Deportación masiva en Venezuela

El cierre de la frontera más dinámica de Colombia y Venezuela ha generado una crisis humanitaria en la ciudad colombiana de Cúcuta a la que en menos de dos días han llegado 394 deportados, entre ellos 42 menores. VEA 16A

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Personas esperan para cruzar la frontera hacia Colombia, en San Antonio, en el estado Táchira. Personas esperan para cruzar la frontera hacia Colombia, en San Antonio, en el estado Táchira.
Personas esperan para cruzar la frontera hacia Colombia, en San Antonio, en el estado Táchira.

El cierre de la frontera más dinámica de Colombia y Venezuela ha generado una crisis humanitaria en la ciudad colombiana de Cúcuta a la que en menos de dos días han llegado 394 deportados, entre ellos 42 menores.

Venezuela avala allanamientos y escuchas

El estado de excepción declarado por Venezuela en un sector de la frontera con Colombia prohíbe temporalmente el porte de armas y autoriza a las autoridades a realizar allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, según un decreto difundido ayer.

El estado de excepción –que regirá por 60 días, prorrogables por un período igual– restringe seis artículos de la Constitución y está vigente en cinco municipios del estado de Táchira.

La medida fue anunciada dos días después de un presunto ataque a balazos de desconocidos que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos.

El presidente Nicolás Maduro también ordenó el cierre indefinido de la frontera en ese sector, prolongando una clausura inicial de 72 horas que concluía ayer.

El estado de excepción prohíbe igualmente “reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas” por el responsable de ejecutar el decreto, quien además tiene la potestad de autorizar manifestaciones.

La ordenanza justifica las medidas señalando que se presenta una “amenaza” por el “paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando” hacia Colombia de mercancías altamente subsidiadas en Venezuela.

Según el Gobierno, a ello se suman “ataques” contra la moneda, lo cual “evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, afectando el acceso a bienes y servicios”.

En tal sentido, el decreto permite a las autoridades restringir “el transito de bienes y personas”, prohibir algunas actividades comerciales y “establecer límites máximos de ingreso o egreso” de bolívares en efectivo. También podrán “establecer restricciones a operaciones y transacciones comerciales o financieras y restringirlas al uso de medios electrónicos”.

Maduro sostiene que en el lucrativo contrabando en la zona limítrofe –de 2,219 kilómetros– están implicados paramilitares que, aliados con la derecha local, buscan desestabilizarlo.

El decreto será enviado para su aprobación a la Asamblea Nacional –de mayoría chavista– y al Tribunal Supremo de Justicia para un control constitucional.

En medio de la tensa situación, una comisión del Gobierno colombiano, encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se movilizó a la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde se reunió ayer con diferentes autoridades “para revisar” la situación, informaron fuentes oficiales.

Cristo estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar A.; la subdirectora del Departamento de Prosperidad Social, Mariana Escobar; el viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, según un comunicado. También forman parte de la comisión comandantes militares y de la policía.

Durante una rueda de prensa, el funcionario informó que entre el viernes y sábado pasados fueron deportados 394 colombianos, 42 de ellos menores de edad. NTN24 reportó que otros 109 fueron deportados ayer.

Cristo también instó a las autoridades venezolanas a solucionar “este drama humanitario de una forma rápida sin afectar los derechos de los colombianos en Venezuela” y aseguró que el presidente Juan Manuel Santos se comunicaría ayer con su homólogo Nicolás Maduro “para conversar”.

Santos, por su lado, destacó que el cierre indefinido de la frontera beneficia a la delincuencia.

A través de un comunicado, la Cancillería de Colombia pidió que “se respete la integridad y los derechos humanos” de los ciudadanos “que sean objeto de detenciones y deportaciones”. Asimismo, exigió a Venezuela que antes de tomar medidas de deportación “se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos”.

El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, expresó a la agencia de noticias AP que televisoras locales mostraron testimonios de colombianos deportados que narraron maltratos por parte de la fuerza pública venezolana y que hay colombianos, incluyendo niños y ancianos, regresando por veredas.

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