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EXTORSIÓN INTERNACIONAL

Fiscalía de Nápoles cierra el círculo

Fiscales del Tribunal de Nápoles implican como acusado al presidente, Ricardo Martinelli, pero esperan formularle cargos al terminar su mandato.

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El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, será procesado por la Fiscalía del Tribunal de Nápoles por extorsión internacional a la empresa Impregilo cuando cese su inmunidad diplomática como jefe de Estado, según conoció ayer La Prensa de fuentes judiciales.

Además, esas mismas fuentes han aclarado que tanto Martinelli como el empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña tienen condición de “indagados” y, por tanto, están implicados como concurrentes de un presunto delito de extorsión al mismo nivel que el italiano Valter Lavítola.

Sin embargo, la fiscalía decidió llamar a juicio únicamente a Lavítola, el que fuera intermediario entre Italia y Panamá, en prisión preventiva en la cárcel romana de Rebibbia.

Con ello se habría corregido el error que supuso al inicio del proceso la unificación de las imputaciones de los tres principales implicados, Lavítola, Oruña y Martinelli, en un único juicio.

De esta forma, si Lavítola es condenado, la fiscalía tendría el camino allanado para emprender las acciones penales contra los otros dos –Martinelli y Oruña– por los mismos delitos, al considerárseles partícipes necesarios.

ACUSACIÓN ES POSIBLE

A diferencia del proceso penal por corrupción internacional en los contratos firmados entre Panamá y Finmeccanica, que lleva adelante el Tribunal de Roma –en el que no pueden ser procesados ni Martinelli ni ningún otro funcionario del Gobierno de Panamá por ser parte de la corrupción pasiva, delito no perseguible en Italia–, el código de ordenamiento jurídico italiano sí prevé la imputación de extranjeros sin inmunidad diplomática en delitos de extorsión internacional.

La fiscalía, además, está obligada por ley a perseguir de oficio tales conductas delictivas cuando tiene conocimiento de estas. En este caso, la información de la que disponen los magistrados procede de las investigaciones en los procesos por corrupción internacional en las que están implicadas las empresas italianas Svemark, que construiría cárceles modulares, y Finmeccanica, a las que Panamá le compró equipos y servicios (radares, helicópteros y cartografía digital) por un monto de 250 millones de dólares.

Martinelli tendrá que comparecer en Italia

Ricardo Martinelli y Rogelio Oruña tendrán que comparecer a la sede judicial del Tribunal de Nápoles, llamados como testigos de la defensa de Lavítola, imputado por extorsión a Impregilo, según se puso de relieve ayer en la sala 219 del Tribunal de Nápoles.

La fiscalía habría descartado estratégicamente incluir a Martinelli y Oruña en su lista de testigos –aunque considera muy relevante sus testimonios– porque teme dilaciones en sus comparecencias que podrían bloquear el proceso que llevan adelante.

TÁCTICAS DILATORIAS

El abogado defensor de Lavítola, Antonio Cirillo, pidió al Colegio de Jueces de la sección 6 del Tribunal de Nápoles anular el decreto de envío inmediato a juicio porque considera que “al saltar la audiencia preliminar, salta también el derecho a la defensa”.

Por su parte, el otro representante legal de Lavítola, Maurizio Paniz, alegó que las acusaciones contra su cliente son “genéricas e indeterminadas” y cuestionó la competencia territorial del Tribunal de Nápoles, ya que la sede de Impregilo está en Milán.

Pero el prestigioso fiscal Vinzenzo Piscitelli –recientemente promocionado a procurador adjunto del Tribunal de Nápoles– ha argumentado que el informe de conclusiones finales es una “síntesis de los delitos esenciales” y describe detalladamente “las leyes violadas” por Valter Lavítola.

Además, recordó que ya hubo una resolución judicial anterior sobre la territorialidad en este proceso, con la que se confirmó la plena competencia del Tribunal de Nápoles en este caso.

Entre otros testigos, la fiscalía llamará a declarar al embajador de Italia en Panamá, Giancarlo María Curcio, porque su testimonio es de total relevancia para demostrar que Lavítola desempeñaba un “papel oficial” de intermediario entre los gobiernos de Italia y el de Panamá, como demuestran las conclusiones de la investigación policial.

La juez Giovanna Cepalloni deberá dirimir estas cuestiones preliminares el próximo 16 de abril, el mismo día en que está previsto que se celebre el juicio por corrupción política que imputa a Valter Lavítola y a Silvio Berlusconi.

MARTINELLI DICE QUE SE ORINA DE LA RISA

La Prensa escribió ayer a Oruña para conocer si iría a Nápoles como testigo en defensa de su amigo Lavítola, pero no respondió.

En cambio, Martinelli escribió en Twitter: “diario de la opo no sabe que inventar para opacar Cinta Costera y Metro me orino de la risa cada vez rescriben con mala fe novela italiana [sic]” (ver facsímil).

Abordado ayer personalmente, dijo: “Yo respondí en Twitter, yo respondo por mis obras; me da mucha risa eso”.

LAS VINCULACIONES

La Fiscalía de Nápoles envió directamente a juicio a Lavítola –sin pasar por la etapa de las audiencias preliminares– porque, a su juicio, las pruebas recabadas en la investigación evidencian irrefutablemente la culpabilidad de Lavítola.

Esas evidencias incluyen interceptaciones telefónicas entre Lavítola y Oruña, que “confirman las estrechas relaciones de negocio entre los dos y de ellos con Martinelli”, referente a la construcción del hospital pediátrico de Veraguas.

Una de ellas es referente a la amenaza de Martinelli de divulgar noticias de un supuesto mal desempeño de Impregilo en las obras de la ampliación del Canal de Panamá, lo que habría puesto en peligro las acciones de la empresa italiana en la bolsa de valores (ver recuadro).

Y son estas amenazas, justamente, en las que se basaría la Fiscalía de Nápoles para acusar formalmente a Martinelli de extorsión internacional cuando cese su mandato, que se extiende hasta el 30 de junio de 2014.

También resalta en el expediente telefonemas grabados, presuntamente entre Lavítola y Martinelli, pero las conversaciones en las que uno de los interlocutores goza de inmunidad son “censuradas” por la Fiscalía y no pueden utilizarse como prueba procesal, aunque ello no impide que los magistrados conozcan su contenido, de manera que lo que haya hablado Lavítola con Martinelli ha sido censurado en este caso.

Pidieron coimas a Impregilo por el Metro

El 27 de julio de 2012, Massimo Ponzellini –presidente de Impregilo– fue interrogado por el Tribunal de Nápoles sobre el contenido de dos grabaciones sobre el hospital que exigía a Italia el presidente, Ricardo Martinelli.

Ponzellini identificó a Lavítola como un cercano colaborador de Martinelli y que este pretendía cobrar coimas si Impregilo hubiese ganado la licitación del Metro.

“Después de habernos adjudicado, como Impregilo (y en consorcio) la licitación del Canal de Panamá, participamos como Impregilo en la licitación del Metro de Panamá...”, declaró Ponzellini.

“Fue en relación a esta licitación –en la que Impregilo no estaba particularmente interesado, ya que hizo una oferta altísima– que entraron en juego Martinelli y Lavítola con sus pretensiones, o mejor dicho, Lavítola como intermediario de las pretensiones del presidente Martinelli”, subrayó Ponzellini.

“Lavítola nos hizo entender claramente –añadió Ponzellini– que el presidente Martinelli, para adjudicarle a Impregilo la licitación del Metro de Panamá, pretendía un ´reconocimiento´ económico para él y para su entorno...”.

“Tal inequívoco mensaje, Lavítola lo manifestó, ya sea, hablando directamente conmigo (que era presidente de Impregilo y que en una ocasión visité Panamá), así como con el administrador delegado de Impregilo, [Alberto] Rubegni (...) y por otra parte, indirectamente, a través de la Presidencia del Consejo (o sea, a través de Berlusconi) y del embajador en Panamá [Plácido] Vigo”, narró.

En su declaración, Ponzellini describe que “Lavítola (como portavoz e intermediario de Martinelli) pretendía, con arrogancia, hacer ver que habría obstáculos y problemas para Impregilo en caso de que no hubiésemos cedido a tales pretensiones (como efectivamente demuestra el tenor de la conversación que me han leído, en la cual el presidente Berlusconi prevé represalias de parte del presidente Martinelli)”. Ponzellini dijo que se rechazaron tales pretensiones, “limitándonos a proponer que –en caso de que Impregilo se hubiese adjudicado la licitación del Metro (en la cual ni siquiera había gran interés particular)– lo máximo que Impregilo habría podido hacer es financiar la construcción en Panamá de un hospital que se hubiese llamado ciudad de Milán”.

“Es ese hospital, efectivamente, al cual se refiere en las dos llamadas que me han leído, de las cuales emerge Martinelli, a través de Lavítola”, precisó el empresario.

Según los fiscales de Nápoles, “el sujeto que habría tenido que construir el hospital prometido por Impregilo a cambio de la adjudicación de la obra [del Metro] era, verosímilmente, Rogelio Oruña Aguilar, empresario con el cual Martinelli tenía una verdadera relación oculta de sociedad de hecho, habiendo ya desempeñado el papel de recolector de coimas a él destinadas en otras ocasiones”.

Rolando Rodríguez B.

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