CENSURA. RECRUDECEN ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Expresión entrecortada

Mientras en Argentina el gobierno tilda de sicario al periodista Jorge Lanata, en Venezuela se acaba la línea dura de ´Globovisión´ contra el régimen.

“Me voy sin ninguna tristeza en el alma, la vida hará que nos crucemos de nuevo”, fueron las últimas palabras que dijo el periodista venezolano Leopoldo Castillo antes de despedir su polémico programa “Aló, Ciudadano”, transmitido por el canal de noticias Globovisión desde 2001 hasta el 16 de agosto pasado, cuando salió del aire.

La salida de Castillo marcó lo que los gremios periodísticos de Venezuela han llamado la caída de Globovisión, “última trinchera” de la oposición al régimen bolivariano –tras el cierre de RCTV en 2007–, atacada cientos de veces por el finado presidente Hugo Chávez.

Con la confirmación el 11 de marzo pasado de la venta del canal a un empresario vinculado con el chavismo, Castillo siguió al frente del espacio y amalgamó al resto de los periodistas.

Sin embargo, y a pesar de que los nuevos dueños aseguraron que respetarían la línea editorial dura contra el gobierno, el 19 de este mes anunciaron un cambio radical en esta y excluyeron a Castillo y a otros comunicadores sociales.

Ya Castillo se había ido y después de él lo hicieron Roberto Giusti, María Elena Lavaud, Norberto Mazza, María Isabel Párraga, Ana Karina Villalba, Román Lozinski, Alba Cecilia Mujica y Gladys Rodríguez.

Antes, en mayo, la nueva directiva del canal despidió al polémico Francisco Kiko Bautista, que conducía junto a Carla Angola y Pedro Luis Flores –que renunciaron– el programa “Buenas Noches”.

“Globovisión es moral, ética y periodísticamente inviable”, concluyeron los periodistas del canal en un comunicado divulgado el 20 de este mes.

Criterio en el que coinciden expertos venezolanos como Carlos Díaz, analista de redes sociales del centro de estudios Gumilla, para quien “Globovisión se acabó”, o como Carlos Correa, director de “Espacio Público”, quien opinó que desde la elección de Nicolás Maduro como presidente venezolano en abril pasado, “hemos asistido a un reposicionamiento de la relación con los medios que está marcada por la misma línea del gobierno de Chávez, ahora con más intensidad y otros mecanismos de presión”.

CASOS Y LATITUDES

“Línea intensa” que se aprecia en casos como los del diario El Nacional, condenado a comienzos de agosto por un tribunal de menores a pagar una multa correspondiente al 1% de sus ventas brutas, tras la publicación en 2012 de una foto en la que se apreció claramente el desenfado con que son “tratados” los cadáveres de las víctimas de la criminalidad en la morgue caraqueña.

Para garantizar la ejecución de la sentencia, el tribunal ordenó congelar los bienes al presidente editor del periódico, Miguel Henrique Otero. Además, el fallo prohibió a El Nacional publicar “imágenes de contenido violento”, tarea por demás difícil en un país que cerró el año pasado con más de 16 mil homicidios.

El proceso a El Nacional está registrado en un reciente informe del Grupo de Diarios de América, que incluye, asimismo, ataques a la libertad de expresión en Bolivia, Argentina y Ecuador.

En Argentina, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández protagonizó en la última semana dos hechos que han despertado la preocupación de los gremios periodísticos internacionales.

De hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa criticó los señalamientos contra el periodista Jorge Lanata, tildado de sicario y asesino mediático.

El 18 de agosto, la Casa Rosada divulgó un comunicado en el que llamó a Lanata “sicario mediático” por publicar información sobre los supuestos nexos de la Presidenta con una empresa señalada por presuntamente lavar dinero.

El 27 de agosto, el diario Clarín reportó el despido del periodista Juan Miceli, conductor de un programa en la televisora estatal Canal 7, por haber preguntado al diputado oficialista Andrés Cuervo el porqué llevaban propaganda oficial las donaciones a los afectados de las inundaciones en La Plata.

“Más allá de la polémica que podría suscitarse por la información manejada por el periodista, lamentamos que el gobierno haya arrastrado el debate público al campo de los insultos”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, al referirse al caso de Lanata.

(Basado en servicios internacionales).

Periodistas locales, bajo ataque

Desde 2009, cuando comenzó el gobierno de Ricardo Martinelli, los gremios periodísticos panameños han documentado por lo menos 30 ataques contra periodistas en el país.

Al mismo tiempo, cifras confirmadas por el Ministerio Público y el Órgano Judicial dan cuenta de 20 querellas por delitos contra el honor interpuestas contra al menos 24 periodistas y comunicadores sociales a partir del mismo año.

A esos procesos penales se suman, además, nueve demandas civiles contra siete periodistas y cuatro medios de comunicación.

Entre los últimos ataques figura el de Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, agredido por el director del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz, cuando el pasado 11 de junio intentaba asistir a dos periodistas de TVN que eran detenidos por el SPI.

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