SOCIEDAD CIVIL

Exigen auditoría de bienes declarados

La ciudadanía pide que se reformen las leyes de contrataciones públicas y de investigación del delito de enriquecimiento injustificado.
Las organizaciones de la sociedad civil reclaman poner un alto a los actos de corrupción y a la sustracción de fondos públicos. LA PRENSA/Archivo. Las organizaciones de la sociedad civil reclaman poner un alto a los actos de corrupción y a la sustracción de fondos públicos. LA PRENSA/Archivo.
Las organizaciones de la sociedad civil reclaman poner un alto a los actos de corrupción y a la sustracción de fondos públicos. LA PRENSA/Archivo.

Unas 22 organizaciones de la sociedad civil organizada exigieron al gobierno auditar las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios con mando y jurisdicción nacional, que por ley están obligados a presentar dicho documento.

En un comunicado divulgado ayer, organismos que aglutinan a empresarios, abogados, docentes y profesionales de diversas ramas plantearon que es necesario investigar y sancionar ejemplarmente los hechos de corrupción, malversación de fondos y enriquecimiento injustificado que han sido denunciados en los últimos días.

El documento recalca que se deben cautelar y recuperar todos los recursos del pueblo panameño que se utilizaron para adquirir propiedades o fueron a parar de manera delictiva en cuentas bancarias de funcionarios o de sus allegados.

A la vez, plantea la necesidad de reformar las leyes relacionadas con las contrataciones públicas y con la investigación del delito de enriquecimiento injustificado, con el propósito de evitar que estos hechos se repitan.

Por otro lado, reclama una mayor celeridad y efectividad de los procesos judiciales por corrupción y que se investigue el uso de fondos del Estado en actividades de proselitismo político.

OBREROS HABLAN

En este último sentido, la Confederación Nacional de Unidad Nacional Independiente (Conusi), mediante una nota pública, se refirió a la compra “descarada” de votos en las elecciones pasadas mediante la repartición de comida, electrodomésticos y de bonos financiados con más de $400 millones del Programa de Ayuna Nacional (PAN) y otras entidades.

Genaro López, representante de la Conusi, declaró: “Estamos en un Estado fallido” y ello, a su juicio, queda en evidencia con los procesos seguidos al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y al exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén.

“Exigimos que se realicen otras investigaciones, porque los señalados tienen que estar vinculados con otras personas que formaban parte de una red de funcionarios que realizaba las irregularidades de sobrecostos”, añadió López. 

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