Fiscal señala que exdirector de la CSS violó procesos

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Guillermo Sáez-Llorens

La obra se empezó a construir en 2012, en la administración de Ricardo Martinelli. La obra se empezó a construir en 2012, en la administración de Ricardo Martinelli.

La obra se empezó a construir en 2012, en la administración de Ricardo Martinelli.

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El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens solicitó el refrendo para la construcción de la ciudad hospitalaria sin la aprobación del estudio de impacto ambiental y sin los planos municipales.

Estas supuestas anomalías se enumeran en el documento mediante el cual la fiscal quinta Anticorrupción, Janeth Rovetto, ordenó indagar por este caso a Sáez-Llorens, al exministro de Salud Javier Díaz y a otros cinco exfuncionarios.

MP: Sáez-Llorens se saltó las reglas

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens solicitó el refrendo de la orden de proceder para que el consorcio Construcciones Hospitalarias, S.A. iniciara la edificación de la ciudad hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud, sin tomar en consideración que el estudio de impacto de ambiental de esta obra no estaba aprobado por la entonces Autoridad Nacional del Medio Ambiente (Anam).

Así lo revela la providencia que ordenó la indagatoria del exdirector de la CSS, documento que fue expedido el pasado 6 de octubre por la fiscal quinta Anticorrupción Janeth Rovetto, y en el que también se solicita indagar al exministro de Salud Javier Díaz; a Alberto Maggiori, ex director ejecutivo de Finanzas y Administración de la CSS, y a los exfuncionarios de esa entidad Liska Richards, Linett Monterrey, Marina de Sucre y Nelson Dueñas. A ellos se les acusa de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

MÁS ANOMALÍAS

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso este medio, Sáez-Llorens autorizó la ejecución del contrato del proyecto sin contar con la aprobación de los planos por parte de la autoridad municipal competente. El Ministerio Público (MP) también destaca que solicitó el refrendo de la obra sin el visto bueno de la junta directiva de la entidad para aceptar la donación del terreno donde se construiría uno de los proyectos insignia de la era Martinelli.

Al momento de iniciar la construcción del proyecto, tampoco contaba con un plan maestro emitido por el Ministerio de Vivienda yOrdenamiento Territorial, de acuerdo con la Fiscalía Quinta Anticorrupción.

La providencia de indagatoria también cita una auditoría elaborada por la propia CSS que detalla que se encontraron deficiencias en el terreno de la construcción y en el proceso de licitación, e incumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato.

En esa auditoría se concluye que nunca existió un escrito de formalización de la donación del terreno, puesto que la directiva de la entidad emitió la resolución autorizando al director general para que aceptara la donación ocho meses después de iniciados los trabajos. Por este aspecto también se le atañen responsabilidades al exministro de Salud Javier Díaz y al ex director ejecutivo de Finanzas y Administración, Alberto Maggiori.

Se resalta igualmente que no fueron consideradas las vías de acceso a la edificación, el abastecimiento óptimo de agua ni el aprovisionamiento de energía eléctrica.

Carlos Carrillo, abogado de Sáez-Llorens, dijo que su cliente comparecerá a todas las citaciones que se le hagan.

Otros vinculados

Mientras que Marina de Sucre, exdirectora nacional de Compras, omitió la supervisión del proceso de contratación pública número 2011-1-10-008-LV-072754 a fin de establecer que el pliego de condiciones se cumpliera con los requisitos legales establecidos, dice la providencia.

Así mismo, detalla que la ex directora ejecutiva nacional de Infraestructura Linett Monterrey no supervisó de forma adecuada la ejecución del proyecto, mientras que el arquitecto Nelson Dueñas omitió sus deberes y obligaciones como enlace entre el consorcio constructor y la institución.

De Liska Richards, exsubdirectora nacional de Instalaciones, el Ministerio Público estableció que dio el visto bueno a la lista de equipamiento para la ciudad hospitalaria, incluyendo dotación que no tenía el código del Comité Técnico Nacional Interinstitucional ni la respectiva ficha técnica, tal como exige la ley.

El denunciante Edgardo Voitier sustentó -al momento de presentar la denuncia- que el proyecto estimado en 517 millones de dólares, “nació sumergido en la polémica”.

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