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caso de trabajadores de ´La prensa´

Demandarán al Estado por denegar justicia

La demanda fue presentada tras el cierre del diario ´La Prensa´ por miembros de las Fuerzas de Defensa durante la dictadura militar.

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El diario’ La Prensa’ fue cerrado por los militares el 25 de febrero de 1988. LA PRENSA/Archivo. El diario’ La Prensa’ fue cerrado por los militares el 25 de febrero de 1988. LA PRENSA/Archivo.
El diario’ La Prensa’ fue cerrado por los militares el 25 de febrero de 1988. LA PRENSA/Archivo.

Luego de que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo rechazara una demanda de indemnización por $1.2 millón presentada por trabajadores del diario La Prensa, a raíz del cierre del periódico en 1988 por las Fuerzas de Defensa, el abogado Miguel Antonio Bernal anunció que demandará al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por denegación de justicia.

Bernal calificó como “aberrante” el fallo que tuvo como ponente al magistrado Alejandro Moncada Luna y fue avalado por sus compañeros de Sala Víctor Benavides y Luis R. Fábrega.

Dijo que, en este caso, los tres magistrados debieron declararse impedidos para tramitar la demanda.

Moncada Luna, censor de medios de comunicación durante la dictadura militar entre 1983 y 1988 cuando ejerció como director de legal y asesor del Ministerio de Gobierno y Justicia, está impedido, recalcó Bernal. Se basa en el hecho de que él mismo presentó ante la Asamblea Nacional una demanda penal contra Moncada Luna.

Benavides, a su vez, según Bernal, estaría impedido por haber sido funcionario de la Procuraduría de la Administración, donde tuvo conocimiento previo de la demanda y de la solicitud de prescripción.

Y en el caso de Luis Ramón Fábrega, su impedimento se sustenta, de acuerdo con Bernal, en que tenía conocimiento de la demanda de La Prensa antes de ser magistrado.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó la demanda presentada por el cierre del diario La Prensa el 25 de febrero de 1988 por miembros de las Fuerzas de Defensa, tras una solicitud de prescripción de la Procuraduría de la Administración.

La Procuraduría de la Administración invocó el artículo 1701 del Código Civil que regula la prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de siete años.

En ese sentido, los magistrados de la Sala Tercera estimaron que la indemnización exigida se produce por la ocupación y cierre de las instalaciones del diario La Prensa por las Fuerzas de Defensa entre el 25 de febrero de 1988 hasta el 25 de diciembre de 1989.

Y que al derivarse el derecho indemnizatorio de una actuación de una dependencia de la Administración, en apariencia sin justificación legal, la responsabilidad a determinar es de naturaleza extracontractual, y en este tipo de casos la prescripción de la responsabilidad por los daños causados es por el término de un año, que se computa desde que el motivo sea conocido por el afectado.

También sostiene que debido a que el cierre de La Prensa se produjo el 25 de febrero de 1988 y se mantuvo hasta el 25 de diciembre de 1989, al tenor del artículo 1706 del Código Civil, el término de prescripción comenzó a correr a partir de esta última fecha y los demandantes tenían hasta el 25 de diciembre de 1990 para presentar su demanda.

La demanda se presentó ante la jurisdicción ordinaria el 2 de octubre de 1995 y el 13 de abril de 2004 en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que se produjera, según el fallo, ninguno de los supuestos dados por la ley para interrumpir la prescripción del caso.

De acuerdo con el fallo, ante esta situación queda probada la solicitud de prescripción invocada por la Procuraduría de la Administración, lo que le impide pronunciarse sobre las pretensiones de los demandantes.

La demanda fue presentada por un grupo de trabajadores del diario La Prensa, tras el cierre del diario ordenado por las Fuerzas de Defensa. Se fundamentó en lo que los trabajadores denominaron “un mal funcionamiento del servicio público” por parte del Estado, ya que con la acción de las Fuerzas de Defensa, dependencia del entonces Ministerio de Gobierno y Justicia, el mismo Estado incumplió su deber de salvaguardar la vida y honra de los ciudadanos.

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