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NEGOCIADO MILLONARIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS

Fiscal llama a otros testigos

Alberto Vallarino, Dulcidio De La Guardia, Harry Díaz, entre otros, tendrán que rendir declaración jurada.

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La investigación por supuestas irregularidades en el contrato dado a Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) podría entrar en una nueva etapa a partir de esta semana.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, entidad que instruye el expediente, le tomará declaración jurada a una veintena de personas que tuvieron que ver con la elaboración y aprobación del contrato otorgado a CISA en agosto de 2010.

En la lista figuran el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino; y el actual titular de esa cartera y quien en ese entonces fungía como viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Otro de los que resaltan en la lista de la fiscal cuarta, Ruth Morcillo, es el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, quien al momento en que se otorgó el contrato para el cobro de impuestos morosos a Cobranzas fungía como asesor legal del Ministerio de Economía.

También se llamará al exjefe de Cómputos de la antigua Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá, Edmundo Arce, entre otras personas.

Las pruebas testimoniales fueron solicitadas por la defensa del ex director general de Ingresos Luis Cucalón, quien está detenido en las celdas de la Policía Nacional, en Ancón, desde el pasado 25 de mayo.

Víctor Chan, abogado de Cucalón, manifestó que en el caso del ministro De La Guardia la fiscalía podría enviarle un cuestionario al funcionario.

Esto, a raíz de que el Código Judicial establece en el artículo 929 que un fiscal no puede interrogar a un funcionario con mando y jurisdicción a nivel nacional. Este es el caso del titular del MEF; sin embargo, la norma indica que el funcionario puede acudir voluntariamente al interrogatorio.

De La Guardia ha manifestado que en caso de que el Ministerio Público lo requiera, “haremos lo que nos corresponde: ir a declarar o contestar el cuestionario que nos envíen”.

El ministro ha sido cuestionado por emitir pagos a CISA entre diciembre del año pasado y enero de 2015, cuando ya se habían denunciado las irregularidades en el contrato.

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