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INSTITUCIONALIDAD

Expectativas por las designaciones

Tras derogar la ley que instauraba el llamado "gobierno paralelo", miembros de la sociedad civil piden independencia al mandatario Juan Carlos Varela.

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El 29 de mayo de 2013, la Asamblea Nacional ratificó por siete años a Benzadón (ausente), Rodríguez, Bernardez y Cucalón en sus respectivas autoridades. LA PRENSA/Archivo. El 29 de mayo de 2013, la Asamblea Nacional ratificó por siete años a Benzadón (ausente), Rodríguez, Bernardez y Cucalón en sus respectivas autoridades. LA PRENSA/Archivo.
El 29 de mayo de 2013, la Asamblea Nacional ratificó por siete años a Benzadón (ausente), Rodríguez, Bernardez y Cucalón en sus respectivas autoridades. LA PRENSA/Archivo.

Con el avance de su gobierno, el mandatario Juan Carlos Varela se ha encargado de eliminar uno a uno los vestigios de la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

El 16 de de octubre pasado, la Asamblea Nacional, dominada por una alianza por la gobernabilidad entre el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), aprobó la ley que derogó el llamado ´gobierno paralelo´, una medida que adoptó Martinelli para que varios de sus nombramientos sobrevivieran su gestión y fueran intocables en el siguiente.

Sin embargo, en la misma primera semana del nuevo gobierno, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, cabildeó al Legislativo con la propuesta de eliminar la disposición con la que Martinelli nombró por siete años a los titulares de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Autoridad Panameña de Pasaportes (APP), Secretaría de la Cadena de Frío, Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Aeropuerto Internacional de Tocumen, Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Panamá Pacífico, Banco Hipotecario Nacional (BHN) y Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).

Pasaron más de tres meses, y entre negociaciones a puerta cerrada y escollos en la alianza legislativa, Varela ahora tiene la responsabilidad de completar a su alto mando gubernamental con figuras de confianza, luego de que el Legislativo estableciera que los nombramientos de Martinelli eran válidos hasta el 31 de octubre pasado.

RETIRO VOLUNTARIO

Pese a que la ley los protegía para que cumplieran sus períodos, varios de los titulares de estas instituciones prefirieron presentar sus renuncias en las primeras semanas del nuevo gobierno.

El 6 de julio pasado, menos de una semana después de que Varela se convirtiera en mandatario, Juan Carlos Pino, gerente de Tocumen, puso su cargo a disposición. En su reemplazo, el presidente nombró a Joseph Fidanque III, proveniente de Copa Holdings, compañía matriz de Copa Airlines.

Menos tiempo duró la huida de Roberto Linares como administrador de la AMP. Con solo tres días del cambio de gobierno, el funcionario presentó su renuncia. Jorge Barakat, abogado principal del Panameñista, fue designado para dicho cargo.

Otros de los funcionarios que prefirieron retirarse por voluntad, antes de que el gobierno actual lograra el respaldo jurídico para forzarlos a salir, fue Olmedo Alfaro, de la Agencia Panamá Pacífico. Fue reemplazado por Leo González.

A finales de septiembre pasado, Zelmar Rodríguez renunció a su puesto como administradora de la ASEP. El mandatario designó a Roberto Meana para ocupar esta oficina durante su gestión.

Luis Hurtado también renunció a su cargo como gerente del BHN, y Varela nombró en su lugar a Ramón Hernández.

En el caso de la ANIP, un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró que la creación de esta autoridad fue inconstitucional y la volvió a convertir en la Dirección General de Ingresos. Su titular, Luis Cucalón –figura en la que Martinelli depositó mucha confianza–, fue reemplazado por Publio Cortés.

LOS QUE FALTAN

En los próximos días, Varela tendrá que definir los reemplazos de los funcionarios del “gobierno paralelo” que no salieron por propia cuenta.

El domingo, durante la romería en el cementerio Amador con motivo del Día de los Difuntos, el mandatario aseguró que ahora tenía la facultad para hacer estas nuevas designaciones y que las “haría públicas en la próxima (esta) semana”.

Los cargos a definir por Varela en los próximos días son los reemplazos de Carmen Bernardez, titular de la APP; Fernando Duque, secretario ejecutivo de la Secretaría de la Cadena de Frío; y Rigoberto Effio, gerente general de ENA.

Además, el reemplazo que genera más zozobra entre la sociedad civil es el de Abigaíl Benzadón, administradora de la Antai.

Desde que asumió el puesto, en febrero de 2011 –cuando aún era la Secretaría de Transparencia contra la Corrupción– Benzadón ha sido el blanco de muchas críticas por su supuesta inacción y su falta de independencia hacia la gestión de Martinelli.

Aun cuando semanalmente eran muchos los señalamientos sobre corrupción del gobierno pasado, Benzadón prefirió no pronunciarse sobre ninguno de ellos.

PIDEN INDEPENDENCIA

“Es fundamental la organización de la institución. Se requiere independencia”, aseguró Maribel Jaén, de Justicia y Paz, sobre la elección del nuevo administrador de la Antai. “Un organismo contra la corrupción tiene que ser independiente para poder hacer su trabajo, tener los recursos, de profesionales”, agregó.

Sobre las demás designaciones, Jaén dijo que deben tener “vocación de servicio, conocimiento, experiencia y compromiso ante la comunidad. Se requieren personas que generen confianza”.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la Corte, indicó que Varela debe buscar perfiles de excelencia, que no sirvan más que a los intereses de la nación. “Los designados asumen una responsabilidad con el país, con la institución; tienen el reto de actuar como la ciudadanía espera que actúen”, dijo.

En tanto, Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, aplaudió la decisión del Gobierno de derogar la iniciativa de Martinelli. “Pretendían que no se fiscalizara luego que finalizara esa administración”, alegó.

Añadió que en el caso de la Antai se debe nombrar a “alguien que entienda el concepto de transparencia y que tenga capacidad, que tenga diligencia para que la institución tenga mayor fuerza y mayor respeto dentro de los servidores públicos”.

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