PIDEN RESPETO A LA DEMOCRACIA, INSTITUCIONALIDAD Y A LOS DERECHOS CIUDADANOS

Frentes comunes ante abusos

Defender la democracia y la institucionalidad del país, así como condenar la violencia y la inseguridad, es el común denominador de nuevas agrupaciones.

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Los abusos de poder, la extralimitación de funciones y los atropellos a la libre expresión y a la institucionalidad –todas acusaciones que recaen sobre el gobierno de Ricardo Martinelli– han ocasionado la multiplicación de frentes en defensa de la democracia que abogan por la institucionalidad y condenan los actos autoritarios.

Hace tan solo cuatro días, horas después de la renuncia del alcalde capitalino, Bosco Vallarino, el vicepresidente de la República y presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, hizo un llamado a todos los sectores, “sin distingos de creencias políticas o religiosas”, para construir un “gran frente” de defensa de las instituciones democráticas del país. Según dijo, el “autoritarismo” de Martinelli está llevando al país “a un enfrentamiento, quebrantando el orden constitucional e irrespetando la separación de poderes y a todas las autoridades elegidas por votación popular”.

2011, UN AÑO ACTIVO

A principios de año, en el marco de la polémica aprobación de la ley minera, se creó la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos, que se opone a la explotación minera y de hidroeléctricas en la comarca.

En febrero, panameños de diversos sectores formaron el Movimiento por la Democracia Ciudadana, con el fin de unir esfuerzos “para salvaguardar la democracia y la libertad de expresión”. El grupo se unió para luchar por la defensa de la libertad de expresión, la democracia y el estado de derecho.

En abril, consternados por el asesinato de un joven de 19 años y agobiados por la cantidad de violencia, activistas de la sociedad civil crearon la Cruzada por la Paz, movimiento que presentó varias propuestas legislativas relativas al tema de la seguridad.

En septiembre, políticos, empresarios, jóvenes y opositores crearon el Arco en defensa de la democracia, ante la aprobación de la segunda vuelta electoral en la Asamblea y para frenar los abusos de poder de Martinelli.

Y solo un mes después –en octubre– ocho medios de comunicación lanzaron la campaña “¡Basta ya!, defendamos la libertad de expresión” para repudiar los ataques que funcionarios y allegados al Ejecutivo han venido haciendo contra medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Un mes más tarde (noviembre) se creó otra organización gremial que, aunque más coyuntural que las anteriores, representó una voz de protesta por las acciones del gobierno. Se trata de la coordinadora cívica nacional, que agrupa a 45 grupos de médicos, farmacéuticos, docentes, ambientalistas, transportistas y obreros, cuyo principal objetivo era la oposición a la privatización de los servicios públicos.

Y en diciembre, miembros de la Cruzada Civilista se reactivaron para exigir que se hiciera cumplir la condena de prisión impuesta al exgeneral Manuel Antonio Noriega.

2010 también fue un año de preocupación ciudadana. En mayo, con la preocupación por la creciente criminalidad, se creó el espacio Gran Alianza por la Seguridad Ciudadana, que aglutina a 39 asociaciones y gremios de la sociedad civil organizada. En tanto, en agosto se creó la Alianza Ciudadana, que hoy reúne 80 organizaciones preocupadas por el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y los espacios de diálogo.

PANAMÁ, EN PELIGRO

La gente está preocupada, apunta el analista Ebrahim Asvat, “porque siente que la Constitución y sus frenos y contrapesos establecidos se desmoronan frente a un poder Ejecutivo abusivo”.

El temor, sostiene el también abogado, es que la propia Constitución, si no se respeta, se pueda convertir en camisa de fuerza para el poder soberano del pueblo. “Y es allí donde se pueden buscar otros mecanismos extraconstitucionales más acordes con el poder soberano del pueblo para que las sanas reglas democráticas y de estado de derecho se respeten”.

Basado en eso, Asvat considera que “es preferible escuchar las voces críticas, que son las que detienen el posible tsunami que nos depara si no establecemos límites a nuestras ambiciones políticas y apetitos de poder”.

El presidente del Partido Popular y uno de los fundadores del Arco por la democracia, Milton Henríquez, coincide con Asvat en la preocupación que genera en la población el estilo y las actuaciones del gobierno actual. Según él, “cada vez que el Presidente atenta contra los derechos de un nuevo grupo o sector, este se da cuenta de que la única forma de enfrentar el poder autoritario es organizándose”.

Las distintas manifestaciones de esa organización, argumenta, deben verse como un “continuo movimiento popular que va creciendo con cada hecho político destructivo de la institucionalidad”.

Esos nuevos movimientos pro democracia, piensa el director de TVN Noticias, miembro de la campaña “Basta ya”, Guido Rodríguez, son el reflejo de “reacciones legítimas que, más allá de llamar la atención sobre problemas puntuales, como pueden ser determinados ataques a medios de comunicación o periodistas, empresarios, sociedad civil, etc., pretenden de una u otra manera la defensa de la institucionalidad democrática y todos lo que ella implica”.

En democracia, recuerda, los ciudadanos tienen el deber de participar activamente en defensa de la esta, cuando quiera que se perciba que exista un peligro.

En efecto, la exprocuradora Ana Matilde Gómez piensa que “toda sociedad, por más pacífica que sea la idiosincrasia de sus ciudadanos, tiene un nivel de tolerancia cuya medida está dada por las experiencias y episodios históricos que ha padecido”. Así, cree que “entre más se asimilen los actos del Presidente a aquellos que vivimos en dictadura, mayor será el temor y el rechazo de los ciudadanos.

Es decir, la movilización y capacidad de articulación de las fuerzas vivas de la sociedad es directamente proporcional al agotamiento de la tolerancia de los ciudadanos. No es el poder de convocatoria de los voceros: es el umbral de tolerancia de las masas, sean homogéneas o no”.

Henríquez va más allá. Para él ya se están repitiendo “los procesos de concentración del poder y de destrucción de la institucionalidad que vimos bajo la dictadura militar, y que vemos hoy en algunos países de Suramérica”.

PREOCUPACIÓN LATENTE

Rodríguez sostiene que hay una preocupación creciente en torno a las próximas designaciones de importancia que deben hacerse a nivel gubernamental: un magistrado del Tribunal Electoral, tres magistraturas en la Sala de Garantías Constitucionales y el próximo administrador del Canal. “Todas son posiciones delicadas que requieren de sapiencia, desprendimiento y patriotismo a la hora de escoger, y hay el justificado temor de que ocurra, como hasta ahora, la designación y el acomodo de allegados al Presidente”, indica.

También, aduce Rodríguez, hay una preocupación por el proceso electoral que culminará con las elecciones de mayo de 2014, que se ve acentuado por el retardo en aprobar la propuesta consensuada de reformas electorales de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y por el ´laboratorio´ de la apartada comunidad de El Bebedero, “en la que la intromisión del gobierno en favor de la candidata oficialista fue groseramente evidente”.

En fin, piensa, todo ese cúmulo de situaciones “hace que ya haya personas con prestigio que estén incluso hablando de un frente común en defensa de la institucionalidad democrática y hasta de una eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente”.

Por último, Henríquez indica que “los que no han sido afectados aún deben comprender que hay que defender la libertad de todos, porque tarde o temprano se pondrá en peligro la suya también”.

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