Exclusivo: El primer capítulo de 'Origen', última novela de Dan Brown, este domingo en la edición impresa de La Prensa.

FINCAS SIN CERTIFICACIONES OFICIALES DE LA ANATI

Fianzas, un asunto penoso y sin control

Uno de los terrenos sirvió en el escándalo de las cárceles modulares, vinculado al italiano Mauro Velocci, que debía pagar una fianza por 100 mil dólares.

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Las fincas excarcelarias no solo se han utilizado para imputados locales. También figura en la lista el italiano Mauro Velocci, quien denunció un escándalo de corrupción en torno a un contrato para la construcción en Panamá de cárceles modulares.

Velocci, exrepresentante en Panamá de la compañía Svemark –que iba a construir las cárceles modulares– fue acusado de divulgar correos entre el expresidente Ricardo Martinelli y el italiano Valter Lavítola, este último condenado en su país por el delito de extorsión en el que se vincula a Panamá.

El Juzgado Undécimo de Circuito Penal fijó una fianza a Velocci de $100 mil, a pesar de que este se había ido a Italia en 2012. Para este proceso se utilizó la finca del comerciante Julio César Quijada, quien aseguró ser víctima de una “red” de estafadores.

Al momento de aceptarse la fianza como válida, el terreno ya no tendría capacidad para servir como garantía. El artículo 2162 del Código Judicial establece que “la finca que sirva como garantía en una fianza hipotecaria deberá tener un valor equivalente al doble del monto de la fianza, libre de gravámenes”.

En el mismo artículo se advierte que el fiador debe presentar al tribunal una certificación de la Dirección de Catastro (hoy Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Anati), en la que conste el valor de la finca, su ubicación, condiciones y si el terreno tiene mejoras.

Un terreno sin ninguna mejora, valorado en cerca de medio millón de dólares, en Penonomé, se utilizó como fianza excarcelaria del italiano Mauro Velocci, quien denunció el escándalo del fallido contrato de cárceles modulares. Expandir Imagen
Un terreno sin ninguna mejora, valorado en cerca de medio millón de dólares, en Penonomé, se utilizó como fianza excarcelaria del italiano Mauro Velocci, quien denunció el escándalo del fallido contrato de cárceles modulares. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

En agosto de 2012, cuando se fijó la fianza, el terreno ya reportaba una hipoteca en el Registro Público por 363 mil 500 dólares, de los 450 mil dólares que tenía de avalúo; es decir, que solo tenía una capacidad de 86 mil 500 dólares, insuficiente para cubrir la fianza.

Una revisión a la documentación muestra que el terreno tenía un valor de $65 mil. En diciembre de 2011, Quijada compró una hectárea en $180 mil, mientras sus vecinos pagaban $16 mil por cada 2 mil metros cuadrados adyacentes.

Cuatro meses después de la compra del terreno, el 18 de abril de 2012, su valor aumentó, sin ninguna mejora, a cerca de medio millón de dólares. Y ocho días después de aumentar su valor, sirvió para empezar a sacar presos de la cárcel.

Quijada mencionó que desconocía el nuevo valor de su finca: $450 mil. Dijo que no pagó ni un solo centavo de impuesto al Tesoro Nacional con base en ese valor y que hace un año le informaron que su morosidad al fisco ya iba por más de $30 mil.

Pese a ello, los jueces aceptaron la finca como garantía de las fianzas que fijaron en más de 40 casos hasta 2016, cuando Quijada se percató de las irregularidades.

¿Usted tiene esa cantidad de dinero para pagar al Estado?

“No, y también la finca está embargada”, respondió.

El comerciante relató que se enteró por “casualidad” de lo que sucedía con su finca, porque intentó obtener un préstamo hipotecario en el que planeaba ofrecer de garantía su propiedad, pero la entidad bancaria canceló su petición cuando se enteró de los procesados de alto perfil que, usando su finca de garantía, recuperaron su libertad. “Yo no sabía nada de eso, ni me imaginaba”, dijo con preocupación.

¿Usted conoce a Edwin Guerrero?

Sí, lo conozco.

¿Es la persona a la que usted se refiere que lo engañó para poder hacer todos estos procesos de excarcelación?

“Yo pienso que él es el principal, la cabeza de esta red, porque esto es como una red. Ahí hay muchas cosas metidas, bufetes de abogados y bueno, que las autoridades investiguen”.

Denunció que había dado autorización –“por amistad”– solo para que actualizaran la finca, pero que se sobrepasaron. “Fue un abuso de confianza. Cuando me di cuenta, ya habían utilizado la finca de una forma irregular”.

¿Entregó usted su finca para servir de garantía en fianzas de excarcelación?

No. Ahora me entero de que se me falsificó un poder en una notaría en Panamá [a la] que nunca he ido.

¿Interpuso alguna denuncia?

Sí, ya mis abogados están trabajando en eso.

¿Qué pensaba hacer con estas tierras?

En 2013, aparecen documentos en los que Edwin Guerrero figura como apoderado de Juan Palito, S.A. Expandir Imagen
En 2013, aparecen documentos en los que Edwin Guerrero figura como apoderado de Juan Palito, S.A.

Una finca poco cuidada, valorada en $7 millones, se ubica en El Potrero, distrito de La Pintada. Expandir Imagen
Una finca poco cuidada, valorada en $7 millones, se ubica en El Potrero, distrito de La Pintada. LA PRENSA/Alexander Arosemena

Fianzas, un asunto penoso y sin control Expandir Imagen
Fianzas, un asunto penoso y sin control

Yo tenía planeado usarlas como hipoteca, porque me dedico a la agricultura, y ahora hemos quedado en el aire.

¿Cuenta usted con alguna certificación de la Anati que indique que su finca se puede utilizar como fianza hipotecaria?

No, yo no tengo eso, no sé cómo consiguieron el avalúo en la Anati, aquí debe haber algo escondido.

¿Se siente estafado?

¡Por supuesto! Ahora no se puede hacer nada con esa finca, porque está con esas fianzas y ahora hay que pagar los impuestos y los responsables no aparecen.

¿Quiénes son los responsables?

Ahí aparece un bufete de abogados y deben salir los demás. A la persona que le confié [la finca], me hizo eso, no apareció nunca más. El negocio de él es ese: agarrar fincas ajenas y enredar a la gente. Las autoridades que investiguen los casos. Aquí nadie hace nada.

Aseguró que ningún funcionario del Ministerio Público, de la Anati o del Órgano Judicial le ha pedido información sobre su finca.

Como en otros casos, aparecen tramitando los mismos personajes que en las sociedades llamadas Reforestadora San Cristóbal, Inversiones Kristian, Ysidro, Inversiones La Auxiliadora, Ioannis y Juan Palito.

se reunió con Edwin Guerrero para conocer su versión sobre las vinculaciones que se le hacen con las fincas usadas en las fianzas de excarcelación, pero dijo que prefería no hablar del tema con este medio.

Se detectó que en septiembre de 2013 Guerrero apareció con un poder especial para tramitar a nombre de Juan Palito, S.A., que se constituyó en fiadora en dos procesos penales que sumaron 32 mil dólares. (Ver facsímil).

VACÍO LEGAL

En una revisión a las fianzas otorgadas, los jueces aseguran que entre los documentos entregados hay certificaciones de la Anati, pero estas no existen en esa entidad ni tampoco aparecen en el Registro Público.

Entonces, ¿cómo logran entregar certificaciones de la Anati a los juzgados cuando esa entidad no los ha expedido? ¿Cuándo se hacen las inspecciones a los terrenos? ¿Cuánto pagan al Tesoro Nacional? No hay respuestas, ya que los involucrados decidieron guardar silencio.

El director de Información Catastral y Avalúo de la Anati, Franklin Jiménez, confirmó a La Prensa que, en el caso de la sociedad Ioannis, presentaron declaraciones de avalúos voluntarios y no específicos, como exige la ley, de 12 fincas que fueron aceptadas en procesos judiciales.

El director General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, reveló que “la ley no le ordena ni le exige” a esa entidad tener un registro de las personas naturales o jurídicas que sirven de fiadores en procesos civiles y penales, por lo que “para la DGI todas las fincas son iguales, no importa su uso”.

Cortés señaló que existe un registro digitalizado con la Anati para poder hacer las recaudaciones y una “excelente comunicación de sistemas” con el Registro Público, pero que en este proceso no se incluye al Órgano Judicial.

Aunque confirmó que no tienen un control de las fincas que se usan para excarcelar, aseguró que en impuesto de inmuebles recaudaron alrededor de $166 millones el año pasado,“que está n nutriendo la descentralización municipal”, dijo.

Pero, contrario a lo dicho por Cortés, Quijada aseveró que aún no ha pagado ni un centavo al fisco por la finca valorada en $450 mil que ha excarcelado a más de 40 personas en cinco años.

La Anati confirmó que no ha otorgado avalúos oficiales, como lo exige la ley, a ninguna de las sociedades y/o personas que están al frente de los terrenos “sacapresos”.

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