hubiese decidido obsequiar a la Iglesia la distribuidora de Varela Hermanos, él lo puede hacer, porque eso es de ellos. O si Martinelli hubiese querido ceder la mitad de sus supermercados a la Iglesia, también lo puede hacer, porque es de él”, indicó.

Mencionó que las dos resoluciones son idénticas y lo único que cambia es el nombre de las iglesias. “A lo mejor vienen más decretos, si no actuamos como debe ser. Están regalando lo que no es de ellos”, dijo.

Por su parte, Aurelio Barría, dirigente de la sociedad civil, está en desacuerdo con las dos demandas y apoya la adjudicación de los terrenos de las seis iglesias.

“Estoy de acuerdo con apoyar la decisión del Gobierno de ceder a la Iglesia católica los terrenos”, dijo.

Manifestó que estos templos fueron expropiados por Colombia y habían quedado en un limbo jurídico.

Considera que estas adjudicaciones eran necesarias como parte de la restauración de las iglesias del Casco Antiguo.

Este medio pidió una opinión a la Anati sobre las demandas, pero no hubo respuesta.

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