abuso de poder

Funcionarios de la era Martinelli tienen cuentas con la justicia

Al menos tres ex servidores públicos ligados a la pasada administración y un magistrado enfrentan procesos legales.
Guillermo Ferrufino, exministro del Mides; Alejandro Moncada Luna, magistrado separado de la CSJ; Luis Eduardo Camacho González, exviceministro del Mici, y María Cristina González, exdirectora del Servicio Nacional de Migración, son investigados por ilícitos. LA PRENSA/Archivo. Guillermo Ferrufino, exministro del Mides; Alejandro Moncada Luna, magistrado separado de la CSJ; Luis Eduardo Camacho González, exviceministro del Mici, y María Cristina González, exdirectora del Servicio Nacional de Migración, son investigados por ilícitos. LA PRENSA/Archivo.
Guillermo Ferrufino, exministro del Mides; Alejandro Moncada Luna, magistrado separado de la CSJ; Luis Eduardo Camacho González, exviceministro del Mici, y María Cristina González, exdirectora del Servicio Nacional de Migración, son investigados por ilícitos. LA PRENSA/Archivo.

Cuatro son ya los altos funcionarios del gobierno de la era del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) que enfrentan actualmente procesos penales ante la administración de justicia de Panamá.

María Cristina González, exdirectora del Servicio Nacional de Migración; Luis Eduardo Camacho González, exviceministro de Comercio e Industrias (Mici); Alejandro Moncada Luna, magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social (Mides), son los exfuncionarios que enfrentan procesos legales.

Todos ellos tienen como elementos comunes su fuerte vinculación a los círculos de poder más cercanos a Martinelli, a su partido Cambio Democrático (CD) y al presunto tráfico ilícito de recursos públicos.

AL ESTRADO

Guillermo Ferrufino, por mucho tiempo denominado por la oposición como “el ungido” –por las recíprocas manifestaciones de amistad con Martinelli–, bajó su perfil público durante la última campaña electoral, en la que no aspiró a ningún cargo.

No obstante, todos los reflectores le apuntan desde que el viernes se divulgara una investigación patrimonial penal en su contra.

“Presunto delito contra la administración pública” es el calificativo que identifica a la investigación de oficio, que actualmente se le sigue al extitular del Mides, a cargo del Ministerio Público (MP).

La cara más visible del escándalo es la adquisición por parte de Ferrufino de una residencia cuyo costo ronda el millón de dólares, en la urbanización Pine Hills, en Albrook.

Ferrufino se encuentra armando un equipo de abogados para su defensa, integrado, entre otros, por el abogado Luis Carlos Cabezas, según fuentes de CD.

Alejandro Moncada Luna, designado en la Corte por el propio Martinelli en 2010, también enfrenta un proceso legal que desarrolla la Asamblea Nacional, en uso de sus funciones judiciales dictadas por la Constitución.

La chispa que inició el proceso por su supuesto enriquecimiento injustificado, se dio luego de que este diario divulgara la adquisición de apartamentos valorados en más de un millón de dólares. Actualmente se desarrolla la fase de investigación.

LLAMADAS INVESTIGADAS

El Juzgado Decimotercero Penal confirmó una orden de indagatoria al exviceministro de Comercio e Industrias Luis Eduardo Camacho González, por presunto peculado. Se le vincula al manejo de un centro de llamadas (call center) para hacer campaña a favor del partido CD en el proceso electoral 2014, con fondos públicos.

Camacho, luego de haberse acogido al artículo 25 de la Constitución para no declarar contra sí mismo, ha interpuesto varios recursos, entre ellos, una recusación contra la fiscal segunda anticorrupción, Lizzett Chevalier, que instruye el caso.

La exdirectora de Migración María Cristina González es procesada conjuntamente con Camacho por los mismos hechos. Ella también utilizó la misma táctica: evadir una citación para rendir declaración indagatoria el 31 de octubre, recusando a Chevalier, por supuesta enemistad manifiesta.

PROCESO EN EL EXTERIOR

A pesar de no haber sido directamente imputados en la causa penal iniciada en Italia contra la empresa Finmeccanica por corrupción internacional, el expresidente, Ricardo Martinelli Berrocal; el exministro de seguridad, José Raúl Mulino; y la exalcaldesa del distrito capital, Roxana Méndez, fueron mencionados en el proceso.

El Consejo de Gabinete del gobierno actual autorizó la contratación de abogados en Italia para representar a Panamá en este caso.

EXIGEN JUSTICIA EFICAZ

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, afirmó que más que una tendencia, los temas de Ferrufino y de Moncada Luna son solo una parte de los escándalos que se están revelando y de los que saldrán a la luz. “Por donde usted mire hay actos de corrupción, esto no se aguanta”, indicó.

El jurista propone, incluso, la ampliación de las competencias de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, para agilizar la confección de informes patrimoniales y las investigaciones penales. Álvarez sugiere que la Asamblea Nacional dicte una ley, en pro de la rapidez en las investigaciones para que “no haya tantos recursos dilatorios”.

“Hay que investigarlos a todos, a cada funcionario que se convirtió en millonario de la noche a la mañana (...) y todos esos bienes tienen que pasar a nombre del Estado”, advirtió Álvarez, para quien la corrupción tiene “padrinos y madrinas y el Ministerio Público ha sido ciego, sordo y mudo ante estos actos”, enfatizó.

Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se refirió días atrás a la certeza del castigo que reclama la sociedad en los casos de corrupción pública. “Es ineludible e imprescindible que se sigan los debidos procesos, que se respete la dignidad de la persona y que, si existen las pruebas, se castigue con severidad”, dijo.

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