ESCOGENCIA DE MAGISTRADOS

Figuras ‘probas’ para la Corte Suprema

El Ejecutivo aún no decide qué metodología utilizará para seleccionar a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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Magistrado Oydén Ortega. Magistrado Oydén Ortega.

Magistrado Oydén Ortega. Foto por: Archivo

Magistrado Jerónimo Mejía. Magistrado Jerónimo Mejía.

Magistrado Jerónimo Mejía.

Oydén Ortega, quien preside la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y su colega Jerónimo Mejía, de la Sala Segunda de lo Penal, culminan su periodo como magistrados del máximo tribunal de justicia en seis meses.

Ambos fueron nombrados por el presidente Martín Torrijos a finales de diciembre de 2007, y tomaron posesión en enero de 2008.

Al presidente Juan Carlos Varela le corresponde nombrar a sus reemplazos. En diciembre de 2015, Varela eligió a Cecilio Cedalise y a Ángela Russo para reemplazar a Harley Mitchell y a Víctor Benavides, respectivamente.

El proceso para escoger a Cedalise y Russo incluyó la participación de la Comisión de Estado por la Justicia, que analizó la hoja de vida de los candidatos y los entrevistó uno a uno, ante las cámaras de televisión. Al final, la comisión presentó al Ejecutivo un informe, pero el mandatario y su gabinete tuvieron la última palabra.

¿Cómo será el proceso para escoger a los reemplazos de Ortega y Mejía? El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien lideró el proceso en 2015, dijo que aún no han decidido si se repetirá o no esa técnica.

Sin embargo, aunque por ley es potestad del presidente de la República escoger a los nuevos magistrados, dirigentes de diferentes sectores del país apelan porque se lleve a cabo una fase de elección amplia y transparente.

Incluso, dicen que el Ejecutivo ya debería estar trabajando en la metodología, pues, aunque en 2015 se permitió el escrutinio ciudadano, los elegidos no llenaron las expectativas de la sociedad.

RECOMENDACIÓN

El procurador de la Administración, Rigoberto González, coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, señala que para hacer estos nombramientos la Presidencia debe considerar, al menos, cinco aspectos: mantener la participación de la comisión; que la convocatoria se haga con suficiente tiempo de anticipación para que se pueda publicar la lista oficial de los aspirantes; que esta publicación incluya a todos los que presenten sus documentos; que los criterios de selección se divulguen públicamente para que la dinámica sea transparente; y que la lista de los seleccionados se amplíe a más de 10 candidatos.

PERFIL

Annette Planells, del Movimiento Independiente, aboga para que los perfiles de los aspirantes estén basados en actitudes, aptitudes y experiencia. Advierte que el método usado hasta ahora por el Ejecutivo ha demostrado ser “un total fracaso”. “Lo vemos día a día en las omisiones de la mayoría de los magistrados”, añade.

Resaltó que espera que esta vez se tome en cuenta el ejercicio de evaluación de los 10 candidatos que hicieron en 2015.

Quien también espera que el presidente no solo permita el escrutinio público de los candidatos, sino que los ciudadanos puedan elegirlos, es Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos. A su juicio, por ser la Corte una corporación de justicia muy cuestionada, debe contar con personas probas, éticas, comprometidas y transparentes.

Reconoce que el Gobierno marcó un hito con las audiencias públicas de 2015, pero asegura que al momento del Ejecutivo elegir, “(...) el presidente no tomó en cuenta las ponderaciones y comentarios que surgieron desde el pueblo, por lo que muchos sectores calificaron la iniciativa como un show”. “No hay que olvidar que tanto Russo como Cedalise apoyaron la reelección de José Ayú Prado en la Presidencia de la Corte, un magistrado ampliamente cuestionado y denunciado”, recuerda.

La posición de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, según Carlos Lee, uno de sus dirigentes, es lograr un proceso más democrático y alejado de designaciones políticas. “Que el proceso sea con una mayor transparencia por parte del gabinete. Que sea a partir de méritos y ejecutorias de los designados, que garanticen independencia y compromiso con la consolidación de la democracia”, expresó.

ATRASOS

El Ejecutivo está en mora con algunas designaciones en la Corte. Por ejemplo, no toma una decisión en el caso del magistrado Abel Zamorano, quien era el suplente de Alejandro Moncada Luna, condenado en marzo de 2015 por la Asamblea Nacional por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

Tampoco ha designado al suplente de Cedalise. Cuando el magistrado titular no está y tampoco tiene suplente, a veces este puesto queda vacío. Ocurrió el pasado 2 de junio en un pleno extraordinario convocado para analizar recursos presentados en la Corte por los investigados en el caso Odebrecht.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes del Órgano Judicial, en la mayoría de los casos a los magistrados que no tienen suplentes se les asigna uno de los que no estén actuando como principales.

Mientras, la Asamblea Nacional debe ratificar a Judith Cossú como suplente de Russo. Cossú fue nombrada en abril pasado, un año y tres meses después de que se designara a Russo.

La demora del Ejecutivo para nombrar a los magistrados suplentes también es motivo de cuestionamientos por parte de sectores de la sociedad civil.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, dice al respecto que para cada una de estas posiciones han entrevistado a ciudadanos con diferentes experiencias en el derecho. “El equipo jurídico lo presentará al presidente una vez concluyan las entrevistas”, explica. “Al igual que lo hemos hecho en el pasado, queremos designar a personas con la capacidad y experiencia suficiente de aportar a que los panameños tengamos cada vez más una mejor administración de justicia”, puntualizó.

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