LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ANIP

Fallo está ejecutoriado

El pleno negó la aclaración de sentencia a Cucalón, porque no era parte del proceso y tampoco actuó dentro de los plazos legales.
A través de sus abogados, Luis Cucalón pidió a la Corte aclarar el fallo que declaró inconstitucional la ley que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. LA PRENSA/Archivo. A través de sus abogados, Luis Cucalón pidió a la Corte aclarar el fallo que declaró inconstitucional la ley que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. LA PRENSA/Archivo.
A través de sus abogados, Luis Cucalón pidió a la Corte aclarar el fallo que declaró inconstitucional la ley que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. LA PRENSA/Archivo.

La Corte Suprema de Justicia desestimó una solicitud de aclaración presentada el pasado lunes por el administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip), Luis Cucalón, para que se aclarara el fallo fechado el 11 de agosto pasado que declaró inconstitucional la Ley 24 del 8 de abril de 2013, que creó ese organismo.

Con ponencia del magistrado Efrén Tello –suplente de Luis Ramón Fábrega–, fechada el pasado miércoles, la Corte rechazó “de plano” la petición porque Cucalón no era parte del proceso y actuó fuera del plazo legal.

Según los magistrados, el Código Judicial es claro al indicar que una vez que se ha dictado una sentencia, la Corte solo notifica al Ministerio Público y al demandante, y solo estos pueden pedir la aclaración del fallo dentro de los plazos de ejecución.

Citaron el artículo 2568 del Código Judicial, que dice: “el fallo quedará ejecutoriado tres días después de su notificación, término dentro del cual el agente del Ministerio Público o el demandante podrá pedir la aclaración de puntos oscuros de la parte resolutiva o pronunciamiento sobre puntos omitidos”.

Asimismo, los magistrados indicaron que el Código Judicial es por demás explícito en lo que respecta a los plazos de los procesos y citaron el artículo 2564: “una vez cumplido el término de traslado al Procurador de la Nación o de la Administración (según sea el caso) se fija en lista el negocio y se publicará un edicto hasta por tres días en un diario de circulación nacional, para que en un término de 10 días, tanto el demandante como cualquier persona interesada pudiera argumentar por escrito en el caso”.

Cucalón, empero, no actuó en ese plazo, a pesar de que pudo hacerlo, dijeron.

Fuentes de la Corte explicaron que al cumplirse todos los tiempos legales del proceso, el fallo está ejecutoriado y solo se espera su publicación en la Gaceta Oficial.

Mientras, los magistrados revisan una petición presentada por el abogado Miguel Antonio Bernal –demandante de la ley–, para que también se declare inconstitucional el contrato suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la empresa Cobranzas del Istmo, encargada de cobrar los impuestos.

Los magistrados analizan si la petición fue hecha dentro del término legal y si se trata de una aclaración. Bernal, por su parte, explicó que el artículo 999 del Código Judicial permite modificar el fallo en cualquier momento si existe algún error.

En tanto, el MEF informó ayer en un comunicado que revisará el contrato con la citada empresa, pues el gobierno de Juan Carlos Varela no tercerizará la recaudación de los impuestos.

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